El silenciamiento de toda oposición, objetivo prioritario

Hablar de la violencia en Guatemala es estudiar la historia de sus dos últimas décadas. Se inicia en 1954 con el golpe militar del Movimiento de Liberación Nacional, que pone fin al proceso de reforma agraria y democratización de la vida política del país, que se iniciaba. A partir de este año se instaló la dictadura militar, que se ha repetido con los diferentes « períodos presidenciales» hasta hoy.Entre 1961 y 1972 el Comité de Derechos Humanos de Guatemala cita 17.480 muertes violentas de carácter político. Es decir, 1.950 personas asesinadas por año durante esos once años. El periódico Acción Popular señala 826 personas asesinadas en el período de un año, del 1 de enero al 15 de diciembre de 1977. De estas 826 muertes, 192 fueron «secuestrados, torturados y muertos a tiros». El 43% eran campesinos de los departamentos de San Marcos, Quezaltenango, Escuintla y Suchitepéquez. El 13,1 %, trabajadores y empleados de las ciudades, y el 4,3 %, profesionales y estudiantes. De hacerse una estadística de los asesinatos de origen político realizados en el año 1977, puede verse que se produjo una muerte cada diez horas.

El problema de Guatemala es el problema de la propiedad de la tierra. La tenencia de la tierra, su principal problema político. Aproximadamente el 90% de las tierras del país están en propiedad del 5% de la población. «A todo propietario de finca rústica, sus administradores o sus representantes se les equipara a la categoría de agentes de la autoridad a fin de que puedan dedicarse con toda seguridad a sus labores agrícolas en bien de la economía nacional.»

Un número sorprendente de bandas parapolíticas actúan en Guatemala: Nueva Organización Anticomunista, La Mano Blanca -con conexiones en el departamento de Policía-, el Comité Regional Anticomunista de Guatemala (CRAG), Ejército Secreto Anticoniunista (ESA) -de más reciente formación-, La Sombra, El Rayo, el Frente de Resistencia Nacional, etcétera.

Durante el Gobierno de Méndez Montenegro (1966-1970) se hace más evidente la colaboración entre el Gobierno y las bandas paramilitares. Bajo este Gobierno se secuestró al arzobispo Mario Casariego y se acusó a «grupos subversivos». Pronto se descubrió que se le mantuvo prisionero en la casa del ex secretario de Información del Gobierno, Castillo Armas.

Luis Caballero, candidato de la oposición a las nuevas elecciones de 1970, tipificaba claramente el funcionamiento del poder en Guatemala fundado en el uso de la violencia de todo calibre: «Se ha implantado un sistema de gobierno: gobernar con la ayuda de bandas criminales que son establecidas, patrocinadas y protegidas por los poderes constituidos y fueron creación tanto del Movimiento de Liberación Nacional como del Partido Revolucionario. No importa que se llamen Mano Blanca o Centuriones, se organizan a vista y paciencia del Gobierno y con su colaboración, distribuyéndoles armas y dándoles carta blanca para secuestrar, amenazar, torturar y asesinar a todos los que no estén de acuerdo con el Gobierno, sumando un total de víctimas que en otros países latinoamericanos se habría considerado indecible. Más de 6.000 guatemaltecos asesinados en dos años es realmente genocidio.»

En esta misma época el Ejército se convirtió en una organización política de ataque. En el campo, el Ejército se instala con destacamentos especiales en las regiones de tierras ricas y grandes extensiones denominadas «zonas de peligro» o «zonas subversivas». Se da el caso de que el destacamento militar es mayor en número que la población bajo su control. En el río Gahabón -zona central del país- «existe un poblado de mil personas, y hay un destacamento del Ejército de casi 3.000 soldados». El Ejército realiza operaciones con precisión y eficacia. Uno piensa en la ficción cinematográfica. En agosto de 1966, en Río Hondo, se reúnen los dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo. Durante la noche el lugar es cercado y son capturadas por sorpresa las veintiocho personas asistentes a la reunión. Ante el reclamo de las organizaciones políticas del país, el Gobierno afirmó no conocer nada sobre el secuestro. Mientras tanto, un grupo guerrillero secuestra en pleno día al secretario de Información del Gobierno y al presidente de la Corte Suprema junto al presidente del Congreso y los ofrecieron en canje por «los veintiocho» que se pensaban detenidos. El riesgo fue inútil. El Gobierno se negó al canje; las veintiocho personas habían sido asesinadas. La operacion fue comandada por el número dos del Gobierno, el coronel Arriaga Bosques, y estuvo dirigida a destruir al Partido Guatemalteco del Trabajo y matar a sus dirigentes. Más tarde un soldado que fue testigo de la operación contó algunos pormenores: se les tenía detenidos en el poblado de Matamorós, un helicóptero llegó por la noche, embarcaron los cadáveres en sacos de plástico y fueron arrojados al mar.

En 1970 el Ejército repite la operación y la eficacia. La nueva directiva de esta organización política, siete miembros, se reúnen en el pueblo El Tical, llegó el Ejército y desaparecieron.

En 1974 se efectúa todavía un nuevo ataque contra este partido. El secretario general es localizado en una casa de las afueras de la ciudad de Guatemala y secuestrado. Luego apareció muerto en el poblado de Jacatepec.

Guatemala, violencia institucionalizada

«En Guatemala, país de la violencia institucionalizada, el asesinato de los intelectuales es cosa cotidiana -dice Alero, revista cultural de la Universidad-, y protesta ante el sacrificio de escritores y maestros universitarios, como Rober Obregón, José María López, Humberto Alvarado, Julio Camey, Adolfo Mijangos y el licenciado Mario López Larrave, quienes fueron intérpretes de la lucha que realiza nuestro pueblo contra el poder y la violencia en Guatemala.»

En un análisis de la represión y la violencia en Guatemala, la facultad de Ciencias Jurídícas y Sociales indica: «El país se desangra a partir de 1954 en forma inmisericorde. La violencia represiva, que adquiere caracteres horrorosos a partir del sesenta, ha cobrado ya más de 30.000 muertes. Bandas profesionales paramilitares de corte fascista se establecen para sembrar el terror, para ejecutar la tortura y acallar toda voz de quienes quieren pensar y reclamar los más elementales derechos que como sangrienta ironía garantizan la Constitución y las leyes del país.»

El presidente saliente, Laugerud, ha tenido que reconocer este hecho. Hace poco dijo que «no descarto la posibilidad de que haya militares que cuando estén fuera de servicio actúen al servicio de grupos paramilitares».

El vicepresidente, Salvador Alarcón, que ha hecho declaraciones contra el presidente Carter en defensa de los derechos humanos, manifestó al diario Le Monde su complacencia y acuerdo por los métodos utilizados en su país, ejemplo para otros países del continente: «En América del Sur los militares han comprendido: el general uruguayo Queirolo ha tenido a bien reconocer delante de mí que las fuerzas armadas de su país se habían inspirado ampliamente en el ejemplo guatemalteco.»

Al mismo tiempo, la prensa de Costa Rica dio la noticia de la presencia en ese país de tres altos funcionarios guatemaltecos miembros de La Mano Blanca procedentes de una reunión paramilitar en Brasil. La misma noticia fue confirmada en Guatemala por el ministro de Seguridad Pública, Mario Charpentier, en el diario El Imparcial.

Aparte, entre las fuerzas regulares de seguridad del Estado se encuentra una amplia diversificación de fuerzas militares y policiales:

- Policía Militar Ambulante.

- Policía de Hacienda.

- Policía Judicial.

- Policía Nacional, con el Escuadrón SWAT Especializado y Pelotón Modelo.

- El Ejército, con su cuerpo de policía secreta G2.

La Policía Judicial y Cuerpo de Policía Secreta del Ejército (G2), en Guatemala «son las organizaciones militares encargadas directamente de la tortura y asesinatos políticos».

Una de las pancartas de la última manifestación que he visto en Guatemala decía: «Por el derecho a la vida.» Y en otra, una mancha roja se extendía sobre una sola palabra escrita: «Paz.»