La guerra de los tractores

EL HECHO de que haya más de 30.000 tractores perfectamente aparcados en las carreteras españolas va a obligar al Gobierno, sin duda con retraso, a plantearse seriamente qué ha sido, qué es y qué va a ser el sector agrario español.Tras más de quince años de una política desarrollista torpe, mediante la cual los problemas han sido sistemáticamente relegados, no es de extrañar que una cuestión tan concreta como la comercialización de la patata pueda desencadenar un conflicto generalizado que no hace sino mostrar la desesperación «estructural» del agricultor y su hastío de recibir promesas incumplidas, palabras sin obras y afirmaciones demagógicas.

Todo parece indicar que la agricultura no va a seguir siendo el sector residual en cuya resignación se confiaba como medio de amortiguar los bruscos vaivenes de los sectores protagonistas del crecimiento de los «felices sesenta»: industria y servicios. Es justo, además, reconocer que el agricultor español ha demostrado gran flexibilidad de adaptación a un proceso que ha comportado cambios cruentos y costes humanos elevados, por no mencionar su estoica paciencia ante las contradicciones a que le ha venido sometiendo la política -en muchas ocasiones, la falta de política- agraria.

A todo ello se añade el que el sindicato verticalista ha constituido en el campo un sofisticado aparato de manejo y control durante todos estos años, es por ello que el campesino ni va a admitir nuevos intentos de manipular sus acciones por parte de los santones del sindicalismo franquista, pero tampoco es probable que deje que ninguna organización partidista lo haga. Y de ello deben tomar buena nota los nacientes sindicatos; sólo una opción global y clara que sepa entender el estado de frustración económica y social del pequeño y mediano agricultor y que ofrezca vías realistas para la recuperación del sector, puede arrogarse la representación de los intereses campesinos.

Hasta el momento, las autoridades se han negado sistemáticamente a establecer contacto oficial alguno con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos; ese empeno por negar la evidencia de lo que es real ha sido una de las causas de la actual situación. Todavía es pronto para conocer el arraigo de esas organizaciones recientemente creadas, pero pensar que basta negociar con los sindicalistas de siempre la política agraria es gobernar en el vacío y caer en una peligrosa pereza mental.

Entre las reivindicaciones planteadas durante el conflicto, algunas deberían ser inmediatamente atendidas. No hay razones de peso para negar la apertura de negociaciones con la Coordinadora, el desmantelamiento del sindicato vertical, la libre reunión y asociación de los agricultores y la inclusión de éstos en el Régimen General de la Seguridad Social. Sí existen, en cambio, problemas de política económica general para la revisión inmediata de los precios agropecuarios. Ello debe ser objeto de negociación que tenga simultáneamente en cuenta los intereses del agricultor y del consumidor y, por supuesto, han de tomarse medidas urgentes contra los monopolios de venta de inputs agrarios y de compra y comercialización de productos del campo. No resulta fácil comprender que mientras los precios de los bienes agrarios al consumidor sufren alzas importantes, la relación de precios percibidos sobre precios pagados a los agricultores se halla estancada o en descenso desde la campaña de 1976.

Debemos esperar que el Gobierno no cometa el grave error de reprimir por la fuerza este movirrilento de protesta; detenciones, amenazas, tiros, harían degenerar la situación de forma acaso irreversible. Confiarnos tambilén que el Gobierno sepa asumir, esta vez de verdad que por ningún motivo interesa seguir practicando una política por la cual se esquilma al campo simplemente porque su capacidad de contestación es menor que la de otros sectores. En1re otras razones, porque un sector agrario enervado es la peor tarjeta de presentación ante la Comunidad Europea.