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En el segundo aniversario del régimen militar en Argentina

Presos políticos fueron muertos durante los incidentes de la cárcel de Villa Devoto

Los cables de las agencias de noticias del 14 de marzo reprodujeron una nota oficial de las autoridades argentinas en la que se informaba que como causa de un motín de presos sociales en el penal de Villa Devoto, una cantidad importante de ellos -luego se informaría que eran sesenta los muertos y 85 los heridos, algunos graves-, murieron abrasados o asfixiados por efecto de los colchones que ellos mismos quemaron.No es hasta ahora posible confirmar si los presos del pabellón 7 de dicha cárcel, del que sólo quedaron dieciséis ilesos, eran realmente presos de delito común como asegura el Gobierno y la amordazada prensa argentina, que sólo reproduce sus informes. Familiares de presos y desaparecidos en Argentina que residen en Madrid ya han recibido informaciones de confianza que entre los muertos se habría comprobado la existencia de un número importante de mujeres, y algunos de los nombres podrían llegarse a conocer próximamente. Recordemos que en dicha cárcel la mayoría de los prisioneros políticos son mujeres, mientras que no hay ninguna presa de delito común en la misma; todos son hombres.

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Los diarios y revistas de Argentina ya han, publicado la lista de 46 de los muertos. Si se confirma que éstos eran realmente presos comunes, es de imaginar que fueron muertos fríamente como forma de ocultar la matanza de una cantidad importante de presos políticos, cuyos nombres no se podrían proporcionar dado que son parte de los secuestrados no reconocidos por el Gobierno. De una población total de 4.000 presos en Villa Devoto, el Gobierno reconoce la existencia de sólo setecientos políticos.

Es en esa situación desesperada de quien está continuamente al borde de la muerte que puede entenderse que haya habido, incluso realmente, una forma de resistencia a los guardias ante algún nuevo traslado de prisioneros, traslados en los cuales numerosas veces son fusilados bajo el pretexto de haber intentado una fuga o simplemente simulado como hecho por una banda armada ajena a las FFAA.

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La tradición metodológica implantada el 22 de agosto de 1972 por el entonces presidente general Lanusse con el asesinato de dieciséis militantes revolucionarios prisioneros en la base naval de Trelew, se ha repetido reiteradamente bajo el Gobierno de Videla. Muchos fueron ya los fusilamientos de prisioneros políticos, especialmente en las cárceles, de Encausados de Córdoba y en la Unidad 9 de La Plata, cárcel modelo de la provincia de Buenos Aires. Supuestos intentos de fuga, suicidios, han sido las explicaciones dadas por el Gobierno. El argumento actual, un supuesto motín.Esto viene a producirse justamente en el momento en que en los medios de exilados argentinos y organismos humanitarios internacionales circulaba el amargo presentimiento de que una matanza importante estaría a punto de producirse. El presagio se debía al hecho de que la Junta Militar anunció en los últimos meses la existencia de cerca de 3.500 presos políticos. Manejando los organismos internacionales la cifra de 10.000 presos políticos y 20.000 secuestrados desaparecidos, aparte de los 8.000 muertos desde el 24 de marzo de 1976, las cuentas saltan a la vista: cerca de 27.000 personas secuestradas no son reconocidas por Videla. Varias veces se han denunciado y fotografiado cementerios y crematorios contratados por las FFAA (como los cientos de fosas sin nombre del cementerio de la ciudad de Necochea, al sur de Buenos Aires), lo que explicaría la no aparición de cadáveres de desaparecidos

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