Los colegios privados quieren que se mantenga el actual régimen de subvenciones

Bajo la presidencia del subdirector general del Ministerio de Educación, señor Hernánz de León, que representaba al titular del Departamento, quedó clausurado el sábado el VII Congreso de Enseñanza No Estatal, que se ha celebrado durante la pasada semana en Segovia.

El presidente de la entidad organizadora del congreso, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Angel Martínez Fuertes, dio lectura durante el acto de clausura a las resoluciones aprobadas dentro de las distintas ponencias desarrolladas. Sobre la Reforma de las enseñanzas medias se denuncia una escasa, «por no decir nula», implantación de criterios de orientación escolar, una falta de objetivos concretos y operantes en los distintos niveles de EGB y una alarmante desproporción numérica entre alumnos universitarios y técnicos en favor de los primeros.Las propuestas de la CECE apuntan hacia que el nivel preescolar, aun cuando no sea obligatorio, se establezca como totalmente gratuito.

La ponencia sobre Calidad de enseñanza destaca como factores de la misma la dirección efectiva y participativa de los centros, el continuo perfeccionamiento profesional, la superación de los efectos contraeducativos «de diversos reduccionismos ideológicos» y la atención a enseñar a pensar y a informarse.

Respecto al control y gestión democrática de los centros, se solicita del Gobierno y de las Cortes que las normas que regulen sus aspectos fundamentales, como el Estatuto Jurídico de Centros Docentes No Universitarios y la ley de Financiación, se consideren normas básicas del Estado. Según la CECE, «debe continuar el actual régimen de subvenciones adecuadas al incremento progresivo de costos y para todos los centros. «Se exige con toda urgencia», que la Administración dé a conocer el coste real del puesto escolar estatal y se reclama como absolutamente necesaria la presencia del sector no estatal en las juntas nacionales de planificación e inversión.

La última ponencia debatida, sobre Libertad de enseñanza y sus consecuencias, expuesta por él diputado de UCD por Madrid, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, considera el pluralismo educativo como «esencial en toda sociedad democrática». «Teniendo en cuenta que la enseñanza no estatal presta un servicio reclamado por la sociedad española -se afirma- no hay razón legítima ni válida que impida destinar fondos a financiarla.» En este sentido, las resoluciones contienen un «calendario de aplicación de la gratuidad» con una serie de reivindicaciones económicas al Estado, entre las que se incluyen el incremento de la dotación al sector en un 25% dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 1980.