La reforma agraria hondureña ha permitido, hasta ahora, impedir la insurrección

ENVIADO ESPECIAL, En los pasillos de la Cámara se habla más estos días de los vientos bélicos que soplan en el país que del texto constitucional. Los políticos hondureños son conscientes de que una aventura guerrera aplazaría indefinidamente el proceso democrático.El diputado liberal Carlos Montoya opina que algunos sectores del Ejército están interesados en perpetuar el régimen militar, pero que la mayoría desea regresar a los cuarteles. A su juicio, la moderación mostrada por la Cámara constituyente ha conseguido alejar el fantasma golpista, pero añade que «con lo que no contábamos es con que alguien pudiera empujarnos a una guerra contra Nicaragua».

Los diputados han realizado un trabajo legislativo poco común en la zona. Decretaron una ley de amnistía política, abolieron la pena de muerte, han rebasado ya en su tercera y última lectura el ecuador de una larguísima constitución, que tenía 454 artículos en su borrador original, y están elaborando una ley electoral que regirá los próximos comicios.

La carta magna, una de las más prolijas del mundo, entra en temas tales como la obligación de que los empresarios abonen a sus asalariados el día semanal de descanso y una paga extraordinaria al año, cuestiones ambas que ya han despertado la protesta de los empresarios.

Los grandes propietarios agrícolas han acusado también a los diputados de demagogia marxista por el artículo 120 de la Constitución, que consagra el derecho del Estado a expropiar tierras, previo pago de la indemnización correspondiente, si así lo exige la reforma agraria o el crecimiento de los núcleos urbanos. Los latifundistas ya han comenzado a atizar el miedo al fantasma comunista. El portavoz presidencial, Jonathan Russel opina por el contrario que la reforma agraria, iniciada tímidamente en 1965, ha permitido a Honduras mantenerse hasta ahora al margen de las corrientes insurreccionales que recorren la región.

Alto nivel de desnutrición

Incluso los diputados más conservadores del Partido Nacional, muchos de ellos grandes hacendados, opinan que el mantenimiento de la paz social exige que sean irreversibles los logros de esta reforma agraria, ante la que no se sienten particularmente amenazados, ya que no ha impedido que seiscientos terratenientes sigan disfrutando del 30% de las tierras, en tanto que el 70% del campesinado debe sobrevivir a duras penas con el cultivo de minifundios. La desnutrición alcanza al 67% de los hondureños y la capital aparece sitiada por miles de chabolas.

La extrema pobreza en la que vive más del 70% de la población (la renta per cápita rebasa ligeramente los quinientos dólares, 41.500 pesetas anuales) constituye una serie amenaza para la naciente democracia. Incluso entre los políticos más derechistas se advierte temor ante una explosión social que pueda alimentar a los tres minúsculos grupos guerrilleros que subsisten sin apoyo popular y con unas acciones que hasta ahora han limitado a secuestros aislados y a la colocación de bombas de escaso poder.

La reforma estructural que exige la economía hondureña choca con los empresarios y con la propia debilidad política y financiera del sistema. El banco central estimaba la pasada semana que las reservas habían descendido al nivel más bajo: veintidós millones de dólares, apenas 1.766 millones de pesetas, el monto de las importaciones de una semana.

La deuda exterior crece cada día y se sitúa sobre los 83.000 millones de pesetas, muy por encima de las exportaciones de todo un año (62.250 millones de pesetas). En el país empiezan a circular rumores de devaluación, todo un escándalo si se tiene en cuenta que desde hace más de medio siglo no se ha modificado la cotización de la moneda nacional: dos lempiras por dólar. La lempira, pues, equivale a unas 42 pesetas.

Déficit considerable

La estructura productiva no permite, por otra parte, eliminar el déficit de la balanza comercial (24 millones de dólares, 1.992 millones de pesetas), al que hay que sumar el saldo negativo de los intercambios de servicios (177 millones de dólares, unos 14.690 millones de pesetas). Esto da un total de doscientos millones de dólares (16.600 millones de pesetas) anuales, el 10% del producto interior bruto y una tercera parte del presupuesto.

Aunque en los últimos años se han empezado a desarrollar exportaciones no tradicionales de mariscos (25,7 millones de dólares, 2.133 millones de pesetas) y plata (21 millones de dólares, unos 1.743 millones de pesetas), la entrada de divisas sigue dependiendo casi exclusivamente del banano (unos 16.600 millones de pesetas), el café (197 millones de dólares, más de 16.000 millones de pesetas), la carne (57 millones de dólares, unos 4.731 millones de pesetas) y la madera (42 millones de dólares, unos 3.486 millones de pesetas). Pero el producto de las exportaciones se queda muchas veces fuera del país, hasta el extremo de que el Gobierno se ha visto obligado a amenazar con sanciones a los cafetaleros que no reingresen en Honduras el importe de sus ventas al exterior. La fuga de divisas se sitúa en los 900 millones de dólares, unos 74.700 millones de pesetas.

Con la venta de estos seis productos, Honduras debe importar casi todo: desde dentífricos a electrodomésticos, fertilizantes, maíz o coches. Todo lleva sello estadounidense. Lo que se importa y lo que se fabrica en el país. No en balde las cincuenta empresas hondureñas más importantes tienen capital norteamericano en un 82%. Hasta hace cinco años, los ferrocarriles y los puertos del Caribe eran propiedad de dos compañías bananeras, la United Fruit Company y la Standar Fruit Company. Las expropiaciones parciales no han logrado eliminar el tremendo poder de estas dos sociedades, que hicieron de Honduras la más típica de las repúblicas bananeras.

Campaña electoral

En medio de esta profunda crisis, los dos partidos tradicionales han iniciado ya, con diez meses de antelación, la campaña para los próximos comicios, cuya celebración, aún sin fecha fija, se prevé para finales de año.

Aunque la ley Electoral esté en fase de debate, parece claro que va a perpetuar el férreo bipartidismo que ha dominado la vida política hondureña. El voto azul (Partido Nacional), o el rojo (Partido Liberal), podrá seguir transmitiéndose de padres a hijos merced a un artículo que obliga a cada candidato a buscar el respaldo previo del 5% del censo. Esto quiere decir que los aspirantes a la presidencia deben reunir un mínimo de 65.000 firmas, cifra que parece inalcanzable para democristianos, comunistas, y, tal vez, para el socialdemócrata Pinuu, un partido de reciente formación, que consiguió ocupar tres escaños en las últimas elecciones. Los liberales estarían, sin embargo, dispuestos a rebajar este techo al 1% del electorado.

Roberto Suazo, que preside la Cámara Constituyente, será el candidato presidencial de los liberales, aunque su candidatura es contestada por varias familias políticas de este partido, que ganó con 35 diputados los comicios constituyentes. Los nacionales, que tuvieron que conformarse con 33 escaños, presentan a Ricardo Zúñiga. Uno de estos dos hacendados será el próximo presidente de Honduras, siempre que se consiga superar la tentación bélica que Estados Unidos estimula entre los militares.