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Tensión en San Salvador tras la matanza de la catedral

Nadie en El Salvador se atreve a calibrar los posibles efectos de la matanza ocasionada el martes, en las mismas puertas de la catedral de San Salvador, por efectivos de la policía y el Ejército. La muerte de diecinueve personas y las heridas sufridas por otras cuarenta en el indiscriminado ametrallamiento de un grupo numeroso de manifestantes antigubernamentales, ha producido en todo el país un estado de tensión de consecuencias difícilmente calculables.

En un intento por explicar de alguna forma el incidente, el Gobierno del general Carlos Humberto Romero señaló que los ocupantes de un camión de soldados que pasaba frente a la catedral habían sido tiroteados desde el interior de ésta y que las tropas «tuvieron que responder a la agresión». Esta versión contrasta con la de testigos presenciales, que aseguran que no existió ninguna provocación por parte de los aproximadamente doscientos encerrados en el templo, en su mayoría militantes y simpatizantes del Bloque Popular Revolucionario (BPR). Estas personas piden la liberación de cinco compañeros encarcelados por el Gobierno y su acción sirve, al mismo tiempo, de apoyo a la ocupación de las embajadas de Costa Rica y Francia en la capital salvadoreña.Concedido asilo político

En la madrugada de ayer, las autoridades salvadoreñas decidieron abrir el cerco militar de la embajada costarricense y los secuestradores, acompañados de sus rehenes, emprendieron la marcha hacia el aeropuerto de la capital desde donde se trasladaron a Costa Rica, que les había concedido asilo político.

La identidad de los secuestradores del BPR será revelada después de que tengan una entrevista con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo. Los secuestradores salvadoreños se negaron a hablar con la prensa poco después de aterrizar en San José de Costa Rica, siempre escoltados por dos policías de seguridad.

Después del desenlace de la embajada de Costa Rica se supone que el comando que ocupa la embajada francesa, que mantiene como rehenes a siete personas incluido el embajador, pudiera obtener el mismo trato de las autoridades salvadoreñas, que podrían autorizar la salida de los miembros del BPR del país con dirección aún desconocida.

La «matanza de la catedral» ha animado también a las organizaciones guerrilleras y a los grupos sindicales de oposición a convocar manifestaciones y actos de protesta contra el Gobierno. Las Fuerzas Populares de Liberación consiguieron la divulgación radiada de un comunicado en el que se advertía de la falta de seguridad para los diplomáticos extranjeros. Ha llamado la atención la toma de postura del Gobierno norteamericano, que, a través del portavoz Hodding Carter, deploró el tiroteo producido en la catedral. El embajador estadounidense en San Salvador, Frank Devine, se entrevistó con el general Romero, presumiblemente para hacerle llegar la opinión de su Gobierno. Es la primera vez que las autoridades de Washington adoptan una actitud de condena tan clara en la cada día más deteriorada situación en El Salvador. No hay muchas esperanzas, sin embargo, de que la ola represiva desatada por el Gobierno salvadoreño se vea afectada por estas presiones exteriores.

La ola de disturbios ha provocado la paralización de los transportes urbanos en la capital, en especial de los autobuses, ante el peligro de que prosigan los incendios de estos vehículos. La policía salvadoreña ha intensificado, en las últimas horas, los controles de vehículos y personas, mientras la Asociación de Maestros ha convocado una huelga nacional en solidaridad con las víctimas de la matanza de la catedral de San Salvador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de mayo de 1979

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