Estados Unidos acusa al Gobierno de Boric de “socavar la seguridad regional” y sanciona a tres funcionarios chilenos

Estados Unidos ha lanzado este viernes un inusual reproche al Gobierno de Chile. El Departamento de Estado ha acusado al Ejecutivo de Gabriel Boric de “socavar la seguridad regional”, en un comunicado en el que anuncia sanciones contra tres funcionarios chilenos. “En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”, afirma el texto. La declaración sugiere que Washington considera estas actuaciones como un factor de deterioro en la relación bilateral.

El Gobierno estadounidense también ha anunciado restricciones de visa contra tres funcionarios del Gobierno de Boric, a quienes acusa de haber dirigido, autorizado o financiado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional en el Hemisferio Occidental. La medida implica la revocación inmediata de cualquier visado vigente y la prohibición de entrada al país tanto para los señalados, como para sus familiares directos.

Los sancionados son el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen; por estar ligados a un proyecto un cable de fibra óptica que conecte la región de Valparaíso, en la zona central de Chile, con Hong Kong, han confirmado fuentes diplomáticas a EL PAÍS.

Marco Rubio, secretario de Estado, dijo momentos después tras reafirmar la decisión Washington de que “la Administración Trump continúa protegiendo la prosperidad económica de Estados Unidos garantizando la paz y la seguridad en nuestro hemisferio”. Rubio aseguró de que las restricciones de visas estadounidenses a funcionarios del Gobierno chileno se dan porque estos han actuado “en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo en un comunicado que las acciones responden al compromiso de Washington de “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”. Según la nota oficial, los funcionarios sancionados participaron “a sabiendas” en operaciones que pusieron en riesgo infraestructuras estratégicas de telecomunicaciones, consideradas clave para la estabilidad económica y la seguridad nacional en la región.

La decisión se inscribe en la línea dura que la Administración de Donald Trump ha prometido mantener frente a lo que considera amenazas a los intereses estadounidenses en América Latina. El comunicado recalca que la Casa Blanca seguirá promoviendo la “rendición de cuentas” de ciudadanos chilenos que, a su juicio, trabajen deliberadamente para desestabilizar el hemisferio.

Al mismo tiempo, Estados Unidos expresó su expectativa de fortalecer la cooperación con el presidente electo, José Antonio Kast, con quien espera impulsar “prioridades compartidas”, en particular aquellas orientadas a reforzar la seguridad hemisférica. La acción ocurre a menos de un mes del cambio de mando en Chile, el 11 de marzo; una ceremonia a la que se espera asista Rubio junto con una delegación oficial estadounidense. La visita, que aún no ha sido confirmada por autoridades, es interpretada como un acercamiento al futuro presidente chileno.

El presidente Boric, que se encuentra de visita en Rapa Nui, ha declarado que su Gobierno “jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad” de ningún país: “No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”. El mandatario ha calificado la medida de “arbitraria, unilateral y sorpresiva”, además ha pedido que “todos, como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena”.

La Cancillería chilena, liderada por Alberto van Klaveren, ha expresado sorpresa ante el anuncio de Estados Unidos. “El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional”, ha dicho en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller Alberto van Klaveren ha citado al embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados debido a que en el Palacio de La Moneda no han recibido notificación oficial de la medida adoptada por Trump. “No es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”.

La semana pasada, el embajador Judd había manifestado su preocupación por la construcción de un cable submarino que uniera a Chile y China. “Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra de Defensa, [Adriana] Delpiano, y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales”, ha escrito en X, el 12 de febrero.

La decisión de revocar visados al ministro Muñoz, el subsecretario Araya y su jefe de gabinete, Peteresen, supone una anomalía en las relaciones bilaterales de estos país, que mantienen un Tratado de Libre Comercio desde 2003. No obstante, las administraciones de Trump y Boric han distado en sus posiciones políticas. Hace ocho días, el Gobierno de Chile había anunciado que enviaría ayuda humanitaria a Cuba, que atraviesa una crisis que se ha agudizado después de que Trump advirtiera que impondría aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.

“El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”, ha escrito el mandatario en X, el 12 de febrero. Además, hizo un llamado a “terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”.