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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Realidades

El régimen genocida del general Videla califica inexorablemente de «terrorista» a todo el que denuncia sus constantes violaciones de los derechos más elementales de la persona. Seguramente EL PAÍS va a merecer pronto ese honor que compartirá con cientos de órganos periodísticos, instituciones y Gobiernos de todo el mundo.Tal vez sea necesario recordar que entre esas instituciones está nada menos que la Conferencia Episcopal Argentina, que en su declaración del 7 de mayo de 1977 dijo: «Hemos escuchado muchas veces manifestar el carácter cristiano que el Gobierno de las fuerzas armadas quiere imprimir a su gestión. Esto nos obliga a recordar que el ser cristiano Incluye en su esencia un abnegado compromiso práctico. Es a la luz de estas consideraciones que nos atrevemos a manifestar los siguientes hechos. entre otros que provocan en nuestro ánimo serias inquietudes:

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a) Las numerosas desapariciones y secuestros que son frecuentemente denunciados, sin que ninguna autoridad pueda responder a los reclamos que se formulan, lo cual parecería manifestar que el Gobierno no ha logrado aún el uso exclusivo de la fuerza.

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b) La situación de numerosos habitantes de nuestro país a quienes la solicitud de familiares y amigos presentan como desaparecidos o secuestrados por grupos autoidentificados como miembros de las fuerzas armadas o policiales, sin lograr en la mayoría de los casos ni los familiares ni los obispos que tantas veces han intercedido, información alguna sobre ellos.

c) El hecho de que muchos presos, según sus declaraciones o las de sus familiares, habrían sido sometidos a torturas que, por cierto, son inaceptables en conciencia para todo cristiano y que degradan no sólo al que las sufre, sino sobre todo al que las ejecuta, y

d) Finalmente, algo que es muy difícil de justificar: las largas detenciones sin que el detenido pueda defenderse o saber, al menos, la causa de su prisión, tanto más cuanto que la situación carcelaria a veces no contempla primordiales necesidades humanas.»

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