Enviado a prisión por corrupción el alcalde de la capital económica de Bolivia

Una jueza envió el jueves preventivamente a la cárcel por 100 días al alcalde de Santa Cruz de la Sierra —la ciudad más poblada, extensa y capital económica de Bolivia—, Jhonny Fernández. Las denuncias por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes tumban el tercer mandato (2021-2026) del edil de 61 años, quien construyó su carrera siguiendo la estela de su padre, Max Fernández, considerado fundador del estilo populista en el país. Una irregularidad detectada en la principal estrategia del actual alcalde para conseguir apoyo —la entrega de obras a sectores marginados—, en este caso avenidas asfaltada, lo envió paradójicamente a prisión.

El precursor de la demanda es el concejal cruceño y candidato a alcalde de la misma ciudad para los próximos comicios del 22 de marzo, Mamen Saavedra. Solicitó un informe a la Contraloría del Estado sobre el proyecto de asfaltado de 16 rutas. Meses después, a finales del año pasado, la institución concluyó que en al menos siete de las calles se había pavimentado un tramo menor al registrado y pagado a la empresa constructora, según consta en los documentos oficiales. Saavedra asegura que los “pedazos fantasma” equivalen a cerca de diez cuadras de pavimento y que el daño económico ascendería a 870.000 dólares.

La ley boliviana determina que la máxima autoridad ejecutiva es la responsable directa de cualquier daño económico encontrado en inversiones públicas. Fernández aseguró que detrás de las acusaciones existen motivos políticos: “Es una canallada. La Fiscalía ha ido con nosotros y ha visto las obras, ahí están (…) Me llama la atención que no estén aquí declarando las empresas constructoras”, afirmó momentos antes de entrar a la audiencia. Frente a la prensa se jactó de haber pavimentado 470 kilómetros en los distritos más desconectados de Santa Cruz de la Sierra. La entrega de obras públicas y ayuda social, así como los actos masivos con regalos —método heredado de su padre—, fueron la base del respaldo en sus anteriores dos mandatos (1995-2000; 2000-2005).

Sin embargo, en sus últimos años al frente de Santa Cruz se vio envuelto en cuestionamientos por sobreprecios y contratos irregulares. En octubre de 2024, el secretario de Administración Tributaria, Mario Centellas, se vio obligado a renunciar después de ser denunciado por beneficiar a un contribuyente eliminando del sistema una deuda impositiva millonaria. El mismo concejal Saavedra ya había denunciado antes a Fernández por un supuesto sobreprecio en la compra de vehículos para la municipalidad, en un caso que no prosperó. Del mismo modo, la basura se acumula en las esquinas de la ciudad y el tráfico se ha descontrolado al punto de provocar la muerte de un joven universitario cuando intentaba cruzar la vereda.

Es el segundo golpe consecutivo a la carrera de Fernández, después de perder las históricas siglas del partido que su padre fundó en 1989, Unión Cívica Solidaridad (UCS), por el escaso apoyo recibido en las elecciones presidenciales del pasado 17 de agosto. El político cruceño ya había intentado repetir sus resultados regionales a nivel nacional en los comicios de 2002, donde obtuvo el 5,5% de los votos; apenas logró un 1,67% en la votación del año pasado. La normativa electoral boliviana establece que un partido político pierde su sigla si no consigue al menos un 3% de los sufragios emitidos.

El sexagenario alcalde agotó todas las vías para salvar la organización familiar, buscando sin éxito alianzas con Evo Morales o con el considerado “sucesor natural” de este, Andrónico Rodríguez. El expresidente cocalero diría entonces: “Puse dos condiciones: Evo presidente y que se cambie a los candidatos de derecha de su lista, pero me ofrecieron la vicepresidencia”. Mientras que en los comicios de 2020, Fernández prestó la sigla de su partido al candidato de la ultraderecha conservadora, Luis Fernando Camacho.

La elasticidad ideológica fue siempre una característica de supervivencia de UCS, a pesar de enarbolar un discurso a favor de las clases más desfavorecidas y marginadas y concentrar sus campañas en barrios populares. Su fundador, Max Fernández, se presentaba como el arquetipo del “hombre hecho a sí mismo”, que pasó de orígenes con muchas carencias a convertirse en accionista mayoritario de la altamente cotizada Cervecería Boliviana Nacional (CBN). De esa empresa también fue presidente su hijo, quien desarrolló toda su formación escolar en colegios privados y cursó la carrera de Electrónica en Buenos Aires.

Junto a Jhonny Fernández está siendo investigado quien fuera su secretario de Obras Públicas, Sergio Luna. El funcionario se presentó a declarar junto al alcalde, pero se retiró en libertad. La fiscal a cargo del caso, Milenka Rodas, explicó que tomó esta decisión porque “existe mayor riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación con respecto a Fernández, a diferencia del señor Luna”.