Un vodevil lamentable

La comisión tripartita sobre Seguridad Social ha llegado adonde era previsible que llegase. El proceso que ha conducido al desenlace por todos conocido merece una breve explicación.El profesor Fuentes Quintana ha señalado tres razones de peso para explicar la falta de acuerdo: la desconfianza hacia la posible instrumentalización de los acuerdos alcanzables, las concepciones profundamente divergentes y la falta de voluntad negociadora de la CEOE. Suscribo las tres razones, aunque, a mi entender, carece el análisis del elemento fundamental: el comportamiento frívolo e irresponsable del Gobierno respecto de la comisión.

La historia se inicia con la presentación del llamado Libro Verde, más bien un folleto de 31 páginas a tres espacios y con amplios márgenes, cuyas únicas cifras consistían en la numeración de las páginas y que ha merecido el siguiente comentario del ilustre profesor Luis E. de la Villa: "La madera se divide en dos grandes categorías, que son: madera de construcción y madera de fuego. Pues bien, señores, para resumir mi ponencia del modo más breve posible, la propuesta que discutimos no pertenece, a mi modo de ver, a la categoría de madera de construcción".

Comentarios semejantes mereció la propuesta del Gobierno por parte de los integrantes de la comisión. Pese a ello, durante mes y medio se negó a poner a disposición de las partes un trabajo elaborado durante: seis meses por la Administración denominado Libro Rojo, y que al no coincidir con las tesis reprivatizadoras del Gobierno había sido sustraído de la circulación. Las; reiteradas peticiones de los sindicatos de ampliar el plazo de disensión, al objeto de realizar un análisis riguroso de un tema tan complejo, fueron sistemáticamente denegadas. Para terminar de aderezar el vodevil, cada fin de semana aparecían unas declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social expresando las decisiones que iban a tomar, algunas tan llamativas como ésta:

"Yo creo que para antes del verano podría estar preparado el proyecto de reforma, pensando siempre que esta será la Seguridad Social de los españoles del año 2000". (Diario 16 2-1-1982).

¿Y para qué estamos aquí?, preguntábamos ingenuamente los sindicatos. No obtuvimos respuesta, aunque es obvia. El Gobierno, sin pensárselo demasiado, consideró que de la comisión podía salir una enumeración ambigua de cuestiones que poder instrumentalizar, en particular, los fondos de pensiones y una visión catastrofista y de bancarrota de la Seguridad Social, al tiempo que descargaba sobre las partes sociales una desastrosa gestión de la que él y sólo él es responsable. Ante la reacción de los sindicatos, la indignación que se propaga entre catedráticos y profesionales de la materia, el descontento que se manifiesta por parte de sectores empresariales a los que los intereses de la banca y las compañías de seguros les son ajenos e incluso antagónicos, y la opinión pública, que comienza a interesarse en el tema, el Gobierno arría velas. La CEOE se siente engañada al ver que la dejan sola apechugando con la reprivatización y reacciona en primera instancia contra los sindicatos y la monopolización de la Seguridad Social, para terminar buscando un chivo expiatorio, el presidente de la comisión, Enrique Fuentes Quintana, al que, ¡cómo no!, le hacen socialista por exigencias del guión (electoral) como los desnudos en las películas.

"... surgiendo de la nada hemos llegado a alcanzar las más altas cimas de la miseria", sentenciaba Groucho Marx. Triste y lamentable destino al que han condenado el Gobierno y la CEOE a la comisión tripartita sobre Seguridad Social.

El punto V.2 del ANE limita el mandato de la comisión tripartita a que ésta proceda "a un examen de conjunto del actual sistema de la Seguridad Social, orientando a su mejora y racionalización".

El Libro Verde del Gobierno, sin embargo, introduce el tema de la reforma respondiendo probablemente a los requerimientos de la CEOE.

Pero al margen del texto del ANE y de la evidente parcialidad del marco de las fuerzas sociales para debatir un tema que afecta directamente a los partidos políticos y a todos los ciudadanos, no cabe duda de que la reforma de la Seguridad Social tiene tal complejidad e importancia política que hubiera sido literalmente imposible abordarla en el reducido plazo de mes y medio.

Era, por tanto, absurda esa propuesta de la CEOE, asumida por el Gobierno, cuya ligereza resulta evidente al compararla con otras experiencias de semejante naturaleza. La ley de Bases de 1963 requirió año y medio de elaboración y otros tres años más en promulgar el correspondiente texto articulado. Para codificar su legislación de Seguridad Social, Holanda creó en 1969 una comisión que deberá finalizar sus trabajos en 1982. En la República Federal de Alemania, la promulgación de la ley que regula las repercusiones del divorcio en la Seguridad Social ha requerido siete años. El famoso informe Beveridge incorporó 126 informes o memorias de todo tipo de organizaciones y personas a lo largo de varios años.

La reforma de la Seguridad Social resulta necesaria, aunque es una tarea que requiere rigor y tiempo, y que, a mi modo de ver, no debe contraponerse a la exigencia prioritaria de proceder al unísono a su mejora y racionalización.

Abordar una reforma de la Seguridad Social en nuestro país exigirá tener en cuenta los condicionantes derivados del respeto a la Constitución y a los convenios internacionales; las repercusiones de la crisis económica sobre las necesidades sociales, así como sobre la financiación de la Seguridad Social; los problemas jurídicos en relación con otras instituciones públicas de protección social y con las comunidades autónomas, y la participación y la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones sociales y políticas.

La Unión General de Trabajadores ha señalado que cualquier reforma de la Seguridad Social debe optar por el incremento de la solidaridad y la más justa redistribución, en contra del darwinismo social de ciertas ideologías frente a la crisis; que en materia de protección social es necesaria una separación clara y absoluta en el sector público y el privado, ya que ambos responden a lógicas completamente diferentes; conceder especial relieve a la participación de los interesados en la Seguridad Social, con objeto de mejorar el funcionamiento de ésta, acercar la gestión a los beneficiarios y reforzar la democracia en todos los niveles; la extensión de la protección social de quienes no son trabajadores en sentido estricto; la equidad redistributiva en la distribución de los gastos y en la obtención de los ingresos.

En definitiva, un modelo basado en un sector universal no contributivo, un sector profesional contributivo y un nivel complementario libre, al margen este último del sistema público de Seguridad Social.

La mejora y racionalización

La Seguridad Social en nuestro país presenta una serie de problemas de conformación histórica que reclaman una inmediata racionalización. Con carácter endémico confluyen la insuficiencia de recursos, la escasa racionalidad en el gasto y la confusión del sistema, cuya consecuencia es la debilidad e incapacidad del mismo para atender las necesidades y exigencias sociales, produciendo a la vez disfunciones en otras áreas de la política económica.

Estas contradicciones históricas del sistema se han agudizado como consecuencia de la crisis económica general y como resultante de una serie de factores específicos de la Seguridad Social española, entre los que cabe destacar: un índice de protección de las necesidades sociales muy inferior al del área comunitaria europea (15,9% del PIB, frente al 24,9% de media en la Comunidad Económica Europea); un sistema de financiación irracional por su excesiva presión contributiva sobre la masa de salarios, negativo para el empleo y regresivo en la distribución de la carga; la existencia de una tasa de desempleo superior al doble de la media europea; un alto grado de desorganización del sistema, como consecuencia de la anarquía y clientelar fragmentación de colectivos, la acumulación de cargas indebidas sobre el régimen general, la falta de definición de prioridades y una gestión basada en la ineficacia y el clientelismo político.

Las prioridades

Resulta imposible en el corto espacio de este artículo extenderse en todo el conjunto de medidas de mejora y racionalización expuestas por UGT, algunas de las cuales han sido recogidas en el documento de síntesis. Es por ello necesario limitarse a señalar algunas prioridades:

- Uniformización de las estructuras del sistema y reducción del grado de fragmentación actual.

- Incremento de la financiación estatal (20/22% en 1984), con la implantación del IVA; disminución de la presión indebida sobre el régimen general; clarificación y eficacia en la gestión recaudatoria, eliminando el elevado índice de impagos, fraude y morosidad (400.000 millones en 1981). Todo ello permitiría disminuir sustancialmente la carga de las cotizaciones sobre la nómina de las empre