Ni tan modélica ni pacífica: los años de plomo de la Transición

Entre el rosa y el negro hay infinitos matices, también en la historia contemporánea. En España, ese momento telúrico —casi abismal— que va del tardofranquismo a los primeros años de la democracia se revela cada vez más turbio. En paralelo al desarrollo y aprobación del proyecto de Ley de la Memoria Democrática el pasado julio y la redacción del anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, en los últimos años se han publicado nuevos estudios que documentan que los primeros años de democracia estuvieron sembrados de violencia y la represión, como El mito de la Transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), de Sophie Baby (Akal, 2018); La Transición oculta. Ni modélica ni pacífica, de Luis Miguel Sánchez Tostado (Almuzara, 2021); La secreta de Franco, de Pablo Alcántara (Espasa, 2022); Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición, de David Ballester (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2022), o El TOP. La represión de la libertad, de Juan José del Águila (CPGE, 2020).

“Yo viví esa época de adolescente, y me creí todo eso de la Transición tranquila. Pero tras años de investigación he llegado a la conclusión de que de sus luces se han explicado mucho, pero de sus sombras no se ha dicho casi nada”, afirma el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado, autor de La Transición oculta. Ni modélica ni pacífica. Entre la esperanza y el terror, ese cambio de rumbo político “fue dificilísimo, más complicado de lo que se ha dado a conocer. Se desarrollaron tramas de poder, de guerra sucia y de dolor, y quedan muchos sucesos por contar”, advierte.

En un país que tiene el segundo puesto mundial de desapariciones forzadas —miles de personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, solo por detrás de Camboya y por delante de Argentina o Chile, según un informe de Naciones Unidas de 2014—, lo que no se sabe sigue siendo un reto.

Setecientos muertos en siete años

Había ilusión, había esperanza y hubo un audaz esfuerzo de entendimiento. Pero, en paralelo, estas nuevas investigaciones atestiguan una violencia salvaje en el tiempo que transcurre entre la muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 y las elecciones generales de octubre de 1982: 700 asesinatos, 3.000 acciones violentas, miles de encarcelados y cientos de torturados, algunos de ellos periodistas.

La violencia de aquella época la relata el periodista José Antonio Martínez Soler en sus memorias La prensa libre no fue un regalo. El 2 de marzo de 1976 fue secuestrado por cuatro personas cuando salía de su casa de Madrid a plena luz del día, lo torturaron durante horas y vivió incluso un fusilamiento simulado. Su “delito” fue publicar un reportaje sobre la cúpula de la Guardia Civil en la revista Doblón, de la que entonces era director.

La violencia política —abierta en canal a veces, soterrada en otras— se situó en la médula misma del proceso de la Transición, reflexiona la historiadora Sophie Baby en El mito de la Transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982). La obsesión de la reconciliación nacional fue el objetivo en ese periodo convulso, y fue mucho lo que se supeditó a la vieja idea de “orden” franquista.

Se vivieron muchos tipos de violencia en aquellos años. Estaba la violencia de tipo contestataria, proveniente de grupos de la extrema derecha como el Batallón Vasco Español, Grupos Armados Españoles o Guerrilleros de Cristo Rey, de grupos terroristas de tipo nacionalista radical como ETA, y de extrema izquierda como GRAPO o FRAP.

Y estaba también la violencia de Estado, muchas veces auspiciada por cuadros franquistas actuando en democracia. La suma de estas estrategias de tensión y terror, opuestas ideológicamente, aunque con un objetivo común de inculcar “en la opinión pública la idea de que la democracia es sinónimo de desorden, de violencia y de caos”, escribe Baby, dio lugar a un clima de “violencia política de tipo generalizado”, afirma.

Su investigación contabiliza en 536 las muertes en manos de la denominada violencia contestataria, y 178 los muertos a manos del Estado, una vez fallecido el dictador, sea por torturas, por “incidente policial” o por actos de brutalidad en represión de manifestaciones.

A tiros en la iglesia

Ante estas violencias, el mito de la Transición pacífica cae por su propio peso, pareciéndose más a los tenebrosos “años de plomo” de la década de los años 70 en Italia, según la historiadora francesa. El primer muerto en democracia a manos de las Fuerzas de Orden Público fue el trabajador Teófilo del Valle, abatido a tiros en una manifestación en Elda (Alicante) el 23 de febrero de 1976. Apenas una semana después, el 3 de marzo, se produjo la llamada “matanza de Vitoria”, en la que fueron asesinados cinco obreros y fueron heridas centenares de personas cuando la policía entró a tiros en la iglesia de San Francisco, donde se celebraba una reunión por una huelga general. Luego siguieron muchos más.

Los trabajos de estos historiadores coinciden en denunciar que en esa senda entre el franquismo y la Transición no hubo procesos de depuración en los cuerpos represivos de la dictadura como el Ejército, la Policía, la Guardia Civil y sus respectivos servicios secretos, con su ejercicio del miedo y sus armas intactas. Eso generó un ángulo ciego que abonó un vasto campo de acción de prácticas arbitrarias de tensión y violencia, según Baby. Se dejó en puestos supuestamente democráticos a las fuerzas represivas de la dictadura —encargadas durante 40 años de vigilar policial y políticamente a los ciudadanos—, lo que facilitó todo tipo de acciones para “imponer su propia visión del porvenir político del país”.

La temible secreta de Franco

En los primeros pasos de la democracia, esa herencia franquista veía cualquier amago de protesta —estudiantil, del barrio, social o cultural— como una forma de subversión: por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 1977 se produjeron 4.203 detenciones por delitos políticos. En esa labor tuvo mucho que ver la Brigada Político Social (BPS) —la verdadera guardia pretoriana de Franco, según Manuel Vázquez Montalbán—, la policía política franquista, temida por su extrema violencia y por el uso habitual de la tortura.

“Mi sorpresa al hacer la investigación ha sido ver el grado de impunidad con el que la Político Social siguió trabajando durante la democracia”, explica Pablo Alcántara, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de La secreta de Franco. El análisis de Alcántara demuestra que, a pesar del cambio de sistema político, la mayoría de los agentes de la BPS permanecieron en sus puestos. Incluso algunos, como Roberto Conesa o Antonio González Pacheco —conocido como Billy el Niño—, fueron ascendidos o condecorados por su labor antiterrorista en sucesivos gobiernos demócratas.

La Ley de Amnistía de 1977, que permitió que los presos políticos dejaran de tener cuentas pendientes con la justicia, ofreció, a su vez, el “perdón” a cualquier acto de represión y violencia a la policía política y otras fuerzas del orden durante la Guerra Civil y la larga dictadura, relata Alcántara. Con aquella nueva legislación en la mano, el inspector José Matute, jefe de la BPS de Tenerife, se libró de dos causas abiertas por tortura en septiembre y octubre de 1975, respectivamente: una al estudiante antifranquista Juan Trillo, y otra —con resultado de muerte— al trabajador y militante comunista Antonio González.

A finales de los años 70, desde dentro de los embrionarios sindicatos policiales democráticos algunos denunciaron los modos violentos y las conexiones con la extrema derecha de compañeros suyos, pero fueron ninguneados y en algunos casos depurados por el cuerpo. “En los 80 se empezó a apartarlos, pero muchos fueron altos cargos incluso en los años 90″, denuncia Alcántara.

El tribunal que todo lo vigilaba

La relación entre la BPS y el Tribunal de Orden Público (TOP), aparato judicial de carácter civil para juzgar delitos políticos, fue muy estrecha, dado que un alto porcentaje de los detenidos venían de manos de la terrorífica secreta y sus informes de “mala conducta social”. En su libro El TOP. La represión de la libertad, el jurista Juan José del Águila detalla que “mala conducta social” podía ser decir, por ejemplo, “me cago en Franco” estando borracho en un bar y que te cayeran 10 años por orden del TOP, como le pasó al albañil Timoteo Buendía.

En su investigación, Del Águila revela cómo este tribunal, que funcionó desde el 2 de diciembre de 1963 hasta el 4 de enero de 1977, era una máquina burocrática de represión para controlar a cualquier persona con un mínimo atisbo de lucha por la libertad o la democracia. Las cifras asombran: en sus 13 años de existencia incoó 22.660 procedimientos que afectaron a más de 50.714 personas y procesó a 9.146.

La máquina trabajó a pleno rendimiento hasta el último aliento. Entre 1975 y 1976 ese tribunal puso en marcha 9.628 procedimientos que afectaron a casi 20.000 personas. Y queda claro su carácter represor: del 77% de las conductas consideradas delitos y castigadas por el TOP, a partir de 1978 la Constitución las pasó a tipificar como derechos y libertades fundamentales.