“Padres, me sacan para matarme y me voy muy tranquilo”

Una celda tiene la capacidad de suspender el paso del tiempo. Ricardo García Navarro, republicano de 26 años, condenado a muerte en 1939 en la cárcel Modelo de Valencia, combatía el aturdimiento con ciertas dosis de esperanza y voluntarismo. Animaba por carta a sus padres, les pedía que buscaran nuevos y favorables testigos, pero los meses pasaban y aquellos no terminaban de llegar, acrecentando su malestar. “Hagan lo que puedan”, pidió semanas antes de ser fusilado en el paredón de Paterna el 8 de marzo de 1940. Su hermana se dio de bruces con la fatal noticia cuando iba a visitarlo. Fue ella quien recogió sus enseres, apenas un par de mudas y un trozo de papel garabateado a modo de despedida: “Padres, en este momento me sacan para matarme y me voy muy tranquilo, como un hombre debe ir, con el viva la República, que pronto triunfe mi ideal”.

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García es uno de los 37.147 filiados en el Fichero de Penados, un mueble acorazado de 30 cajones, custodiado en el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), que intriga a historiadores y archiveros. Un registro que incluye tanto penas capitales como otras de elevada reclusión, sin más nexo aparente que una misma época: la posguerra más temprana. Junto a otro millón de documentos del franquismo, el Ministerio de Cultura digitalizará estos fondos tras firmar un convenio con la Presidencia. Los especialistas del centro, adonde se trasladó el fichero hace una década, todavía estudian su origen y finalidad, aunque la brevedad de las fichas no ayuda a lograrlo. Estas solo incluyen dos apellidos mecanografiados, la ciudad del presidio y una única fecha, referente a la petición fiscal o al cumplimiento de la condena. No se recogen en ellas ni cargos ni otros datos procedimentales.

En ocasiones aparece un número de expediente, cuyo cometido se intenta averiguar. Así como una raya roja en la esquina superior derecha del documento, que José Luis Hernández, subdirector del archivo salmantino, atribuye al cambio de fase en la instrucción. “Son todas fichas de los primeros años del régimen, los años de plomo. A partir de mediados de los cincuenta el sistema muta para reprimir a una segunda generación de españoles, que ya no tenían nada que ver con la guerra, y esta clase de documentación se guarda dispersa”, apunta. El Fichero de Penados permaneció arrumbado en dependencias judiciales hasta la Transición. Después pasó a engrosar el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, donde se guarda información más detallada de las vidas penitenciarias de 300.000 reclusos, que ayudará a esclarecer las escuetas biografías de lo registrado en Salamanca.

Algunos casos del fichero dejaron rastro en otros fondos documentales. La sentencia del juicio sumarísimo a Ricardo García, por ejemplo, se conserva en el Archivo General e Histórico de Defensa. Voluntario del Cuerpo de Carabineros, organismo que con posterioridad fue integrado en la Guardia Civil como castigo a su adhesión republicana, solía prenderse una insignia del sindicato UGT en el uniforme de fábrica. Formó parte del comité popular que durante la guerra ordenó la vida social y política de Puebla del Duc (Valencia), donde nació. Combatió en el frente de Toledo a las tropas del general Varela. Republicano derrotado, nunca quiso huir de su pueblo. El cuartelillo le hizo llamar en mayo de 1939, cuando ayudaba a su familia a atar las vides del campo. “No te preocupes, mamá. Estaré de vuelta a la hora de comer”, prometió. Nunca más lo volvieron a ver.

Fue acusado de asesinar al soldado Ángel Cantador en su intento de pasarse a las filas nacionales. Entonces trasladaron a García a la prisión de Albaida, donde tuvo lugar el proceso judicial, al que un informe del alcalde de Puebla del Duc añadió más cargos. En este se le relacionaba además con la muerte de Salvador Soler, párroco de Benirmafull, escondido desde la sublevación. Dos hermanos del sacerdote declararon que García le escoltó hasta la sede del comité el 17 de septiembre de 1936. El detenido apareció tiroteado al día siguiente en el cercano municipio de Genovés. Al testimonio incriminatorio del regidor le sigue el relato del jefe local de Falange, tras el que García pudo presentar dos testigos propios. El primero aseguraba desconocer los hechos descritos porque pasó la guerra en Valencia. El segundo, lo calificaba como un “buen chico”, aunque reconociendo su adscripción socialista.

El tribunal militar lo encontró “culpable del delito de adhesión a la rebelión”, pero dejaba abierta la vía al indulto. A esta posibilidad se agarró con fuerza cuando lo movilizaron a la cárcel Modelo de Valencia, en agosto de 1939. Allí transcurrieron sus últimos ocho meses de vida, durante los cuales no cejó en su empeño por conseguir la excarcelación. La muerte del desertor, escribió, había sucedido en un contexto de guerra. Y si hubiera conocido de antemano el fatal destino del párroco, “le habría avisado yo mismo”. La cárcel recibió la orden de su ejecución en enero, materializada el 8 de marzo a las cuatro de la tarde. El cuerpo fue a parar a la fosa 115 del cementerio de Paterna. Solo 67 años después la familia pudo grabar su nombre en la lápida colectiva. El ADN de sus restos se identificó hace un trienio.

María José Mompo, sobrina nieta del asesinado, recuerda el mutismo de la familia, que acabó venciendo a fuerza de perseverancia. Durante sus años en el instituto, se despertó en ella una conciencia del pasado que más tarde la llevó a investigar. Visitó el registro civil de Paterna, acudió a los archivos, preguntó a los mayores del pueblo. Hasta entonces nadie había tenido noticias sobre los detalles del sumario, 40 páginas repletas de descripciones como “exaltado miliciano” o “peligroso socialista”. El abuelo de Mompo falleció sin haber accedido nunca a la instrucción de su hermano Ricardo. La investigación sobre el Fichero de Penados podría arrojar ahora más datos sobre el caso. Y su digitalización, facilitar el rastreo a historiadores y familiares, que a diario acuden al Centro Documental de Salamanca en busca de respuestas.

Cruce de datos

Durante la presentación del convenio de digitalización, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, recordó que el objetivo es “reparar a las víctimas a través del conocimiento de la verdad, un derecho de todos los ciudadanos, además de apoyar el valor académico”. La decisión facilitará el cruce de datos entre instituciones. El caso de María Juana Sánchez Gutiérrez también ilustra la importancia de esta labor. Afiliada a la Agrupación Socialista de Puebla de Alcocer (Badajoz), su localidad natal, fue condenada a tres décadas de presidio el 30 de noviembre de 1939, fecha que refleja el Fichero de Penados. La suya es una de esas tarjetas que presentan la intrigante raya roja, por lo que bien podría descartarse que solo se utilizara en fallos de pena capital.

Los investigadores han identificado la vida penitenciaria de Sánchez en el Archivo General de la Administración, ubicado en Alcalá de Henares y otro de los beneficiados por el convenio. Gracias a esto se conoce que desfiló por las cárceles de Badajoz, Málaga y Gerona. Enviudó poco antes del presidio, tenía 50 años y tres hijos que se criaron con unos tíos. La familia quedó deshecha por la guerra, ese pudo ser el peor de sus castigos. Le concedieron la libertad condicional en diciembre de 1943. Entonces volvió al pueblo y rehizo su vida; allí las nuevas generaciones de militantes socialistas la han olvidado.