Cita importante en Bruselas

EL CONSEJO de Ministros de las Comunidades Europeas celebra mañana, en Bruselas, una sesión negociadora con España, de la que se espera surja una neta clarificación de la posición del ejecutivo comunitario ante el proceso de integración de la Península Ibérica en el ámbito de la CEE.El interés de esta cesión negociadora, a nivel de ministros, no sería tan elevado para España si no hubiera estado precedido de dos acontecimientos que presagian un importante retraso en el posible calendario de la incorporación de España al Tratado de Roma.

El primer dato, y el más importante, lo constituye la declaración del presidente Giscard del pasado día 5 de junio condicionando la entrada de España en la Comunidad a las reformas de las políticas agrícola y financiera de la CEE.

El segundo hecho que provoca la preocupación hispana está precisamente: en los trabajos que, en relación con esta negociación, tiene pendientes de debate y decisión el Consejo de Ministros comunitario. Concretamente nos referimos a la llamada visión de conjunto de los temas en negociación que debía concluir mañana y que ha sufrido un serio retraso, dejando pendientes dos temas de especial interés para España, como lo son la pesca y la agricultura. Ello tiene la gravedad de demostrar, por el momento, que la negociación está bloqueada, como desea Francia, en el capítulo agrícola, sín que se permita un avance global de la misma.

En estas condiciones, España debe obtener, mañana en Bruselas, una clara respuesta que escape a los lenguajes confusos y equívocos que se practican tanto en los países de la CEE -a excepción de Francia-, como en sus propias instituciones comunitarias y en los primeros rangos de la Administración española. Debería pronunciarse el Consejo de la CEE sobre la actitud francesa de aplazar las negociaciones agrícola y financiera hasta que se reestructuren dichas políticas comunitarias, cuyo primer debate del Consejo está previsto para la segunda mitad de 1981.

El lunes, los españoles debemos saber si, desde ahora, podemos negociar sólo parte del llamado acquis (nivel de desarrollo y de compromisos) de la CEE o la totalidad de los temas pendientes, agricultura incluida. Si el Consejo de la CEE encaja el veto de Fancia y pide la exclusión del capítulo agrícola o su retraso para el final de la negociación, habrá que entender que la Comunidad suspende las negociaciones con España. En las citadas condiciones políticas y técnicas, la presencia de Madrid en los debates de Bruselas sería irrisoria, ineficaz y podría provocar comprensibles irritaciones y desilusiones en amplios sectores de la población española.

Esta debe ser la primera clarificación que el Gobierno de Madrid debe obtener en Bruselas, sin buscar fórmulas de componenda, matices esperanzadores o las consabidas declaraciones unilaterales de países que están a favor de las tesis hispanas y que no tienen más valor que el testimonial, porque todos ellos saben muy bien que mientras Francia mantenga firme su posición negativa, lo demás son ganas de engañar a la opinión pública española. Gran Bretaña, país que permaneció diez años a la espera del sí del general De Gaulle, sabe cómo las gastan en París cuando los negocios de Francia están de por medio y mucho más en vísperas de unas elecciones presidenciales, en las que el midi tiene en su poder unos votos que podrían ser decisivos en el resultado final de los comicios.

España debe exigir, tras la declaración de Giscard, como se comprometió a hacerlo en febrero del pasado ano, en la apertura solemne de la negociación, que el Consejo de la CEE anuncie que todos los capítulos de la negociación serán debatibles por los políticos y los expertos, al margen de la política de reestructuración intracomunitaria, a la que debería asociarse, de alguna manera, al Gobierno de Madrid. Existen fórmulas suficientes para que la negociación y la refonna discurran al mismo tiempo de manera paralela o convergente. Y no quiere decir ello que España se inhibe de los problemas intracomunitarios sino, más bien al contrario, que quiere compartirlos, pero desde dentro de la Comunidad y de su proceso reformista. Porque resulta más fácil y factible concluir la negociación con las medidas transitorias y las adaptaciones que sean necesarias que ultimar la reforma de las políticas financiera y agrícola de la CEE, que bien podrían ir mucho más lejos de 1985 sin perspectivas de solución definitiva.

La segunda garantía que deberia obtenerse el lunes en Bruselas es que el Consejo dé a los negociadores comunitarios el mandato para cerrar los capítulos pendientes de agricultura y pesca y permita el comienzo de la global negociación en el otoño, como estaba previsto. Si además los nueve aceptan definir un calendario preciso para la incorporación de España a sus trabajos, la clarificación esperada mañana sería completa. Si no lo hacen, valdría la pena de que el Gobierno español dejase de alentar fechas utópicas que no cuentan con el apoyo del Consejo y que, más que mantener la tensión en la opinión pública, constituyen un equivoco peligroso.