Bono para jóvenes o Estatuto del Artista: el Ministerio de Cultura afronta en 2022 el peso de sus promesas

La política, como la vida, está llena de promesas. Pero lo más importante, en ambos casos, es cumplirlas. De ahí que el Ministerio de Cultura y Deporte afronte un año repleto de desafíos. Entre compromisos asumidos en comparecencias públicas y documentos oficiales, sobre la mesa del departamento que dirige el socialista Miquel Iceta se acumulan los asuntos con una fecha de caducidad urgente: han de resolverse a lo largo de 2022 cuestiones tan relevantes como la puesta en marcha del bono cultural para los jóvenes, el desarrollo del estatuto del artista, impulsar la transposición definitiva de las directivas europeas sobre el sector audiovisual o los derechos de autor, o la aprobación de las nuevas leyes de patrimonio histórico y del cine. El propio ministerio, al fin y al cabo, ha presumido de esos plazos. Ahora se trata de respetarlos.

Vaya por delante una atenuante: la pandemia ha trastocado buena parte de los planes para la primera mitad de la legislatura. Y, en el caso de la cultura, se dio prioridad a las distintas líneas de apoyo a creadores e instituciones, también gracias a los fondos europeos. Pero, ahora, el sector pide una vuelta a la normalidad también en la actividad política. Y el ministerio se muestra optimista: hace semanas, lanzó una nota de prensa donde subrayaba las actuaciones realizadas en 2021 o en proceso de resolverse, a raíz del informe Cumpliendo, con el que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos analiza su gestión anual. De cara a este año, aquel balance resulta un buen punto de partida: por sus hechos, pero también por sus omisiones.

Hablaba, por ejemplo, de “notables avances en el desarrollo del Estatuto del Artista”. Pero hace tres años y medio desde que la Comisión de Cultura del Congreso aprobó, con el consenso de todos los partidos, un informe que contenía 75 medidas para proteger al peculiar e inestable trabajo artístico. Y, desde entonces, apenas un puñado de esas propuestas se ha convertido en ley. Las dos reuniones de la Comisión Interministerial ad hoc impulsada por Iceta, que recuerda el comunicado de Cultura, no bastan al sector. El propio ministro y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguraron a finales de diciembre en un acto conjunto que todas las medidas serán realidad antes de 2023. “La comisión interministerial es el espacio esencial que permitirá llevar adelante de una manera más acelerada los trabajos pendientes. Pero es cierto que todavía no hemos acabado de avanzar al nivel que todos querrían”, reconoce Marc Lamuà Estañol, portavoz socialista en la Comisión de Cultura. “Pagamos durante la pandemia que no se hubiera puesto en marcha el Estatuto del Artista. Muchas de las propuestas tendrían que estar aplicadas. Debemos hacer autocrítica colectiva”, concede María del Mar García Puig, portavoz de Unidas Podemos en el mismo organismo.

Entre los compromisos cumplidos, el balance del ministerio colocaba la transposición de dos directivas europeas, sobre el derecho de autor y el sector audiovisual. El proceso hasta que estén en vigor, sin embargo, sigue abierto. Ambas, de hecho, ya han incumplido los plazos que exigía la Comisión Europea. La primera —que pretende adaptar el copyright al mundo digital y proteger más a los creadores, aunque ha sido criticada por reducir la libertad en internet— fue aprobada por decreto ley, pero tendrá que tramitarse en el Congreso. “No lo vemos como un logro. Resultó más bien algo bochornoso. Se transpuso tarde, y junto con otras siete directivas que no tenían nada que ver”, lamenta María Soledad Cruz-Guzmán García, portavoz del PP en la Comisión de Cultura. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la visión general de un portavoz de Vox.

En cuanto a la normativa sobre el sector audiovisual —que introduce la obligación para plataformas como Netflix o Disney+ de incluir al menos un 30% de obras europeas en su catálogo, además de destinar parte de sus ingresos a financiar filmes y series españolas, también en lenguas cooficiales—, el propio comunicado de Cultura reconocía que aún se encuentra en tramitación en el Congreso. “Por el procedimiento de urgencia”, apuntan fuentes del ministerio. García Puig subraya que esta iniciativa ha sido negociada a fondo y sus ponencias pueden ser “relativamente cortas”.

El bono cultural es otra tarea a medias. Incluido en los Presupuestos Generales del Estado, ha entrado, por tanto, en vigor el pasado 1 de enero. Pero, para que los jóvenes que cumplan 18 años puedan recibir 400 euros que gastar en actividades, productos y suscripciones del sector, queda su desarrollo. El propio Iceta estimó mayo o junio como un plazo apropiado. “Desde hace semanas, el ministerio está trabajando en el bono cultural y actualmente se está ultimando la redacción del decreto que lo desarrolle. La intención es llevarlo al Consejo de Ministros próximamente”, afirman fuentes de Cultura.

El ministerio da por cumplido también el “fortalecimiento de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual”, encargada de combatir la piratería. Aunque, a preguntas de este diario, no concreta en qué consiste el refuerzo y remite a un decreto ley previsto a lo largo de este año. Y respecto al “apoyo a las librerías y el sector de la traducción” que también se destaca en el documento, fuentes de Cultura detallan: “Se han concedido premios y se han realizado encuentros con los creadores y las creadoras literarios y representantes de las asociaciones. Se ha creado, convocado y resuelto una nueva línea para subvenciones para la traducción de libros entre lenguas del Estado; se han convocado las ayudas a la edición de libros y revistas culturales por valor de 2,2 millones de euros”, entre otras medidas. “El inicio del programa de actividades de España como Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022″ o “el nuevo convenio de capitalidad cultural con Barcelona, con la concesión directa de inversiones a diversas entidades de la ciudad por valor de 20 millones de euros” son otros logros que reivindica el ministerio.

Del año pasado procede también el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024, presentado en diciembre. Aunque será estos meses cuando tenga que demostrar su valor y eficacia. Y ya previstas para 2022, como muestra el Plan Anual Normativo del Estado, son tres reformas que el sector pide desde hace tiempo. El Anteproyecto de la nueva ley del cine, que actualizará una normativa anclada a 2007, parece estar al fin listo para el estreno. “Esperamos llevarlo al Consejo de Ministros en febrero”, explican fuentes ministeriales. Y la nueva ley del patrimonio histórico también es una promesa que debe realizarse este año, igual que la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor. Aunque la cuenta atrás que interesa más al sector es otra: que los tres textos, una vez aprobados por el Gobierno, acaben convertidos en ley antes del final de la legislatura.

“No creo que ninguna ley que no haya ni empezado pueda estar lista a tiempo. Lo veo bastante irrealizable”, expresa su escepticismo la portavoz del PP. Y añade otra preocupación: que parte de los millones de euros de ayuda que Bruselas concedió a España no se ejecute en los plazos marcados por la UE. Desde Cultura, no cuantifican los fondos aún por comprometer y responden así: “Las Comunidades Autónomas están todavía en plazo de resolver las convocatorias de 2021. El primer objetivo que este Ministerio debe cumplir vence en junio de este año y todas las unidades del departamento están trabajando de forma denodada para alcanzarlo”.

Y para el final de la legislatura quedan pendientes también otros compromisos, incluidos en el acuerdo de coalición sobre el que PSOE y Unidas Podemos crearon el actual Gobierno. Ahí se apuntaban el eterno sueño de un Pacto de Estado por la Cultura, que todos los partidos comparten pero del que no hay noticias concretas, y un “Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural”. “Es uno de los grandes retos y lo hemos hablado directamente con el ministerio”, subraya la portavoz de Unidas Podemos. Y recuerda el informe, realizado en el marco del plan de trabajo del Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, que concluyó en octubre de 2020 que el 82% de las direcciones artísticas de las instituciones públicas está en manos de los hombres.

Los tres portavoces coinciden en que, además de la labor del ministerio, la Comisión de Cultura también tiene una responsabilidad clave ante los desafíos de 2022. En una política española cada vez más crispada, este organismo se mantuvo en los últimos años como un oasis, donde todos los grupos priorizaban el acuerdo por encima del interés electoral. Pero García Puig y Lamuà Estañol avisan de que parte de ese consenso se ha ido perdiendo y ha de recuperarse. La diputada de Unidas Podemos agrega: “Entre todos los miembros de la comisión debemos impulsar su calendario y su trabajo”. De momento, el organismo no tiene convocatorias previstas.