El Arqueológico no pudo pagar las esculturas que se quedó Franco

Fermín Bouza Brey y Trillo, juez de Santiago de Compostela, escribe el 3 de julio de 1943 una carta a Blas Taracena y Aguirre, director del Museo Arqueológico Nacional (MAN) para ofrecerle con urgencia un material arqueológico de primera, “unas hermosas piezas de escultura románica”. Él solo era un intermediario; las estatuas pertenecían a un buen amigo, Santiago Puga Sarmiento, conde de Ximonde. La oferta: cinco magistrales figuras de granito gallego, pocedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, por 100.000 pesetas. Al juez le parecía un precio “muy asequible”, “más, si son con toda claridad del Maestro Mateo, como estas”. El lote llevaba en la familia Ximonde “más de cien años”, pero el descendiente necesitaba dinero. Y Bouza azuzaba al director; había recibido, decía, ofertas de “negociantes catalanes”.

Este acompañó su primera carta con varias fotografías para subrayar la importancia de la venta. Las estatuas del Maestro Mateo habían sido arrancadas de la catedral en 1520 para instalar dos puertas nuevas, más amplias. Estuvieron en los jardines de Fonseca hasta que las trasladaron al pazo de la familia Ximonde, construido a finales del XVIII en San Miguel de Sarandón (A Coruña). Tres de ellas se depositaron en 1909 en el museo diocesano de Santiago de Compostela. Las otras dos, que permanecieron en el pazo, son las mismas que pasaron misteriosamente a mediados de los cincuenta a manos de Franco, tras una visita de este a la ciudad. Por su propiedad mantiene un pleito con los descendientes del dictador el Ayuntamiento de Santiago, que en 1948, tras el intento fallido de venta al MAN, las adquirió por 60.000 pesetas.

El Arqueológico nunca compró esas piezas. Trascurrieron cinco años y 15 cartas antes de que la venta fracasara por falta de fondos. La correspondencia descansa en el archivo del museo, y ha permanecido inédita hasta ahora. En ella se comprueba la impunidad del tráfico de patrimonio artístico durante el franquismo. EL PAÍS ha tenido acceso a esa documentación, hallada por el historiador de Harvard, Francisco Prado-Vilar.

“En fin”, escribe el juez en una segunda misiva, “ya verá que la ocasión hay que aprovecharla, que cuando pasan rábanos hay que comprarlos y que muy difícilmente salen al mercado piezas semejantes”. El dueño insistía en mostrarse ante Taracena, reputado arqueólogo español que en 1937 hizo un abrupto viaje ideológico de la República al franquismo para convertirse, en 1939, en director del MAN, como un ciudadano comprometido con “el acervo artístico del Estado español”. Por eso le proponía la compra al museo antes que a los supuestos “negociantes catalanes”. Bouza también cruzó la depuración franquista para volver a ejercer: expulsado de la carrera judicial en 1937 e inhabilitado para desempeñar la abogacía, acusado de masón, galleguista —fue el autor del himno de la organización juvenil del Partido Galleguista— y desafecto al Movimiento Nacional, probó en 1939 su lealtad a Franco y fue rehabilitado.

“Piezas excepcionales”

Taracena quiso comprar esas “piezas excepcionales y bien conservadas, que completarían de la manera más feliz las series de escultura románica de este museo”. El Patronato dio el visto bueno y el marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, también estuvo de acuerdo. Fallaron los presupuestos para compra de obra, comprometidos hasta principios de 1948.

En vista de esa falta de fondos, el conde de Ximonde lanzó una nueva oferta: 70.000 pesetas por dos de las cinco esculturas del Pórtico, las que descansaban en su pazo y que acabarían en manos de Franco. El Patronato del MAN vio el precio muy elevado; si antes vendían cinco por 100.000, resultaba demasiado 70.000 pesetas por dos de ellas, “y no las mejores”. Taracena contestó que no pagarían más de 50.000.

Ante ese infructuoso tira y afloja, el juez lo intentó por última vez. Trató de convencer al director de que comprara el lote completo. A lo que este le respondió con la Ley de Patrimonio de 1933: el MAN no podía adquirir las tres que estaban en el museo diocesano de Santiago, al ser objetos depositados en entidades pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.

Para evitarse ese problema, Taracena invita al dueño en otra de las cartas a sacarlas de allí y a mandar las cinco a Madrid, al tiempo que garantiza que el traslado en tren correrá a cargo del MAN. A finales de julio de 1947 estaba todo listo para la venta, pero no fraguó. Unos meses después las dos estatuas —que acabaron en manos de los Franco— las compró el Ayuntamiento de Santiago. Otras dos las adquirió en 1957 el Museo de Pontevedra. Y la quinta terminó en una colección privada.