La nueva ley del cine amplía sus ayudas a las series de televisión y protege la Filmoteca Española y sus archivos

Habrá ayudas a la producción de series; la Filmoteca Española recibe la protección de BIC (Bien de Interés Cultural), lo que asegura el cuidado del patrimonio audiovisual que se conserva en sus distintos almacenes y centros de restauración; y se mantiene la definición de productor independiente, uno de los campos de batalla de los últimos años del sector. El anteproyecto de la Ley del Cine que está previsto que salga este martes del Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un cambio de paradigma. Es cierto que será la orden que desarrolle el reglamento del marco legislativo la que concrete las medidas ahora apuntadas, pero la norma jurídica contiene suficientes mandatos novedosos como para entender la trascendencia de algunos de sus títulos. El anteproyecto ha tardado mucho tiempo en cuajar: a finales de febrero parecía inminente su paso por el Consejo de Ministros, un tránsito que finalmente se dará 10 meses después. Ha sufrido algunas, pequeñas, variaciones en las negociaciones con diferentes sectores de la industria audiovisual y viene a sustituir a la actual ley, que cumple justo ahora 15 años: nació un 28 de diciembre de 2007.

La ley calmará a los productores independientes, que han estado subrayando durante meses la contradicción de disfrutar de un 2022 de increíble calidad fílmica, en la que incluso una película española ganó en la Berlinale —Alcarràs, de Carla Simón—, con la aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual, que al final de la primavera abrió la mano al considerar productor independiente a un productor de un gran conglomerado audiovisual privado si prepara un proyecto para otro conglomerado. En esta Ley del Cine, la definición del productor independiente se mantiene como en la norma que viene a suplir, no se toca. También se definen qué son distribuidores, agentes de ventas internacionales y exhibidores independientes, conceptos que marcarán el posterior reparto de ayudas.

En este articulado, plantea que “el ICAA [Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales] podrá conceder ayudas a distribuidoras independientes para la distribución de obras audiovisuales a través de servicios de comunicación audiovisual, principalmente a los de acceso condicional”. Es decir, no solo a las películas que vayan a salas comerciales. Por cierto, no podrán recibir ayudas “las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual”, es decir, producidas por plataformas... siempre que, y ahí está el posible regate legal, las produzcan ellas. En numerosas ocasiones, las plataformas califican de originales a filmes comprados.

Aprobación antes de que acabe la legislatura

Su paso hoy por el Consejo de Ministros permite que pueda aprobarse antes de que se termine la presente legislatura. Según el preámbulo del nuevo texto, un anteproyecto que ahora se bautiza como Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para remarcar el cambio de paradigma, se busca “el fortalecimiento y apoyo de toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial que opera en el ámbito de la cinematografía y del audiovisual, con especial atención a los sectores independientes [...]; el respaldo a los autores y autoras y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual [...]; la adaptación a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo, en paralelo al devenir de los procesos de digitalización y de desarrollo sostenible; la defensa de la competencia y los equilibrios en el mercado audiovisual [...]; y la puesta en valor del patrimonio audiovisual, a través de su reivindicación, del desarrollo de audiencias y de programas educativos”.

Hay bastantes novedades: aparece el Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual “para favorecer una mayor colaboración público-privada; para evaluar las políticas públicas; para desarrollar un Plan de Fomento de la Alfabetización en Cultura Cinematográfica y Audiovisual y de Creación de Audiencias; e impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias”. Ahora bien, sobre su composición no se va más allá de que “estarán representadas las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, así como los sectores de la cinematografía y la cultura audiovisual”.

Fuentes del ministerio aseguran que las nuevas líneas de producción de las series no saldrán del actual Fondo de Garantía, que con la aprobación de la ley se denominará Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual. “Las ayudas al cine se mantienen, no menguan al entrar las series”, insisten. Con todo, la ley habla constantemente de “productos audiovisuales”.

Y por ello, entra a definir qué es una película para televisión, un piloto, una temporada y, por supuesto, una serie: “Obra audiovisual formada por un conjunto de episodios con o sin título genérico común, destinada a su comunicación pública por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada episodio corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente”.

También cambia la cuota de pantalla, en el artículo 15, que tienen que cumplir los exhibidores. “Se efectúa una regulación más flexible de la cuota de pantalla, que permite su cumplimiento con la programación de cine iberoamericano además de cine europeo, que otorga valor doble para el cumplimiento de la cuota a las películas europeas o iberoamericanas dirigidas exclusivamente por mujeres, y que reduce también el porcentaje de obras de este tipo que deben programarse sobre el total de las exhibidas para cumplir con la obligación”, que se queda en un 20% (en líneas generales, ya que está sujeta a numerosas excepciones). Por primera vez se tiene en cuenta al cine iberoamericano en lo que, el ministerio subraya, es una apuesta por la protección del idioma. En la ley se apunta en este sentido: “El cine iberoamericano es referente natural de nuestra cinematografía e industria audiovisual”.

Otra medida anunciada en el anteproyecto de febrero y que ahora se confirma en el articulado es que no solo las salas están obligadas a ofrecer datos de asistencia, sino que ahora también deberán hacerlo “las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición de ámbito estatal”. Eso sí, se remite a un “mecanismo que se determine reglamentariamente”. Las plataformas deberán hacer públicos sus datos para que, entre otros objetivos, los autores puedan conocer el resultado de sus obras y reclamar los derechos de propiedad intelectual, que es otro de los mensajes más repetidos en este anteproyecto de la nueva Ley del Cine. Otro de los mensajes clave: la norma espera fomentar la igualdad, la sostenibilidad y la facilidad de acceso para las personas con discapacidad. Son en algunas ocasiones criterios relevantes, y en algunos casos, imprescindibles para elegir los proyectos que puedan recibir ayudas públicas. El texto incide en incorporar un “lenguaje no sexista e inclusivo”.

La última prioridad, la de la conservación del patrimonio, llegará con la calificación de la Filmoteca Española de Bien de Interés Cultural (BIC), intención ya anunciada en febrero, con lo que obtiene especial protección tanto su continente como su contenido. Para ello, hay un apartado en este anteproyecto que dispone de la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español con la creación de un nuevo título VII bis. Así, “se otorga al patrimonio cinematográfico y audiovisual una identidad propia, teniendo en cuenta que las obras cinematográficas y audiovisuales, además de su intrínseco valor cultural, son una fuente de información histórica y un testigo fundamental para la historia de la riqueza de las diferentes identidades culturales de España y de Europa y de la diversidad de sus gentes”.