De la escuela heredada del franquismo, a la escuela pública

De la Junta del Colegio de Doctores y Licenciados de MadridHa podido leerse en los periódicos que el ministro de Educación y Ciencia piensa ofrecer un análisis de la política educativa y de las grandes líneas para mejorarla, sometiéndola a las Cortes. Aunque se ha especulado sobre la función del señor Cavero en el Gobierno, asignándole el papel de brazo ministerial de la Iglesia para la defensa de sus privilegios en el campo de la enseñanza, especialmente del sistema de financiación estatal de la enseñanza privada que se conoce con el nombre de «subvenciones», a pesar de esas especulaciones -y de los rumores que las acompañan-, quiero creer que la actitud del señor ministro ha de ser crítica hacia un sistema que no alcanzó ninguno de los objetivos propuestos -escolarización total, gratuidad, reforma pedagógica, etcétera-, y que, simultáneamente, ha de tener en cuenta la actitud del electorado, tal como se expresó el 15 de junio.

También tendrá en cuenta, a buen seguro, la experiencia de precedentes intentos de reforma. Cualquier transformación del sistema de enseñanza que atienda a las necesidades sociales en inateria de educación se apoya en un aparato escolar y un profesorado muy concretos. Por olvidar esta cuestión tan evidente, la reforma emprendida por Villar Palasí con la LGE se vio pronto en un callejón sin salida, duramente atacada y, a su vez, reformada desde instancias que a primera vista nada tenían que ver con el MEC. Basta echar una ojeada a, la literatura emanada del Sindicato Vertical de Enseñanza y de la FERE para darse cuenta de la ofensiva que entonces se emprendió contra un texto legal -la LGE- que podía lesionar sus intereses.

El aparato escolar

Como tantas otras cosas, heredamos un aparato escolar que se ha configurado durante los largos años del franquismo. Tampoco aquí basta con declaraciones, voluntarismos o disposiciones legales. Todo eso es necesario, pero no suficiente. Hablar de la democracia en el terreno de la enseñanza, de adaptar sus estructuras a las nuevas necesidades sociales y culturales, exige llevar a cabo un análisis de la realidad en la que nos encontramos, empezando por el aparato escolar.El aparato escolar heredado del franquismo es un bloque considerablemente heterogéneo que ocasionalmente posee intereses comunes, pero que puede tenerlos encontrados o, aun, enfrentados. La gran división del bloque en dos sectores -enseñanza privada y enseñanza estatal- no aclara con precisión la complejidad del conjunto ni indica cuáles son los grupos más fuertes.

Así como la enseríanía estatal goza de una cierta homogeneidad, la privada está dividida en, al menos, tres grupos:

- La escuela privada seglar de élite -económica o cultural-, que se apoya en tradiciones, fundaciones y métodos pedagógicos de cierto prestigio, ofreciendo una enseñanza «diferenciada».

- La escuela privada seglar de «masas», que atiende a capas económicamente débiles, constituida habitualmente por colegios de barriada. En este grupo se puede distinguir también entre el centro pequeño y el grande, con problemas e intereses muy divergentes, como espero tener ocasión de mostrar. Igualmente puede hacerse una distinción de acuerdo al tipo de propiedad: empresario, cooperativa de profesores, de profesores y padres...

- La escuela religiosa o confesional, dependiente de órdenes dedicadas tradicionalmente a la enseñanza, radicada por lo general (aunque con excepciones muy loables) entre las capas poblacionales de mayor poder económico.

Durante las dos primeras décadas del franquismo se asistió a una fuerte privatización de la enseñanza, invirtiendo así la tendencia que tan marcada había sido durante la República. A partir de 1960, las transformaciones económicas y sociales, el proceso migratorio y las necesidades industriales de una mano de obra mínimamente cualificada, pusieron de manifiesto la incapacidad de la escuela privada para atender a la demanda social, pero también la incapacidad del Estado para sustituirla, por lo que se acudió a una política de sostenimiento y ayuda de la privada, a la vez que se iniciaba una lenta expansión de la enseñanza estatal.

No obstante, la privada -y en muchos lugares, la privada religiosa- era hegemónica, pues dominaba los sectores sociales más poderosos e imponía sus criterios «pedagógicos» y «culturales». Sin embargo, la demanda social continuaba sin ser atendida, y la LGE, con diez años de retraso, no era más que el reconocimiento de ese hecho.

A partir de 1970 se incrementó la expansión de la enseñanza estátal, y en 1975 se regulaba el apoyo a la privada mediante el régimen de subvenciones. Sin embargo, todavía hoy la privada goza, de carácter hegemónico entre amplias capas de la población, y todavía en el curso 1974/75, en Madrid, el número de puestos escolares privados en Bachillerato ascendía a 72.068, mientras que los de institutos eran sólo 32.570 y 6.879 en secciones filiales.

Por otra parte, la fuerte burocratización de la enseñanza estatal y las condiciones de trabajo de gran parte de su profesorado, caracterizado por la inestabilidad -el profesorado no numerario en el curso 1975 / 76 duplicaba al numerario (12.000 frente a 6.000)- creaba problemas específicos del sector.

La incapacidad del Estado para atender a la demanda social de educación, especialmente en las barriadas de los grandes centros urbanos y entre los sectores de población económicamente más débil, produjo, primero, la aparición, y luego, el incremento -y desarrollo de centros de enseñanza en condiciones precarias.

Ni por el número de alumnos -entre sesenta y trescientos la mayoría de los casos, según estaditicas del MEC-, ni por sus instalaciones -pronto recibieron el nombre de «academias de piso»-, resultaban estos colegios adecuados para.una enseñanza científica y de calidad.

La ensenanza privada y las subvenciones

Centros fuertemente descapitalizados, con profesorado mal pagado, recurriendo muchas veces a no titulados, y sin posibilidad de subir las cuotas de sus alumnos, crearon una situación de hecho que iba a suscitar problemas de inmediato. Las exiagencias de la LGE en cuanto a instalaciones -a pesar de las rebajas que se introdujeron, gracias a la presión de la «patronal»- y la presión laboral de los enseñantes, en el marco de la crisis económica y la inflación, eran el horizonte de un negocio que nunca debía haber existido: el de la enseñanza.Otros centros privados crecieron hasta convertirse en verdaderos centros de masas, situándose algunos entre los que poseían mayor número de alumnos de Bachillerato en Madrid -de ochocientos a 1.500-, al igual y por encima de algunos institutos. Fueron colegios que hicieron buen negocio, que en un momento dado podían resistir la presión laboral y las exigencias administrativas, aunque muchas veces no lo hacían porqu e sus beneficios pasaban a sectores más seguros, menos problemáticos que la enseñanza.

Su única limitación era la subida de las cuotas: dado el medio social en que se encontraban, las cucitas de los alumnos no podían pasar de ciertos límites y, de todos modos, lentamente iba produciéndose un trasvase de sus alumnos a los nuevos institutos y centros nacionales de EGB.

Si para los pequeños colegios, los problemas se presentaban a corto plazo, para los grandes, el plazo era medio. El resultado es bien conocido y abundantemente reseñado en la prensa: expedientes de crisis, venta de instalaciones, especulación, etcétera, fenómeno que se ha venido produciendo todos los veranos al finalizar el curso. El cierre parece el destino final de todos estos centros, tanto más próximo cuanto más rápidamente atiendan los organismos públicos a la demanda social en materia de enseñanza, creando puestos escolares gratuitos.

El sistema de subvenciones permitió la supervivencia de centros que de otra manera no hubieran soportado el aumento de los costos. Ahora bien, las subvenciones iniciadas en 1972 -que rápidamente alcanzaron cifras elevadísimas, más de 30.000 millones de pesetas se espera en el presente año-, no suponían la gratuidad ni, al decir de los mismos empresarios, cubrían las necesidades económicas de los centros. En realidad, las subvenciones, al no contemplar una serie de servicios pedagógicos imprescindibles -bibliotecas, laboratorios, prácticas, gabinetes de orientación...-, consolidaban la enseñanza de mala calidad ya existente.

Por otra parte, si bien se mantenía que la subvención tenía como función atender a las necesidades educativas de las clases más bajas, basta echar una mirada a las listas de colegios subvencionados para advertir que entre ellos se encuentran los más poderosos y predominan los detentados por órdenes religiosas.