El sector agrario condena la negativa a negociar los precios

Las dos organizaciones que accedieron a la consulta del FORPPA sobre el precio de regulación de la remolacha para la campaña de 1980, Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) y Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), han manifestado su disconformidad con las 3.800 pesetas/tonelada aprobadas por el Consejo de Ministros del viernes para este producto.

Ambas organizaciones han manifestado la posibilidad de que los remolacheros se vean obligados a desviar grandes superficies hacia otros cultivos (como la patata). En su opinión, el decreto no protege en la manera deseada al pequeño agricultor, porque para aquellos que recogen menos de doscientas toneladas el precio sólo ha subido un 10,66%.Sin embargo, a pesar del escaso precio, creen que el cultivo seguirá siendo rentable este año y no propiciará un desabastecimiento de azúcar.

En virtud del decreto aprobado el viernes, el agricultor recibirá este año 4.500 pesetas por tonelada de remolacha, desglosadas en: 3.800 como precio básico, 350 por compensación de portes y otras 350 como subvención a las primeras doscientas toneladas de cualquier contrato. Para las doscientas segundas toneladas habrá también otra subvención de doscientas pesetas. Por tanto, el incremento respecto a 1979 es del 11,8% en el precio de la raíz y del 16,6% en la compensación del porte.

Este decreto despejaba la incógnita y suponía el comienzo de la fijación unilateral de los precios por parte del Gobierno.

En una conferencia de prensa convocada para presentar las cuentas del FORPPA (véase EL PAÍS de ayer), el presidente de este organismo, Luis García, se refirió también a las negociaciones de precios para este año. Dijo el señor García que el Gobierno ha decidido este año no negociar en base a que el nuevo sistema (se decretan los precios previa consulta a las organizaciones agrarias) se acerca mucho más al que rige en la CEE. Además, porque «el Gobierno tiene la obligación de legislar y no debe canalizar responsabilidades a los sindicatos vinculándoles a un decreto. Esa tarea es única del Gobierno. Creo que es mejor de esta manera».

El señor García justificó el hecho de que este año los sindicatos son llamados al FORPPA y no al Ministerio, asegurando que del primero siempre ha dependido el tema precios, y que este año también va a ser así: «Las tensiones entre el ministro de Agricultura y el vicepresidente económico, si es que las hay, deben explicárselas ellos. Yo no las conozco. »

Dos de las cinco organizaciones agrarias de ámbito nacional convocadas a consulta para establecer el precio de la remolacha se negaron a acudir al FORPPA. Tanto la Federación de Trabajadores de la Tierra como la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos consideran que no deben participar en unos precios que se fijarán unilateralmente, considerando el nuevo método como «antidemocrático». El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores manifestó también su intención de no suscribir ningún compromiso con el Gobierno y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos no ha sido siquiera llamada al FORPPA, por causa del contencioso que mantiene con este organismo.

Así las cosas, el señor García fue preguntado sobre qué pasará si las organizaciones agrarias se negaban incluso a ser oídas: ¿seguirán decretándose los precios? «Ese es otro problema», respondió, «que va analizaremos en su momento. Los precios saldrán, porque la misión del Gobierno es gobernar.»

Para los presentes en la conferencia de prensa, la coyuntura actual supone un claro debilitamiento de los sindicatos, que se quedan así sin el cometido más importante que actualmente tienen atribuido: velar por unos ingresos que permitan al agricultor conservar su capacidad adquisitiva. Contradijo esta teoría el presidente del FORPPA argumentando que la negociación de precios no debe ser el centro de gravedad en la existencia de los sindicatos. «La Administración», dijo, «desea unos sindicatos agrarios fuertes, como los europeos, y yo estoy seguro que hay otras muchas formas para potenciarlos.» Después, a preguntas de los periodistas asistentes, no fue capaz de concretar alguna de estas vías.

El índice de precios al consumo creció durante el año 1979 en un 15,6%, según datos oficiales. Este pequeño «milagro» sólo fue posible en base a la política gubernamental de que el sector agrario absorbiera inflación (el grupo de alimentación, bebidas y tabaco, que pondera más del 40,5% en el IPC sólo subió el 8,4%). Según informaciones de toda solvencia, las tesis del vicepresidente económico del Gobierno, Fernando Abril, apuntan a una tónica similar para el año 1980 en su deseo de que el incremento global de los precios regulados no supere el 8 %.

El presidente del FORPPA aseguró no tener noticias en relación a este tema, argumentando que hasta ahora no existen unas previsiones concretas de incremento global.