El Consejo de Ministros aprueba la campaña cerealista

La mayor parte de los temas reflejados en la referencia del Consejo de Ministros de ayer pueden considerarse de mero trámite. Los más importantes se refieren a la aprobación de la campaña de regulación de cereales -de acuerdo con las negociaciones efectuadas en su día-, así como una flexibilización de las condiciones en que los industriales canarios venden labores de tabaco a Tabacalera, SA.Esta agilización de condiciones permitirá a las empresas redistribuir los cupos de sus marcas y tipos según sus conveniencias, así como la sustitución de unas marcas por otras cuando cualquiera de ellas acuse un descenso permanente en el consumo peninsular. Asimismo, se permite la disminución del beneficio del Tesoro Público en la venta de labores canarias en un 10%.

A propuesta del ministro de Trabajo fue aprobado un decreto sobre registro y depósito de convenios colectivos. También se sanciona con algo más de tres millones de pesetas a la compañía Mercedes Benz (Mevosa), por sobrepasar los topes máximos mensuales y anuales en la realización de horas extraordinarias. También se modifica la estructura orgánica de la Organización Nacional de Ciegos, y se aprueba el régimen especial de la Seguridad Social de los toreros.

Por acuerdo del Consejo de Ministros, se restablece el sistema de cobro de premios de lotería en cualquier administración del país, una vez resueltos los problemas que se plantearon en meses anteriores con el descubrimiento de falsificaciones de billetes de lotería. Todas las administraciones han sido dotadas ya de sistemas para detectar dichas falsificaciones, por lo que se restablece la posibilidad de pago indistinto en cualquiera de ellas.

Por otra parte, el ministro de Administración Territorial presentó al Consejo un informe sobre presupuestos de liquidación de deudas a las corporaciones locales. De los 58.768 millones de pesetas solicitados por aquéllas hasta el 31 de diciembre de 1979, quedan por liquidar 5.402 millones al Ayuntamiento de Barcelona y 2.137 al de Madrid, habiéndose resuelto ya los casos restantes.

El informe menciona la existencia de un déficit de las diputaciones provinciales de unos 26.000 millones en 1980, debido a que la recaudación obtenida por el impuesto de tráfico de empresas ha sido inferior a la prevista.