La OEA acusa al régimen nicaragüense de asesinatos y torturas
El Gobierno de Anastasio Somoza es responsable de «graves atentados» contra el derecho a la vida, así como de «bombardeos indiscriminados» contra la población civil y de «detenciones arbitrarias», según el informe sobre la situación en Nicaragua hecho público ayer en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Esta comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una investigación in situ de dos semanas, en base a la cual se redactó el informe distribuido ayer, que consta de 81 folios. A lo largo del informe se recogen espeluznantes declaraciones de testigos presenciales de la represión desencadenada por la Guardia Nacional somocista el pasado mes de septiembre.
La visita de la comisión de derechos humanos de la OEA al país centroamericano, que estaba prevista inicialmente para noviembre, se adelantó a petición de Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo en septiembre que «si las alegaciones son ciertas», refiriéndose a los informes sobre asesinatos y detenciones indiscriminadas, «merecen la condena de esta Organización de Estados Americanos».
El extenso documento publicado ayer indica que «esta comisión ha quedado plenamente convencida de que la Guardia Nacional de Nicaragua no sólo utilizó su potencia de fuego de una manera indiscriminada, causando un gran número de muertos y heridos y grandes sufrimientos a la población civil, sino que, además, obligó al pueblo a encerrarse en sus casas antes de proceder a bombardear, sin siquiera permitir que primero se evacuara a la población civil, norma humanitaria elemental».
Las conclusiones de la comisión investigadora condenan rotundamente a la dictadura somocista, a la que acusan de graves atentados al derecho a la vida, al reprimir excesiva y desproporcionadamente las insurrecciones que tuvieron lugar en septiembre pasado. El Gobierno de Nicaragua, continúa el informe, es responsable de muchísimas muertes ocurridas con posterioridad a los combates, en razón de los abusos cometidos por la Guardia Nacional en la llamada «operación limpieza».
«El Gobierno de Nicaragua es también responsable de muertes, graves abusos, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos de grupos de campesinos», dice el documento, que habla también de la aplicación de torturas a numerosos detenidos y de la represión generalizada de la dictadura somocista contra «todo varón entre los catorce y los veintiún años de edad».
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