La necesidad imperiosa del Estatuto del Artista

En 1980 la UNESCO publicó una Recomendación para que los Estados desarrollaran marcos normativos adecuados de cara a mejorar las condiciones profesionales, sociales y económicas de las personas artistas[1]. Así, la 21ª Conferencia General reconocía el valor fundamental del trabajo creativo y marcaba una hoja de ruta para dar seguimiento a las medidas que los países debían implementar. Por ese motivo, cada cuatro años se prepara un informe que se eleva a la Conferencia General de cara a conocer las decisiones que se toman sobre esta materia. En realidad no hemos avanzado mucho. La crisis del Covid-19 ha puesto de nuevo de manifiesto que la situación de desprotección de los profesionales de la cultura sigue siendo tan evidente como hace cuarenta años. El desarrollo de modelos de contratos, las coberturas de la seguridad social, la asistencia sanitaria, siguen en los mismos niveles de desprotección para las personas que se dedican a la creación de nuestra cultura.

En 2020, el Parlamento Europeo publicó una Resolución para la recuperación del sector cultural de los Estados miembro, en el que hace un llamado a la Comisión Europea para que desarrolle un marco de referencia dirigido a la protección del trabajo en el sector de las Industrias Culturales y Creativas (ICC)[2]. A partir de ese momento se han iniciado discusiones, proyectos e iniciativas en las que diferentes grupos de trabajo, en los que participa la Fundación Alternativas, buscan soluciones para cubrir la imperiosa necesidad de conseguir una protección adecuada para los profesionales de la cultura. Aunque la UE no tiene competencias en la materia, la intención es que los Estados trabajen en sus legislaciones nacionales para avanzar en este sentido.

En el marco de esta reflexión, una de las mayores dificultades es hacer entender a responsables del ámbito de la seguridad social, la legislación laboral y el mercado, que la creación artística es un proceso y no un producto o un servicio. En este sentido, es importante acompañar las numerosas actividades que permiten llegar a la conclusión de un proyecto creativo materializado de diversas maneras. Una exposición, una coreografía, un guion o una novela son el resultado de un largo recorrido de reflexión intelectual que se alimenta de múltiples elementos y necesita sus propios tiempos. En estos momentos las personas que se dedican a la creación artística no encuentran modelos adecuados para amortizar la inversión, personal y económica, que supone el proceso creativo. Además, podemos comprobar cómo, en muchas ocasiones, los contenidos culturales se ponen a disposición del público sin que su autor intelectual perciba una retribución justa.

Los profesionales de la cultura necesitan un reconocimiento real de su contribución a la sociedad

Debemos tener en cuenta además que nos encontramos en un momento decisivo en la evolución del ecosistema digital, y que este es un espacio en el que los contenidos culturales son omnipresentes. El desarrollo de los marcos legales de regulación de los mercados digitales intenta recoger la particularidad de los creadores, pero estamos viendo que, en muchos casos, se discrimina por sectores en el pago de los derechos de propiedad intelectual. Son muchos los matices a contemplar, y debemos estar atentos para que se comprenda la realidad de unos profesionales sin los que sería imposible la existencia de estos contenidos.

En la Fundación Alternativas hemos podido comprobar que la situación es similar en nuestro marco europeo de referencia, aunque algunos países como Irlanda[3] y Finlandia[4] han implementado medidas de protección más ambiciosas. En el caso de España, el desarrollo del Estatuto del Artista aparece recogido en el componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto significa que es una de las reformas que se abordarán en los próximos meses, como ya se ha anunciado desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Sabemos de la creación de una mesa interministerial con los responsables de las diferentes materias a trabajar.

Sin embargo, nos parece importante también generar espacios de consulta con entidades y profesionales del sector que permitan conocer las necesidades urgentes a las que se enfrentan en su día a día. Aunque son muchos los matices que cada sector puede plantear, en su mayoría responden a una pauta común, y es ahí donde debe estar el foco de las medidas. Los profesionales de la cultura necesitan un reconocimiento real de su contribución a la sociedad. Su principal misión es favorecer el desarrollo del pensamiento desde la libertad que permiten unas condiciones de vida dignas. Porque sin ello, como decía Simone Weil[5], referente intelectual de Emmanuel Carrère -flamante premio Princesa de Asturias de la Letras-, “puede haber mucha libertad de pensamiento, pero no pensamiento”.

* Inmaculada Ballesteros es directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

[1] Actas de la Conferencia General, 21a reunión, Belgrado, 23 de septiembre-28 de octubre de 1980, v. 1: Resoluciones - UNESCO Biblioteca Digital

[2] Procedure File: 2020/2261(INI) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu)

[3] Universal basic income of €325 a week mooted for arts workers (irishtimes.com)

[4] The basic income experiment 2017–2018 in Finland Preliminary results (valtioneuvosto.fi)

[5] Simone Weil, Echar raíces. Ed. Trotta, 2014.