España cedió todo para conseguir el acuerdo con Washington

A finales de septiembre de 1975, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, voló a Nueva York con instrucciones precisas de altas instancias del Estado para llegar inmediatamente a un acuerdo con los Estados Unidos, allanando todas las dificultades, entre otras las que durante año y medio había puesto el mismo Cortina, a lo largo de diez tandas de negociaciones. El Estado español, que atravesaba el momento más bajo de su prestigio internacional, debido a los juicios y condenas de los terroristas, necesitaba urgentemente algo que pudiera presentar como un triunfo diplomático, y romper su aislamiento. La posición española había sido hasta septiembre la de que los Estados Unidos deberían retirarse de una o dos bases (Torrejón y-o Morón), y otorgar a España donaciones y créditos para material de guerra, por valor de 1.500 millones de dólares. Los americanos habían elaborado planes alternativos para la reducción del número de bases, y se negaban a aceptar la cantidad en ayuda militar, que consideraban no podría ser nunca pasada por el Congreso. Cortina se presentó en Nueva York, donde debía entrevistarse con el secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger, con una contrapropuesta que hacía tabla rasa de las dificultades: España pedía solamente unos 700 millones de dólares en ayuda militar, y lo más importante, cedía en su exigencia de cierre de determinadas bases. El planteamiento de Cortina sorprendió a los americanos, que se mostraron renuentes a aceptar un acuerdo rápido, en un momento político especialmente adverso, que hubiera supuesto prácticamente una ruptura moral de Estados Unidos respecto de sus aliados europeos. Las cuatro sesiones de trabajo entre Kissinger y Cortina se ciñeron al documento presentado por éste, como fórmula para el acuerdo. Se trataba de un papel, que era lo único que llevó consigo Cortina, donde se contenían unas declaraciones de carácter muy general, y que Cortina llamó, cuando fue discutido, como «acuerdo-marco», y que los americanos preferían llamar simplemente «marco para un acuerdo». La enfermedad de Franco, conocida a partir del 13 de octubre, dio a los americanos más tiempo para pensar las cosas. La muerte del viejo jefe del Estado y el cumplimiento de las previsiones sucesorias crearon un cambio radical de clima. Ni los americanos consideraban político dejar el acuerdo en un mero arriendo de bases, ni el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, podía exigir para la Corona algo menos que un tratado. Aunque se conservó el texto del «acuerdo-marco» como preámbulo, se añadió a lo que iba a ser tratado, el importante artículo V del acuerdo complementario número 2, sin el que el tratado no hubiera sido sino una vigorosa envoltura para un mero arriendo de bases. En efecto, donde el preámbulo Cortina decía que la cooperación hispano-nortearnericana desempeñaba «un importante papel en los arreglos de seguridad de las zonas del Atlántico Norte y Mediterráneo» el mencionado artículo V era específico, y mencionaba la «cosa» en sí, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la que debía de establecerse una «adecuada coordinación». Otro acuerdo complementario establecía «un área de interés común» y los mecanismos para que llegasen a las fuerzas armadas españolas la doctrina e información de los Estados Unidos precisas para conseguir la debida coordinación estratégica, táctica y logística, dentro de la zona de interés común». Aunque el nuevo tratado no aumentó el volumen de la ayuda militar pedida en última instancia por Cortina, ni redujo el número de las bases e instalaciones americanas en España, dotó a la nueva Monarquía de su poderoso instrumento político, que permitió en su día el brillante éxito del viaje del Rey a los Estados Unidos, y que también podría permitir, más adelante, desarrollar una cooperación militar destinada a sacar a España y a sus fuerzas armadas de su lazareto en el contexto defensivo y de seguridad de occidente.