El reconocimiento de las "desapariciones", un cambio de postura del Gobierno argentino

El Gobierno argentino, al permitir declarar presuntamente muertos a los «desaparecidos» por motivos políticos, intenta encontrar una solución definitiva para un problema que ha suscitado numerosas críticas. Los «desaparecidos» han provocado, por parte de los defensores de los derechos humanos, los principales ataques contra el Gobierno militar argentino.En un principio, las autoridades de Buenos Aires ignoraron el problema y llegaron incluso a negar la existencia de los «desaparecidos» por motivos políticos. El presidente, Jorge Rafael Videla, declaró incluso en Washington, en septiembre de 1977, que se trataba simplemente de guerrilleros que actuaban en la clandestinidad o de fugitivos. Sin embargo, los militares han ido paulatinamente reconociendo que podía tratarse de «víctimas de la guerra anti-subversiva». Esta última tesis se ha ido, poco a poco, imponiendo. A principios de julio, el comandante en jefe del Ejército, general. Roberto Viola, aludió a los «desaparecidos» al hablar de los «ausentes para siempre».

Las asociaciones de defensa de los derechos humanos en Argentina reaccionaron entonces preguntando, en una carta pública al general Viola, si daba por muertos a todos los desaparecidos. Para estas asociaciones y para las familias de los «desaparecidos», un cierto número de las personas secuestradas por motivos políticos están aún con vida. Esta convicción se basa en los relatos de personas liberadas de las cárceles clandestinas.

Pero el miércoles por la noche, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, confirmó las declaraciones del general Viola afirmando que no había «desaparecidos», sino «muertos no registrados». «Existen en Argentina más presos políticos que los reconocidos oficialmente», declaró también el ministro del Interior.

Las asociaciones de defensa de los derechos humanos no han reaccionado, por ahora, oficialmente ante el anuncio. Sin embargo, uno de los principales dirigentes de la asamblea permanente de los derechos humanos declaró que no creía que estas medidas signifiquen una solución definitiva del problema. «Nosotros tenemos, para varios casos, bastantes testimonios y pruebas que permiten suponer que los secuestros han podido ser llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.» «Si la victima», añadió, «es declarada muerta, tendremos que considerar que fue asesinada cuando estaba detenida ilegalmente.»