La nueva ley del cine quiere proteger con ayudas específicas las películas y series independientes

Una de las palabras que más se repite en el texto de la nueva ley del cine es “independiente”. El Gobierno teme que las películas y series de autor, experimentales u originales acaben rendidas ante los superpoderes de los grandes estudios. Y, por eso, el anteproyecto de la reforma, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye medidas para incentivar la producción, distribución y exhibición de obras para cine y televisión que se filman al margen de las principales corporaciones.

Entre los principios que motivan la normativa se destaca la “especial atención a los sectores independientes por constituir los elementos esenciales de la diversidad cultural”. El texto también abarca por primera vez las series e incorpora la posibilidad de que reciban subvenciones, al igual que los largos que no se estrenen en salas. No es casualidad que la normativa se haya bautizado como Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Está previsto que el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes.

Los números ayudan a entender la preocupación del Ejecutivo. En 2021, las salas de España se recuperaron parcialmente, con 41 millones de asistentes, pero se quedaron muy lejos de las cifras de espectadores anteriores a la pandemia, según datos de la consultora especializada Comscore. De media, cada ciudadano fue al cine tan solo 0,9 veces a lo largo del año pasado. Y una de cada tres entradas vendidas fue para los 10 filmes más vistos. Por tanto, decenas y decenas de estrenos de menor músculo se ven obligados a pelear por llevarse al menos un minúsculo trozo del pastel y de visibilidad. A esto se suma que la mitad de las producciones que llega a las salas españolas procede de EE UU, según cifras del Observatorio Audiovisual Europeo. Por todo ello, no resulta muy alentador el pronóstico sobre el futuro del séptimo arte en su vertiente más creativa, una industria ya herida por la crisis sanitaria, aunque la presencia creciente de plataformas de streaming donde el cine independiente suele tener algo más de cabida ha ofrecido cierto un consuelo.

Ahora, la nueva Ley del Cine también puede ser motivo de esperanza. El texto incorpora una definición de lo que entiende por productora —más en línea con las últimas reivindicaciones de las empresas de este tipo—, distribuidora y exhibidora independiente. Y abre la puerta a subvenciones para cada una de las categorías. Ante todo, se establece como segundo pilar de la acción del Instituto Nacional de las Artes Cinematográficas (ICAA) que “fomentará y favorecerá la producción independiente, con incentivos específicos, y medidas que faciliten la competitividad y desarrollo de las empresas, y la coproducción internacional”. La vía principal será el apoyo económico: “Se podrán conceder ayudas a productoras independientes para proyectos de largometraje y de otras obras audiovisuales que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social; proyectos de carácter documental, y proyectos de carácter experimental, con especial atención, en cada uno de los supuestos, a la realización novel, a las obras de animación y a las coproducciones internacionales”, reza el artículo 22.

También se podrán destinar fondos públicos a las distribuidoras independientes, como señala el artículo 24. El texto se refiere tanto a proyecciones en las salas comerciales como en “espacios alternativos” o “internet”. Y hace una mención explícita al apoyo de “largometrajes y cortometrajes que den a conocer ámbitos poco conocidos del audiovisual o que tengan difícil acceso al mercado”. Finalmente, el artículo 25 permite crear ayudas, tanto estatales como de las Comunidades Autónomas, para las salas de exhibición, “preferiblemente aquellas que lleven a cabo una programación especializada en producción europea e iberoamericana, en versión original, que incluyan cortometrajes, o radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales”.

Todos los cines, además, tendrán que respetar una cuota: al menos el 20% de la programación anual deberá consistir en películas de la UE o iberoamericanas. Y, dentro de esa categoría, la ley quiere estimular la proyección de ciertos filmes, cuyas sesiones tendrán valor doble en el cálculo de ese 20%: documentales, animación, largos dirigidos por mujeres, con subtítulos en lenguas cooficiales del Estado, con recaudación escasa (por debajo de 200.000 euros), “o que incorporen sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad física o sensorial”, entre otras. Mantener uno de estos filmes en cartelera al menos 17 días también se contabilizará dos veces de cara a cumplir con la cuota.

Las nuevas dinámicas del sector

La reforma pretende modificar la actual ley, en vigor desde 2007, cuando la opción más frecuente para ver un filme en casa era un DVD, aunque ha sido actualizada de forma parcial en varias ocasiones. “Dada la envergadura de estos cambios, resulta imprescindible contar con un marco normativo que entienda las nuevas dinámicas del sector”, reconoce el texto. “La actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad”, agrega. Y refleja, así, una realidad que ya existe: directores y guionistas trabajan indistintamente para ambos formatos, y hace años que las series invaden festivales de cine tan históricos como Cannes, Venecia o San Sebastián. De ahí que la ley incorpore la definición de “otras obras audiovisuales”: “Las que no estén destinadas en primer término a ser exhibidas en salas de exhibición cinematográfica, sino que llegan al público a través de otros actos de comunicación pública o de distribución”. El propio Fondo de Protección a la Cinematografía, cuya dotación se fija cada año en los presupuestos generales del Estado, cambiará de nombre para añadir “y al Audiovisual”. Además, a las ayudas a películas para salas se sumarán subvenciones para series y filmes que tengan otros canales de estreno.

Fruto de este nuevo mundo es también otra medida, que los exhibidores venían reclamando desde hace tiempo. Además de las salas, obligadas desde hace años a ofrecer datos sobre sus asistentes, ahora también “las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición de ámbito estatal” deberán comunicar al ICAA los visionados de cada obra. Es decir, plataformas como Netflix o HBO Max se verán forzadas a compartir sus cifras internas de audiencia, hasta ahora custodiadas con máximo secretismo y nula transparencia. Así lo confirma la interpretación de una fuente gubernamental conocedora del anteproyecto. Aunque el texto remite todo al “mecanismo que se determine reglamentariamente”. De eso dependerá la magnitud del cambio. El ICAA, además, publicará periódicamente esos datos. Uno de los objetivos es que los autores puedan conocer el resultado de sus obras, de cara a reclamar los derechos de propiedad intelectual.

En paralelo, en el Congreso, avanza hacia su aprobación otra normativa clave: la Ley General de Comunicación Audiovisual, que afronta la fase de enmiendas y que pretende obligar a las grandes plataformas a financiar con al menos el 5% de sus ingresos en España la producción audiovisual nacional.

El ICAA, según la nueva ley del cine, tendrá más obligaciones: deberá elaborar cada cuatro años un plan estratégico del sector, y mantener un seguimiento de su implementación, sus objetivos y sus plazos. La normativa incluye también la posible creación de ayudas a la investigación, promoción o conservación del patrimonio fílmico y audiovisual español. Y obliga al Gobierno a crear, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual: será un organismo autónomo, con función de interlocución para facilitar la colaboración público-privada y participar e impulsar el desarrollo del sector.

De fondo, la ley alude en varias ocasiones a cuestiones que considera clave. El texto deja claro que el fomento de la igualdad, la sostenibilidad y la facilidad de acceso para las personas con alguna discapacidad son objetivos de toda la reforma y serán criterios relevantes, o en algunos casos imprescindibles, a la hora de elegir los proyectos que puedan recibir ayudas públicas. En eso también el mundo ha cambiado. El nuevo texto presume de haber incorporado un “lenguaje no sexista e inclusivo”.

Salas y películas X

La nueva Ley del Cine prevé medidas específicas para las llamadas salas X y los filmes que ahí se muestran. De hecho, ese tipo de cines y locales no podrán proyectar ningún otro tipo de película que no sean las “calificadas como X”. En cuanto a estas obras “en su publicidad o presentación únicamente podrá utilizarse su título y los datos de la ficha técnica y artística, con exclusión de toda representación icónica o referencia argumental. Dicha publicidad solo podrá ser exhibida en el interior de los locales donde se proyecte o comercialice la obra o incluida en las carteleras informativas o publicitarias de los medios de comunicación. En ningún caso el título de la película podrá explicitar su carácter pornográfico o apologético de la violencia”.