Yolanda Díaz y Miquel Iceta afirman que el Estatuto del Artista “frenará el abuso de la temporalidad” en el sector cultural

Ya queda menos para que se plasme de una vez el Estatuto del Artista. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, han anunciado que “en enero de 2022 habrá un borrador, que se debatirá con el sector, para reformar el real decreto de 1985, que es un reglamento obsoleto y que debe adaptarse a las nuevas realidades”, sobre la relación laboral de los artistas en espectáculos públicos.

La creación de un Estatuto del Artista, que atienda a las especificidades del sector, es una lucha histórica desde que la Unesco recomendó en 1980 a los Estados que desarrollaran marcos normativos adecuados para mejorar las condiciones profesionales, sociales y económicas de los artistas.

Díaz e Iceta han comparecido en rueda de prensa para comentar los trabajos de la comisión interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista, creada en julio, que se reunió por primera vez en septiembre y ha vuelto a hacerlo ahora. Para la letra de ese futuro estatuto habrá que tener en cuenta “el nuevo concepto de espectáculo público, las nuevas formas de realización y presentación de los artistas a través de las redes sociales, formatos de streaming, plataformas de vídeo o contenidos on line”, ha subrayado Díaz.

Los ministros se han comprometido a desarrollar el Estatuto del Artista a lo largo de 2022, sucesivas medidas que irán anunciando, ha dicho Iceta. El compromiso es que el texto definitivo esté el próximo diciembre. “Esta vez sí se va a culminar esta labor”, ha subrayado el ministro.

Entre las pocas concreciones señaladas sobre el futuro Estatuto, Díaz ha destacado “la delimitación de los falsos autónomos, la mejora del concepto de empleador, haciendo expreso el papel de las Administraciones públicas; también, la reformulación del régimen de contratación, con el freno al abuso de la temporalidad y la modificación de la ley de 2007 sobre el autónomo, así como una atención específica en las prestaciones por desempleo”. No hay que olvidar que las cifras oficiales sitúan el porcentaje de autónomos en la cultura en torno al 30%. Todo ello, no obstante, está condicionado por la inminente reforma laboral, que el Gobierno negocia con sindicatos y patronal.

Iceta ha apostillado que para la próxima reunión de la comisión, que será en febrero, con vocales de siete ministerios, se debatirán, sobre todo, “los aspectos laborales y de seguridad social” que afectan a los trabajadores del sector cultural. La actividad cultural es en general temporal, por lo tanto, no puede ser regulada como los procesos productivos de carácter permanente: “Se trata de adaptar a la Seguridad Social las especificidades del trabajo cultural porque las leyes están pensadas con carácter generalista”. Iceta ha indicado que en la comisión hay cuatro grupos de trabajo, “uno sobre materia fiscal, otro de laboral, de seguridad social y de educación” y que hasta el momento “se han celebrado 14 reuniones de las que en cinco han participado 25 asociaciones de distintas áreas del sector cultural: directores, guionistas, trabajadores del audiovisual, publicitarios, ilustradores, sector del cómic, de la magia, sindicatos de actores y actrices, empresarios de teatro, organizadores de festivales de música, empresarios y profesionales del circo, compañías y empresas de danza, cantantes líricos, trabajadores del espectáculo, toreros, picadores y banderilleros o artistas plásticos”.

Díaz ha recordado que una subcomisión del Congreso en junio de 2018 contó con el respaldo de todos los partidos en la redacción del informe sobre el que ha ido trabajando el Ejecutivo. Sobre la necesidad de que se apruebe un texto definitivo, la vicepresidenta segunda ha reconocido que hay “una deuda histórica con el sector cultural que, además, ha sido un gran damnificado” por la crisis propiciada por la pandemia.