La conclusión del caso holandés acelera la investigación en Alemania

Parece que la solución del caso «príncipe Bernardo de los Países Bajos» tendrá consecuencias en la República Federal de Alemania. Un día después de conocerse la declaración del Gobierno de La Haya de que el príncipe Bernardo estaba complicado en el asunto Lockeed, el Gobierno federal alemán ha solicitado el «esclarecimiento total» de una posible implicación alemana en el escándalo internacional. Un escándalo, como muy bien indica un comentarista alemán, «que ha demostrado bien a las claras lo que significa la presión de determinados grupos en el mundo capitalista». Pues bien, el portavoz gubernamental, Klaus Boelling, informó el viernes que el subsecretario de Justicia, Erkel, se desplazará dentro de algunas semanas a Washington para dar los últimos toques a un acuerdo entre Bonn y las autoridad es norteamericanas sobre la entrega de «material de cargo» contra ciudadanos alemanes relacionados de algún que otro modo con la empresa norteamericana. La misión de Erkel consiste en analizar los documentos, en posesión de los norteamericanos, con el fin de averiguar si su contenido es suficiente para iniciar en la República Federal procedimientos judiciales contra algunos sospechosos. Interesa especialmente en Bonn si los presuntos implicados en el affaire han percibido dinero, o sea, si han sido sobornados. Desde que se conocieron los primeros detalles del asunto Lockheed se rumoreaba en los medios periodísticos germanos que, sin duda, también algunos destacados políticos de Bonn debían de estar implicados en el escándalo. Aunque sólo fuese por el hecho de que el Bundeswehr (ejército federal) había adquirido los Starfighter de Lockhed. El jefe del departamento «contra la corrupción» en el Ministerio de Defensa, Fritz-Josef Rahth, permaneció algunos días en Washington, hace ya algunos meses, donde tuvo acceso a bastantes detalles del asunto. Los norteamericanos, sin embargo, han condicionado la entrega de material acusatorio a la promesa de que sea utilizado por el receptor. Es decir, que sólo se entregan los documentos al Estado que lo solicite sí éste se compromete formalmente a proceder contra los implicados en el escándalo.

Una de cal y otra de arena

Bonn, por su parte, no ha dado a entender todavía formalmente que está dispuesto a aceptar esta condición. Lo que desea es obtener material confidencial para su entrega a una comisión parlamentaria de investigación, ya que la persecución penal no sería posible probablemente por la perscripción de los delitos. Es decir, que Bonn acaba de dar una de cal y otra de arena. El mero hecho de que la «posible implicación alemana en el escándalo» se haya tratado con excepcional reserva hasta por la prensa permite algunas deducciones. En primer lugar es evidente que el acontecimiento holandés, que ha obligado a Bonn a adoptar una postura distinta a la anterior, se produce en el instante menos oportuno. En la República Federal todos están pendientes de la campaña electoral. Cualquier alteración, por leve que sea, adquiere instantáneamente las características de un movimiento sísmico de grandes dimensiones. En segundo lugar, nadie conoce a ciencia cierta el «contenido real» de los documentos de Lockheed y los nombres de los presuntos implicados. O sea, que nadie sabrá hasta su publicación cuántos de estos delincuentes pertenecen a una u otra agrupación o partido político. Eventuales revelaciones amplias en este sentido podrían desnivelar la balanza electoral, ciertamente. Algo que nadie desea. De ahí que lo más probable sea el silencio, por lo menos hasta después de las elecciones del 3 de octubre.