Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura

Ante la polémica suscitada en la prensa por la publicación en el BOE de la convocatoria de oposiciones al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas, en la que en algún artículo se trata de confundir a la opinión pública, presentando esta convocatoria como innovadora, llegando a afirmarse que es «una esperanza abierta al futuro de la profesión», la casi totalidad de funcionarios facultativos de Bibliotecas se ha visto en el deber de hacer las siguientes puntualizaciones.En primer lugar, y para centrar el problema, hacer saber a la comunidad que toda la red bibliotecaria estatal está siendo atendida por 174 bibliotecarios facultativos y otros tantos ayudantes, que ingresan en estos cuerpos nacionales mediante oposiciones específicas. Esta cifra de personal es tan ridícula que coloca a España en este aspecto a la cabeza de los países subdesarrollados del Tercer Mundo. Con el agravante de ser una de las naciones con un patrimonio cultural más amplio y rico.

Para que pueda tenerse una idea de hasta qué punto llega este subdesarrollo en materia de personal, bastará apuntar que las Normas para bibliotecas públicas, confeccionadas por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, recogiendo y contrastando experiencias en los diferentes países miembros, señala la cifra de al menos un titulado por cada 2.500 habitantes. Realice el que esto lea la cuenta, dividiendo 35 millones entre 2.500 y comprobará que España necesitaría, para atender su sistema bibliotecario, un mínimo de 14.000 profesionales de diferentes niveles.

Por ello, cuando la Asociación Sindical del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios tuvo noticia de que se estaba preparando una convocatoria de oposiciones de veinticuatro plazas de funcionarios facultativos, en la que se hacía desaparecer materias consideradas como básicas para la profesión, como la catalogación de manuscritos e incunables, con los conocimientos de latín y paleografía que ello supone, trató de ponerse en contacto con el director general del Libro y las Bibliotecas, para expresar su desacuerdo con esa medida, haciéndole ver los perjuicios que para la buena marcha de los centros tendría una decisión semejante.

El director general se negó en redondo a escuchar sus justas reclamaciones y zanjó la cuestión de forma totalmente antidemocrática, afirmando que su decisión era irrevocable.

Convocadas las oposiciones (BOE 11-2-78), la Asociación Sindical convocó una junta general en la que se votó por unanimidad la impugnación de las oposiciones, mediante la interposición de un recurso administrativo que se presentó en el Ministerio de Cultura en marzo de este año, como paso previo al recurso contencioso-administrativo.

Ante esta decisión, la Dirección General del Libro y las Bibliotecas envió a los funcionarios facultativos, ayudantes y contratados, una «circular informativa», en la que trataba de convencerles de las muchas ventajas que tenía esta oposición sobre las anteriores. Los argumentos, muy confusos, no resisten el más somero análisis.

Entre otras cosas, se habla en ella de la necesidad de que existan bibliotecarios especializados en lectura moderna y otros en «tratamiento» (se evita cuidadosamente el término catalogación) de fondos antiguos. Después de muchas disquisiciones, no le queda a la Dirección General del Libro y las Bibliotecas más remedio que admitir que el mismo funcionario ha de atender tanto al investigador que maneja incunables, manuscritos, libros raros, etcétera, como al lector de fondos actuales, «dada la imposibilidad actual de proceder a un desdoblamiento de plazas en las bibliotecas públicas». Y aun así, se opta no por ajustarse a la realidad, como se venía haciendo hasta ahora, esto es, a exigir que el funcionario facultativo de bibliotecas se prepare en los dos campos, o al menos en el más difícil, sino por rebajar el nivel de la oposición, que corresponde al que hoy día se busca para el Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas.

En cada provincia se considera al bibliotecario facultativo (y así debe seguir siendo) como el técnico de mayor garantía en cuestiones relacionadas con el libro. En muchas ocasiones acuden a él los usuarios del centro para que les resuelva problemas de valoraciones de libros antiguos, o a la vista de un ejemplar averigüe datos como los de lugar de impresión y año, de incunables o libros raros que carecen de pie de imprenta y que les podía facilitar el funcionario gracias al conocimiento que se le exigía de catalogación de fondos antiguos. Suprimidos estos conocimientos, cabe imaginarse la decepción del consultante cuando compruebe el desconocimiento del bibliotecario facultativo en estas materias. Y la sorpresa y hasta las chanzas de los investigadores extranjeros y nacionales, cuando se percaten de que el conservador de esos fondos es un auténtico ignorante en esas cuestiones.

Hasta aquí la explicación de la actitud más que justificada de la mayoría de los funcionarios facultativos de Archivos y Bibliotecas. Ahora se trata de justificar el título de este artículo: Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura.

Como se ha explicado en los párrafos anteriores, el panorama bibliotecario en cuanto a dotación de personal es verdaderamente catastrófico. Otro tanto podría decirse en cuanto a locales y presupuesto para compra de libros. Para resolver este estado de cosas habría que promulgar una ley de Bibliotecas en la que se afirme el derecho a la lectura de todos los españoles como parte de uno de los derechos inalienables del ser humano: el derecho a la educación y la cultura. Esta ley no debe ser un mero capítulo de la llamada ley del Libro, sino un texto con entidad propia y de rango superior, que debe constituir la columna sobre la que han de vertebrarse la política educativa, cultural e investigadora de la nación.

El anteproyecto de esa ley de Bibliotecas deberá ser elaborado por una comisión de bibliotecarios de la que formen parte profesionales, tanto de las distintas asociaciones existentes como independientes, elegida democráticamente, siempre que su experiencia les capacite para aportar soluciones a los problemas bibliotecarios. Y esto es así porque se trata de elaborar una legislación para la nación entera, no para un cuerpo de funcionarios.

En esta ley deberán establecerse normas para que una biblioteca no pueda ser servida por personas sin la titulación y la preparación adecuadas para estar al frente de ella. En caso contrario, este centro deja de serlo, aunque engañosamente ostente ese nombre, para convertirse en un mero almacén de libros. Hay que ir, pues, a un reconocimiento oficial de la profesión de bibliotecario, creando los centros que hayan de encargarse de impartir las enseñanzas a los distintos niveles. En ella deberían fijarse los módulos de personal, que podrían ser los que da la IFLA de un titulado como mínimo por cada 2.500 habitantes. Habría que hacer también una clasificación nacional de los centros bibliotecarios en la que se determine el alcance de cada uno y la dotación de personal que precisan. Es entonces cuando podrán estructurarse los funcionarios que han de servir las bibliotecas en diversas categorías y niveles, y se podrá hablar de especialistas en fondos antiguos y lectura moderna, señalando las competencias de unos y otros. Entre estos últimos se admitirían entonces a los licenciados en todas las especialidades: medicina, física, derecho, matemáticas, etcétera, siempre que mediante las pruebas adecuadas demuestren tener los conocimientos en documentación y biblioteconomía que se les exijan, y no sólo como hoy se hace, a los licenciados en Filosofía y Letras.

Mientras el Cuerpo Facultativo esté compuesto por 174 funcionarios es imprescindible que en la oposición de ingreso se exija un programa de «amplio espectro»: latín, paleografía, catalogación de incunables, manuscritos y libros antiguos, catalogación de impresos modernos, conocimiento de lenguas modernas, etcétera, que ha permitido que en 120 años de profesión, los bibliotecarios españoles hayan sido capaces de realizar catálogos de incunables, de libros raros, de manuscritos, etcétera, atender a la lectura pública al frente de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas y llevar a cabo una labor de animación cultural ingente.

Esta ley de Bibliotecas y los aspectos que en ella se contemplan es el «reto» que los bibliotecarios del Cuerpo Facultativo lanzan al Ministerio de Cultura. Esta es la tarea urgente e inaplazable que debe llevar a cabo en el menor tiempo posible una vez promulgada la Constitución y establecidas las autonomías regionales, si, como dice, pretende acercar la cultura a todos los habitantes de España, de una forma eficaz y efectiva. Y no será rebajando la competencia de los funcionarios que tienen a su cargo la conservación y difusión del patrimonio cultural a través del libro como lo consiga.

(*) Este artículo está suscrito por el 70% de los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, según los firmantes del colectivo: Julia Méndez, Concepción Herrero, Alicia Girón, Elena Santiago e Isabel Morales.