Voluntad política para la reforma

El gran mundo de la Seguridad Social, con su lastre histórico, complejas estructuras, generalizado alcance, pues nadie es ajeno a él, y dosis ideológicas, del que todo ciudadano está legitimado para emitir un juicio crítico o una opción, ha llegado hasta nuestros días con toda su impresionante carga política y económica.La realidad actual de la Seguridad Social, coincidente en sus principales problemas en los países con economías próximas a la de mercado, presenta serios defectos estructurales de cobertura y de financiación. Entre los primeros, el crecimiento de la población pasiva atendida por los sistemas, en el que inciden progresivamente los adelantamientos de las edades de jubilación, los estímulos para la misma que derivan de la inevitable necesidad de reparto del empleo provocada por paro creciente y la mayor esperanza de vida, y todo lo cual, en una palabra, constituye lo que los expertos llaman la explosión demográfica pasiva, además del enorme crecimiento del gasto derivado del mayor consumo sanitario que demanda el creciente nivel de vida; ambos componentes, pensiones y asistencia sanitaria, constituyen cerca del 85% del gasto total en nuestro país. Entre los segundos, el fenómeno del paro, que hace disminuir el número de cotizantes, cuestión que en los sistemas montados bajo la técnica financiera del reparto, al deteriorar la relación activo cotizante-pasivo protegido, debilita claramente la entrada de recursos y se agrava en aquellos países en los que tales cotizaciones tienen un importante peso en el volumen de recursos utilizados, como es el caso de España, en la que significarán, en 1982, el 84% de los recursos totales.

Pero hay una cuestión que el responsable político no puede ignorar y que además condiciona cualquier decisión importante en materia de seguridad social, y es la coordinación entre las medidas de seguridad social y las de política de empleo; así, existen decisiones en un campo que podrían perjudicar al otro. No se trata de limitarnos al aspecto puramente instrumental o gestor del tema, sino de garantizar que ciertas decisiones políticas en materia de recursos de la Seguridad Social no dañen la capacidad de ahorro del país y, en consecuencia, de inversión creadora de puestos de trabajo, y a la inversa, que una dosis de protección excesiva origine un gasto inaccesible o una desviación de intenciones desincentivadora y atonizante para el empleo. El equilibrio, ese difícil justo medio, es el reto para el político, aunque la demanda social reclama mayor atención para las cuestiones de empleo dentro del mapa de las atenciones sociales que debo atender desde el Ministerio del que soy responsable.

Pero es más: cualquier decisión en materia de política social integral no se produce en un campo aséptico, no es un compartimiento estanco en la vida de una nación, pues se produce en el contexto de una economía que ha de soportar el impacto de la toma de los medios económicos necesarios y de la salida de las prestaciones por vía del gasto para atender la legítima demanda social.

La riqueza real del país enmarca las posibilidades del sistema de protección social que se intente llevar a cabo. Por ello, deben corregirse disfuncionalidades del sistema vigente, siempre dentro del marco de un planteamiento responsable, de forma que se respete la participación de la Seguridad Social respecto al producto interior bruto (PIB), evitando su deterioro, y persiguiendo una tendencia igualitaria hacia los países de la Europa occidental, con los que hemos de homologarnos.

La aportación del Estado, que debe ser inexorablemente creciente, ha de ir de acuerdo también con las posibilidades de la economía, dentro del contexto global del gasto público, con la mayor importancia cualitativa, trasladando prioritariamente futuros mayores ingresos fiscales, singularmente los provenientes de la implantación próxima del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

La solidaridad entre los ciudadanos debe significar el trasvase armónico y posible de recursos sin lesionar derechos ni legítimas expectativas, de acuerdo con la capacidad real del ciudadano y de la economía.

Una política de Estado en este campo requiere, inevitablemente, el respeto al equilibrio entre la capacidad económica de la comunidad y el consumo de recursos del sistema de la Seguridad Social; de lo contrario, no sería una política de Estado; partiendo de este principio, puedo afirmar que existe voluntad política de reforma, de desarrollo del artículo 41 de la Constitución, de universalización de las prestaciones a medio y largo plazo, de ir a un desarrollo del nivel complementario libre, de aproximarnos a Europa, dirigiendo nuestra Seguridad Social a metas justas y compatibles con nuestras posibilidades reales. Sin duda, esta voluntad requiere un proceso continuo de mejora y racionalización, progresista y gradual, que sea el cauce que lleve a nuestro sistema de Seguridad Social a un final de reforma, como su desembocadura natural, sin traumas, sin dramatismo, pero decidida y constante.

Se sirve mejor a la comunidad desde las opciones reformistas que nacen del Gobierno al que pertenezco; en todo caso, y siendo hombre de partido, considero que desde él defenderé siempre que la. Seguridad Social es una cuestión de Estado y no puede ser manejada ni explotada con fines de antagonismo político, casi electorero, y al margen de lo que debe ser una responsable actitud electoral de sugerir y someter al pueblo una oferta política que sea ética y económicamente viable. La reforma de la Seguridad Social, que pretendemos no puede pasar por la dialéctica de vencedores y vencidos, sino por una actitud integradora de todos los agentes sociales, buscando en todo momento el equilibrio justo entre lo que debe hacerse y puede hacerse en beneficio de todos los ciudadanos.

Santiago Rodríguez-Miranda es ministro de Trabajo y Seguridad Social.