La reforma agraria nicaragüense se pone en marcha
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Más de 100.000 campesinos se beneficiarán de la reforma agraria anunciada el domingo por el comandante Daniel Ortega, en nombre de la Junta de Gobierno nicaragüense. La medida afecta principalmente a las grandes fincas que quedaron abandonadas al huir del país sus propietarios, en muchos casos para sumarse, en Miami y Tegucigalpa, a los centros logísticos de la contrarrevolución somocista.
A la reforma agraria se ha sumado la incautación de quince empresas, acusadas por sus trabajadores de descapitalización, y la nacionalización del comercio interior del azúcar.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) califica estos decretos como una confirmación del propósito gubernamental de ir a una economía estatalizada. No obstante, ni la reforma agraria ni las nacionalizaciones suponen una alteración sustancial en el juego de fuerzas de la economía nicaragüense, donde el sector privado sigue ostentando el 60% de la propiedad.
Los decretos parecen destinados a contentar a los sectores más radicales del sandinismo.
Las tierras confiscadas serán entregadas a braceros que desde 1979 reclamaban el derecho a un trozo de tierra. Según Daniel Ortega, los campesinos recibirán parcelas que permitan obtener al menos el salario mínimo, fijado en 132,5 dólares mensuales (unas 13.000 pesetas).
La incautación afectará a las fincas improductivas que superen las 349 hectáreas en los departamentos centrales y del Pacífico, y las 689 hectáreas en el resto del país. Para considerar ociosa una propiedad bastará con que su propietario haya abandonado el país sin razón justificada por más de seis meses. Este baremo será aplicable igualmente al sector industrial.
