La Administración española no está organizada para llevar a cabo una política medioambiental

La Administración no tiene ningún departamento de rango superior encargado de dictar e imponer una política medioambiental que frene la carrera de la contaminación y la destrucción de la naturaleza. Los encargados de proteger la calidad ambiental de los asentamientos humanos y el equilibrio ecológico del campo son los mismos que se dedican a las actividades que originan el deterioro de ese medio ambiente que hoy se conmemora oficialmente. De ahí que ya puede el Parlamento promulgar las leyes que se le ocurran en estas materias, que su ejecución estará a merced de la buena voluntad de los funcionarios que en ese momento rijan los destinos de los 35 departamentos de la Administración cuya actividad incide en el medio ambiente y de cuyos problemas son juez y parte.

«Creo que la dispersión de competencias es un problema muy importante para la gestión del medio ambiente, ya que conduce a una dilución de responsabilidades», opina sobre este tema la directora general del Medio Ambiente, María Teresa Estevan, quien se encuentra al frente de un departamento que, a pesar de su nombre, es el único de los 35 mencionados que no tiene ninguna competencia directa en estos temas.La Dirección General del Medio Ambiente, junto con la Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en la que está encuadrada, fueron creadas hace tres años dentro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con la finalidad de potenciar la unidad de gestión en los temas medioam bientales. Sin embargo, este primer equipo del MOPU se estrelló con la firme decisión de los otros ministerios en no dejarse arrancar ni una sola competencia en materia de medio ambiente. Tres años después de su creación, la Dirección General del Medio Ambiente. se limita a ser un departamento coordinador, y ello gracias a que al menos se le ha asignado la misión de encargarse ,de la secretaría de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA). La CIMA nació en 1972 como elemento coordinador de los 35 departamentos ya mencionados que tienen responsabilidades en los asuntos medioambientales.

Los éxitos de la CIMA

A pesar de ser un órgano meramente consultivo, cuyas decisiones no son vinculantes, la CIMA, cuya actuación ha sido y es reclamada y apoyada en numerosas ocasiones por el movimiento ecologista, ha estado jugando un papel decisivo en la protección del entorno natural y urbano. Pero los éxitos de la CIMA se han debido a situaciones meramente coyunturales, en las que determinados funcionarios decidieron aceptar voluntariamente las recomendaciones de la CIMA, pero que también podrían haber hecho todo lo contrario sin salirse de la legalidad.Por otra parte, las propuestas que emanan de la CIMA dependen del talante de sus componentes, que, a su vez, son controlados por sus respectivos ministros. Así, los que realmente controlan a los departamentos más importantes integrados en la CIMA son los ministerios de Agricultura, de Industria y Energía y de Obras Públicas y Urbanismo. Especialmente los dos primeros son los que siempre se han opuesto a la creación de un organismo autónomo, o al menos integrado en un ministerio neutro, no relacionado directamente con la degradación de la naturaleza y el medio ambiente. Esta aspiración ya estaba reflejada en el decreto que creaba la Dirección General del Medio Ambiente, en el que se decía que los problemas del medio ambiente «hubieran requerido la creación de una secretaría de Esta do», idea que se relegaba por el momento, «debido a consideraciones de austeridad económica». Estos tres ministerios son a su vez los responsables principales de los problemas que aquejan a la naturaleza y al medio ambiente. Por un lado, el Ministerio de Agricultura es el principal responsable de la degradación de la naturaleza, la fauna y la flora, a través de la política de tres de sus departamentos, como son el leona, el IRYDA y la Subsecretaría de Pesca. Por otro, la degradación del medio urbano viene provocada en gran medida por la política de urbanismo -de la que es responsable el MOPU- y por la contaminación industrial, de cuyo control es responsable el Ministerio de Industria y Energía.

El Icona controla la naturaleza

El leona es uno de los organismos integrados en la CIMA que mayor número de competencias tendría que ceder a una hipotética Secretaría de Estado para la Conservación de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Actualmente, el leona tiene encomendada la misión de controlar todo lo relacionado con la naturaleza. Pero en ese todo está incluido no sólo la conservación, sino también la transformación y explotación de los recursos naturales. Esta última actividad, que es la que tradicionalmente venían ejerciendo los funcionarios del leona predomina sobre la conservacionista, hasta el punto que el Instituto para la Conservación de la Naturaleza es uno de los departamentos de la Administración que más ha alterado el equilibrio ecológico de España.Pero, además de sus contradicciones internas, el leona tiene otro gran obstáculo en su ubicación dentro del Ministerio de Agricultura. Aún suponiendo que el leona intentara desarrollar una política exclusivamente conservacionista, como cabría esperarse de su nombre, tendría dificultades para llevar a cabo su misión al estar subordinado a las directrices del ministro de Agricultura.

Así, junto al leona, el Ministerio de Agricultura tiene otros departamentos como el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que se ha hecho famoso por ser el responsable de la desecación de la mayor parte de las zonas húmedas de España, ecosistemas de gran valor ecológico que aún siguen siendo agredidos por este organismo.

En el caso del Ministerio de Industria, las direcciones generales encargadas de potenciar la productividad de las industrias son las mismas que deben velar porque los niveles de emisión de contaminantes no superen los límites legales. El resultado son ciudades como Bilbao, Avilés, Huelva, Tarragona, donde los planes de descontaminación chocan con los intereses de los empresarios, que son los que imponen su ley y que sostienen el argumento de que «la sociedad debe elegir entre la contaminación o paro».

Los esfuerzos del MOPU por llevar a cabo una ordenación del territorio están completamente diluidos en la inercia de la especulación que ha predominado durante los últimos cuarenta años.