La OEA investiga las violaciones de los derechos humanos en Argentina

Desde hoy, y por el plazo de dos semanas, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabajará en Argentina para analizar la situación de ese país suramericano, cuyos dirigentes ostentan el triste titulo de violadores sistemáticos de los más elementales derechos de la persona. Es la primera vez, desde que los militares se hicieron cargo del poder, en 1976, que se permite la libre actividad de una organización como la que hoy llegó a Buenos Aires. El Gobierno del general Videla ha prometido reiteradamente facilitar el trabajo de la delegación.

Cerca de 40.000 personas han realizado ya gestiones para entrevistarse con los funcionarios de la Organización de Estados Americanos integrantes dé la Comisión. No todos, evidentemente, podrán ser atendidos. Pero ese número da una idea clara de. la cantidad de argentinos que pueden testificar algún hecho relacionado con la violación de los derechos humanos.Sin duda alguna, el asunto más espinoso con el que se encontrarán los investigadores de la OEA es el de los desaparecidos. Organizaciones locales han preparado una lista de 5.700 personas, secuestradas por servicios de inteligencia del Ejército y organismos policiales, de tuya suerte nada se sabe. A las reiteradas preguntas hechas desde todo el mundo sobre la situación de estas personas, el Gobierno ha respondido sistemáticamente con el silencio.

La cifra constatada de desaparecidos es, además, sólo una tercera parte de la totalidad. Los comités de derechos humanos argentinos calculan que no existen, por razones diversas, testimonios de por lo menos otras 10.000 personas. Muchas de ellas presumiblemente perecieron y se sumarán a los más de 8.000 muertos producidos por la acción de las fuerzas armadas en su «lucha contra la subversión».

Curiosamente, el tema de los desaparecidos parece ser el único que une, sin fisuras, a las fuerzas armadas argentinas. Las tres armas se apoyan entre sí en el encubrimiento de sus respectivas acciones. «No aceptaremos ningún Nuremberg», han asegurado altos oficiales cuando, desde el exterior, se han patrocinado campañas para exigir responsabilidades a los dirigentes castrenses.

El Ejército, la Marina y la Aviación tienen cada uno su lista de desaparecidos, su nómina de «subversivos», sus métodos de investigación, sus cárceles o chupaderos, donde quien entra debe despedirse del mundo. La cifra oficial de 6.500 presos políticos, reconocida por las autoridades de Buenos Aires, es solamente una pequeña parte de los detenidos reales en cárceles secretas y campos de internamiento desconocidos.

Con una argucia legal, el Gobierno argentino trata de dar carpetazo a los expedientes de desaparecidos. Aduciendo que las familias de estas personas se encuentran en una situación jurídica irregular, el Gobierno del general Videla tiene la intención de considerarles legalmente «muertos». Contra esta intención se han levantado miles de voces airadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constatará durante su estancia en Argentina que aún se siguen produciendo violaciones a dichos derechos. En esto poco ha cambiado la situación, aunque, lógicamente, el número de casos es sensiblemente inferior al de los primeros meses del golpe militar.

En lo que sí ha cambiado el panorama es en la actitud de los argentinos frente al problema.

Además de recibir a cientos de personas, estudiar miles de expedientes, visitar varias cárceles, la delegación de la OEA se propone entrevistarse con el periodista Jacobo Tinnerman, ahora bajo arresto domiciliario, después de pasar más de un año en la cárcel, y los expresidentes Héctor Cámpora, asilado en la embajada de México en Buenos Aires, e Isabel Martínez de Perón, recluida en una finca a la espera de que se celebren juicios pendientes contra ella. El informe definitivo de la Comisión será dado a conocer antes de que finalice el presente año.