Funcionarios del INP rechazan acusaciones sobre corrupción

La junta nacional de la Asociación Sindical de Funcionarios del Instituto Nacional de Previsión (INP) ha salido al paso de las acusaciones de corrupción, malversación de fondos y otras imputaciones hechas contra el INP y, por implicación, contra sus funcionarios.La junta nacional muestra su actitud ante estas acusaciones en una nota hecha pública ayer y difundida por la agencia Europa Press. La Asociación Sindical mencionada afirma que representa a más de 10.000 afiliados de los 18.000 que tiene el INP.

«Hace tiempo y con evidente mala intención se atribuyen al INP todos los males que padece la Seguridad Social», empieza diciendo la nota, en la que se afirma que la citada conclusión es «inadmisible por su falsedad». «El Instituto, desde su fundación, ha sido y es un organismo técnico que tiene a su cargo las competencias que por ley le han sido fijadas en el campo de la previsión y seguridad sociales.» Es hora de que se conozca, se afirma, «que el INP está atado de pies y manos por la Administración ».

En este sentido, el INP «no hace otra cosa que ejecutar lo que se impone desde la esfera gubernamental: los planes de inversión, el campo de aplicación de la Seguridad Social, fijación, recaudación y distribución de cuotas, clase y cuantía de las prestaciones, etcétera».

Los funcionarios del INP señalan su indignación por la falta de una respuesta contundente a las acusaciones que se hacen contra el Instituto y anuncian que están «dispuestos a reivindicar su honorabilidad, ejercitando cuantas acciones sean necesarias». No dicen qué tipo de acciones podrían emprender.

A pesar de esta indignación, que califican de justa, dicen que «no es ningún secreto ( ... ) que en la Seguridad Social se dan fraudes que, por otra parte, son de dominio público: absentismo laboral por enfermedades simuladas, trabajadores que no son afiliados por sus empresas, empresas que defraudan al cotizar, parados que cobran el desempleo y trabajan por cuenta propia o ajena, centros concertados que facturan ficticiamente, manejos fraudulentos de recetas oficiales, despilfarros de medicamentos por una medicina de complacencia, médicos que perciben igualas de sus asegurados, costosos aparatos médicos que luego no se utilizan y un largo etcétera que conviene atajar y supondría sustanciosos ahorros. Precisamente, la Asociación Sindical de Funcionarios del INP ha urgido la necesidad de la reforma administrativa de la Seguridad Social por estimar que la sanidad es un derecho de todos los españoles, desde su nacimiento, debiendo ser gestionada y administrada fuera de la Seguridad Social».

Esta Asociación propugna el control democrático de la Seguridad Social y «se ofrece incondicionalmente a los medios de información de todo el país en cuanto se relacione con la actividad del INP, ya que los funcionarios de éste son los primeros interesados en que la corrupción, si existe, sea puesta al descubierto y castigados los implicados en hechos punibles».