En la sociedad de los ofendidos

La lista se ha hecho muy larga en los últimos años: los artistas Eugenio Merino, Charo Corrales y Santiago Sierra, los raperos Valtònyc y Pablo Hásel, el actor Willy Toledo, activistas del coño insumiso, la compañía Títeres dede Abajo… Todos creadores que han sufrido la censura. Sus obras han sido dañadas, prohibidas, secuestradas, señaladas con el dedo de una moralidad concreta. En los casos más graves, han tenido que enfrentarse a procesos judiciales con sentencias de prisión. Comparten los mismos delitos: se les acusa de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona, delitos de odio y contra los sentimientos religiosos. Tipos penales recogidos en la legislación que durante tres días se han debatido en las jornadas De la Censura y las Censuras organizadas por la Fundación Gabeiras en Madrid.

Una pregunta se ha repetido: ¿Estamos en la sociedad del triunfo del ofendido? Bernardo de Rosal, catedrático de Derecho de la Universidad de Alicante, así lo cree al considerar que en España “se ha transitado a un derecho penal posmoderno muy regresivo”. El jurista opina que si no hay un cambio en este ámbito jurídico “la sociedad tampoco cambiará”. Por eso, asegura, que “si uno es creador o artista irreverente se le considera filoterrorista, generador de discursos de odio”.

La figura del ofendido, de aquel que pretende definir el buen gusto, no tiene respaldo jurídico. “No existe un derecho a no ser ofendido”, apunta Marta Timón, letrada del Tribunal Supremo. “Existe el derecho al honor que es personalísimo y cambia con los contextos sociales”, continúa para explicar que la ponderación de un juez, en su opinión, “no es censura ni previa ni posterior”.

La manera en la que los poderes públicos deciden cómo adquirir o subvencionar el trabajo de los artistas supone para Timón y Alberto González, miembro de la organización Freemuse, avalada por la Unesco por su trabajo en la defensa de la libertad de expresión en el arte, una forma de censura previa. Coinciden en que es “la manera de comprobar que el arte se adecua a unos valores abstractos que permiten proteger una determinada idea de moralidad”. Es en este punto donde aparecen Abogados Cristianos o Hazte Oír, dos de las organizaciones que más denuncias interponen contra artistas en España por ofensa a los sentimientos religiosos. “La buena noticia es que habitualmente estos procesos se archivan porque es difícil determinar el dolo”, explica Timón. Un caso distinto fue el secuestro del libro Fariña del escritor y periodista Nacho Carretero que también participó en las jornadas.

España, según cálculos de Freemuse, se ha convertido en uno de los países del mundo con más sentencias de penas privativas de la libertad dictadas contra artistas. En 2019, Valtònyc, Pablo Hásel y los 12 integrantes de La Insurgencia fueron condenados a prisión por exaltación del terrorismo. El primero huyó de España para evitar la cárcel, Hásel está a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional y el grupo de rap ha sido condenado a seis meses y un día, por lo que no entrarán en prisión.

Charo Corrales es una de las artistas a la espera de declarar por exponer en 2019 Con flores a María, un fotomontaje de ella misma en la que aparece desnuda tapada con una tela. La obra fue rajada y retirada de una sala de exposiciones en Córdoba por petición del PP, Vox y Ciudadanos que alegaron que se trataba de una ofensa a los sentimientos religiosos. “Recibí amenazas e insultos por las redes sociales. El bloqueo emocional es enorme. Sentí la violencia sobre mí, no solo sobre la obra”, cuenta la artista. Todas esas frases despectivas las bordó sobre tela y las convirtió en arte cuando al poco de sufrir esta agresión “despertó”. “Vivo con la campanita puesta”, asegura, “es un reto ir dando pasos más allá. Aunque el caso se quede en nada, es un coste para artistas con una economía normal”.

Israel Elejalde, fundador del teatro Kamikaze en Madrid, es tajante: “El arte debe cuestionar nuestras creencias”. El actor recibió presiones de grupos de bandos ideológicos opuestos días antes del estreno de Jauría, la obra que recreaba la sentencia del caso La Manada. Desde la izquierda le acusaban de lucrarse con el dolor de la víctima. Desde la derecha por tratar el tema. ”No siento en peligro mi libertad de expresión, sé que puede provocar determinadas reacciones legales”, asegura. Asume como parte de su oficio lidiar con las críticas de los ofendidos. ”El problema no está en la obra, sino en la educación”.

A este origen se retrotrae la cineasta y guionista Inés París. “Los ciudadanos no tienen capacidad crítica porque el sistema educativo es pésimo”, afirma. “Mucho menos visión de género”, dice para vincular también la censura con el machismo. “En el mundo audiovisual se venden proyectos en un mercado dominado en un 90% por hombres que aseguran que no te quieren discriminar, que se basan en criterios objetivos, pero al final recurren a referencias previas, que son todas masculinas”.

Un derecho autónomo

“Si a los juristas especializados en libertad de expresión se nos pregunta si la libertad de creación artística es un derecho autónomo el titular sería: Todavía no, pero esperamos que lo sea pronto”, asegura Laura Díez. La directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Gobierno explica que tanto en Europa como en Estados Unidos los tribunales protegen la libertad de creación artística como se preserva cualquier tipo de expresión. “El bien jurídico que se resguarda en la libertad de arte y en la libertad de expresión es el mismo: el intercambio de ideas y el discurso en una sociedad democrática. En consecuencia, la libertad de arte forma parte de la libertad de expresión”. Díez no comparte esta teoría. Pone de ejemplo de intercambio de ideas la obra de Santiago Sierra Presos políticos, retirada de ARCO en 2018. Un ejemplo, no una norma en el arte, por eso considera que “la protección de la libertad de arte debe ser superior a la de la libertad de expresión porque cuando protegemos una creación artística protegemos algo más que la mera libertad de expresión”.

Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación en el Ministerio de Cultura añade otra consideración en el debate sobre la censura: los derechos de autor. “Vamos a trasladar a España una normativa europea que es garantía del reparto justo de los intereses morales y materiales que corresponden a los autores”, recuerda sobre una norma que, al contrario de lo que opinan sus críticos, no va a ser un obstáculo a la libertad de expresión. “Me rebelo ante esta interpretación, es maniquea. Se han perseguido los fines de desregulación del mercado en favor de unos pocos intereses. Se puede imponer la ley del más fuerte si se limita todo a la negociación particular”.