Dependencia económica exterior: un debate necesario

A MEDIADOD del siglo XIX tuvo lugar en España el primer gran intento de penetración económica exterior. La reacción ante ese intento comenzó a fraguarse a finales de la centuria y lo que recientemente se ha calificado de «vía nacionalista del capitalismo español» inició, entre 1906 y 1925, el montaje de su eficaz trípode doctrinal e instrumental: el proteccionismo arancelario, el intervencionismo estatal y, por último, la fundamentación ideológica de ambos: la doctrina del nacionalismo económico.El régimen político surgido de la guerra civil potenció al máximo esas tendencias, elevándolas a categorías fundacionales en la ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, promulgada en enero de 1939. El forzoso aislamiento a que durante casi cuatro lustros se vio sometida la economía española durante la primera mitad del franquismo exacerbó esos rasgos nacionalistas. Fue a partir del Plan de Estabilización de 1959 cuando los vientos cambiaron y el capital extranjero comenzó a invadir España bajo la protección de una legislación confusa y a menudo contradictoria pero crecientemente liberal en la materia.

Desde 1960 las inversiones extranjeras de capital privado a largo plazo ascienden a unos 300.000 millones de pesetas siendo Estados Unidos Alemania. Suiza y el Reino Unido los países que más han invertido. Por sectores el capital extranjero ha dirigido su interés hacia los grupos químico, de automoción, siderúrgico, material eléctrico e industrias de alimentación.

Precisamente uno de esos sectores, el de automoción, está de actualidad con las recientes noticias de que el Instituto Nacional de Industria negocia la cesión del protagonismo en tres de sus empresas participadas: SEAT MEVOSA y ENASA a los actuales socios extranjeros u otros entes multinacionales. La grave crisis por la que atraviesa el sector ha obligado al INI a reconocer lo inviable del sueño de una industria nacional en este campo. Ese hecho supone no sólo un cambio de concepción. sino también, el reconocimiento de los fracasos de sucesivas gestiones tanto a nivel de empresa como a nivel del propio Instituto, hecho que hasta, ahora nadie había admitido.

Visto aisladamente, el planteamiento parece bastante realista. Si se consigue asegurar el nivel de empleo y no se mantiene para unas empresas que pasarían a ser mayoritariamente extranjeras el mismo nivel de proteccionismo de que disfrutan actualmente nuestros fabricantes de automóviles el país podría salir ganando. Desde luego, el primer beneficiarlo sería el consumidor español, que podría elegir entre los últimos modelos FIAT -y no los penúltimos de SEAT- y los de, pongamos por caso, Volvo, Volskwagen o Toyota.

Pero la decisión que en estos días maduran y negocian los dirigentes del INI encierra repercusiones más amplias que las relativas al sector del automóvil. En efecto, poco a poco y en decisiones de un perfecto realismo económico si se contemplan aisladamente, sectores más o menos importantes y amplios de nuestra industria van pasando a manos extranjeras. Ello significa, entre otras cosas, un reforzamiento de la dependencia tecnológica de nuestro país v. quizá, una amenaza potencial para el futuro de nuestras exportaciones.

Antes de caer en la tentación xenófoba de rechazar toda dependencia tecnológica exterior es preciso, sin embargo, recordar los indudables beneficios que al desarrollo económico del país ocasionó ese fenómeno. Al final de la década de los cincuenta la importación de tecnología extranjera constituyó una vía de modernización de industrias nacionales enteras que se encontraban con un capital fijo obsoleto y unas técnicas atrasadísimas. La cara negativa de ese hecho tampoco debe ocultarse: España ha estado, y está satisfaciendo anualmente unos pagos importantes en divisas en concepto de asistencia técnica y «royalties» -casi 1.500 millones de dólares entre 1974 y 19t-: a ello debe añadirse el que por el tamaño de las empresas dependientes y la importancia estratégica de los sectores industriales en que se concentra la penetración foránea. España corre el riesgo de convertirse en una colonia de las grandes potencias industriales, o para ser más exactos, de las grandes multinacionales. El caso del INI. por último, es especialmente delicado por lo que supone de vinculación de capital público con capital extranjero.

Resumiendo, desde un enfoque cerril de los peligros de la desnacionalización de la economía española hasta el polo opuesto del predominio del capital extranjero y la dependencia tecnológica, la política industrial española ha avanzado a base de bandazos y legislaciones contradictorias. Aparte de la curiosa coincidencia de que los mismos o muy parecidos intereses han defendido enfoques contrarios, se impone abrir un debate nacional sobre la conveniencia -incluso la posibilidad- de uno u otro modelo. En el caso de la industria su urgencia es evidente en unos momentos en que se está comprobando lo inviable de su actual estructura y la exigencia de un replanteamiento a fondo del futuro de la misma y del papel del Estado en ella.

En este orden de cosas es de lamentar que ni el Ministerio de Industria -no hay ni una sola referencia al tema en el reciente discurso, por otra parte lleno de sensatas reflexiones, del ministro en la Feria de Muestras de Gijón- ni los grandes partidos de la Oposición parecen decididos a bajar del cómodo terreno de las generalizaciones doctrinales al comprometido mundo de las opciones a corto plazo. Dependencia tecnológica extranjera, penetración de las multinacionales, futuro del INI son cuestiones importantes sobre las cuales el pueblo español tiene derecho a estar plena y verazmente informado.