La “voladura de la Transición” y otros falsos mitos sobre la memoria histórica

“Me daban ganas de salir del hemiciclo. He estado a punto de ir a tomarme una copa y volver, porque me ha parecido demencial” …“Este proyecto de ley es irrelevante y engañoso. Produce graves divisiones en los ciudadanos, resucita odios, alienta deseos de revancha… “. Son algunas de las intervenciones que se escucharon en 2006 en el Parlamento durante el debate de la ley de memoria histórica, la que “más polémica y pasiones desató”, en palabras del senador del PP que defendió el veto a la norma. Solo los populares y ERC votaron en contra, aunque por motivos contrarios: los primeros porque no la veían necesaria y los segundos porque creían que se quedaba corta. En una legislatura en la que se aprobó la ley antitabaco, la de la regularización de inmigrantes, la del matrimonio gay, la de la reproducción asistida, o la de igualdad, la que más polémica provocó para el PP fue una ley sobre el pasado. Y sigue provocándolo.

No hay día en el que el algún miembro del PP o de Vox invoque la ley de memoria histórica para atacar al PSOE, el partido que la llevó a las Cortes. “Son unos carcas que están todo el día con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién”, declaró Pablo Casado al poco de llegar a la presidencia del PP. “Ya no le quedan tumbas que visitar ni brechas por abrir entre españoles”, afeó a Pedro Sánchez después de que este visitara la tumba de Azaña. El líder popular cree que se trata de una ley “nociva”, una “sectaria reescritura de la historia” y ha encargado un proyecto para corregirla, la llamada “ley de concordia”, a Adolfo Suárez Illana, que dijo que los españoles deben “parte” de la democracia a Franco porque “si no le hubiera dado la gana de hacer la Transición como se hizo, no se hubiera hecho así”. La derecha agita el debate de la memoria histórica apoyándose en tres premisas: que supone una “voladura de la Transición”; que divide a los españoles y que pretende “reescribir la historia”. Sin embargo, el primer párrafo de la norma es una loa a ese periodo; la restitución de derechos de los vencidos y sus descendientes arrancó en la Transición; desde el año 2000 se han abierto cientos de fosas de la Guerra en toda España sin un solo incidente –en algún caso, con presencia e incluso financiación de Administraciones del PP- y de momento, lo más parecido a un intento de reescribir la historia ha sido el polémico párrafo en el que el Tribunal Supremo definía en un auto judicial a Franco, entonces un general golpista, como "jefe del Estado en 1936", el año en que arrancó la Guerra Civil.

A la muerte de Franco, las viudas que no habían cobrado pensión por el fallecimiento de sus maridos, empezaron a cobrarlas. También empezaron a abrir, por su cuenta, sin los científicos que ahora participan en el proceso y con la ayuda en algunos casos de sacerdotes, las fosas a las que habían sido arrojados sus cuerpos. El balance de la memoria histórica de los últimos cuarenta años desmonta falsos mitos. También muestra, como ha señalado la ONU en varias ocasiones, que sigue pendiente lo fundamental: la recuperación de restos de los fusilados que aún permanecen en fosas y cunetas. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos (114.000 según las estimaciones hechas por historiadores y familiares). El primero es Camboya.

Mito 1. La voladura de la Transición. “Es un intento de voladura controlada de lo que la Transición significó”, declaró el PP durante el debate de la ley de memoria, aprobada en 2007. Cuando el PSOE respondió que el texto alababa ese periodo, los populares llevaron a las actas de las sesiones parlamentarias un nuevo concepto: “la literalidad oculta”. La quinta palabra de la norma es precisamente “concordia”, el nombre con el que los populares denominan su proyecto sustituto. Y los primeros párrafos de la exposición de motivos, donde se justifica la necesidad de la ley, dicen: “El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca, y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el periodo democrático, en favor de las personas que durante los decenios anteriores a la Constitución sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del régimen dictatorial que la sucedió”.

Desde la Transición hasta el año 2006, cuando se debatió en el congreso el proyecto de ley de memoria histórica, el Estado destinó 16.000 millones de euros en prestaciones de distinto tipo para los vencidos y sus herederos: 391 millones, por ejemplo en concepto de indemnización a presos; 3,34 millones de euros por fallecimientos o desapariciones o tres millones más para mutilados excombatientes. Aprobada la ley, continuó la restitución de esos derechos, se incrementaron las pensiones establecidas en 1979 para los familiares de los fallecidos en la Guerra Civil, se incorporó una indemnización de 135.000 euros para los familiares de personas fallecidas en defensa de la democracia entre 1968 y 1977, y se introdujeron nuevas medidas reparadoras para las víctimas del franquismo, como la concesión de la nacionalidad española para los hijos del exilio, subvenciones para que las asociaciones de familiares pudieran exhumar las fosas comunes y para la financiación de proyectos de divulgación e investigación relacionados con la Guerra Civil y el franquismo. El total invertido en todas estas materias desde la Transición asciende a 21.000 millones de euros.

Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones, departamento que creó una dirección general de memoria histórica, explica en conversación con EL PAÍS que las políticas de reparación de las víctimas del franquismo y la dictadura “en ningún caso suponen derrumbar la Transición, sino devolver la dignidad a quienes dieron su vida, sufrieron la cárcel o el exilio por defender los valores que recoge la Constitución de 1978”. Para Delgado son “héroes constitucionalistas”, “patriotas” y “quienes defienden y están orgullosos de la Constitución deberían también defender y estar orgullosos de esas personas”.

El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova, autor, junto a Santos Juliá, de las primeras investigaciones sobre las víctimas del franquismo en España, explica que “la Transición no es una foto fija que decretara que no se podía hablar del pasado". "A partir de ese pacto político se pudieron sacar adelante investigaciones como la nuestra, financiadas con dinero público. Se trabajó mucho desde la Transición, pero no hubo un acuerdo básico sobre cómo gestionar públicamente ese pasado y la exhumación de las víctimas en fosas y cunetas”, añade.

Mito 2. Divide a los españoles. En 2008, un año después de la aprobación de la ley de memoria histórica, el CIS hizo un estudio específico sobre el asunto. Un 83,8% declaró que “el Estado debería ser el encargado de recuperar e identificar todos los restos” de las personas que continúan en fosas comunes; un 11,2% opinó que “debería limitarse a conceder ayudas económicas a las familias y a las asociaciones para esta tarea” y solo un 0,9% afirmó que no debería financiarlas de ninguna manera. En esa misma encuesta, el 72,2% se mostró de acuerdo en que “durante el franquismo, las víctimas de la Guerra Civil tuvieron un reconocimiento diferente según el bando al que pertenecieron” y un 40,8% de los que conocían la ley consideró que se trataba de “una medida necesaria porque la democracia tenía una deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha asistido a muchas exhumaciones. La de su abuelo, en el año 2000, en Priaranza del Bierzo, despertó una oleada de peticiones de familias que querían imitarle y dio origen a la asociación. “Muchas de esas familias han sabido siempre quiénes eran los asesinos. En todos estos años, jamás he visto enfrentamientos o discusiones alrededor de las fosas”. A nivel local y autonómico, los populares han apoyado algunas exhumaciones. En Canarias, por ejemplo, dos administraciones distintas, el PP y Nueva Canaria, impulsaron la apertura de los pozos a los que habían sido arrojados los fusilados. Previamente, declararon esos lugares como bienes de interés cultural para protegerlos.

Mito 3. Pretende reescribir la historia. “Andan intentando cambiar la historia para acercar el ascua a su sardina”, escribió Suárez Illana sobre el PSOE. “La memoria histórica es un debate infecto”, declaró el líder de Vox, Santiago Abascal, antes de aportar su propia versión de lo ocurrido: “La Guerra Civil la provoca un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas, el PSOE”. El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova explica, desde el centro de estudios avanzados de la Universidad de Princeton, donde ahora trabaja, por qué elaborar políticas de reparación para las víctimas del franquismo “en ningún caso supone volver la historia al revés para que ahora ganen los rojos”. “Es cierto que no todas las víctimas de los rojos se encontraron, pero los desaparecidos se registraban como asesinados, hubo una causa general, homenajes y retribuciones, unas medidas abrumadoras a favor de los vencedores sobre los vencidos. Lo que se hizo desde la Transición es establecer políticas de retribución para quienes no las recibieron durante la dictadura, y sin políticas de castigo, porque una característica respecto a otros países con dictaduras es que en España no ha habido políticas de castigo a los verdugos”.

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón detalló en 2008 en un auto los crímenes del franquismo. La causa no prosperó y él terminó sentado en el banquillo acusado de prevaricación (finalmente fue absuelto). “El argumento de que se pretende ganar 80 años después la Guerra Civil es absurdo. Creo que solo puede esgrimirlo alguien que tenga una mente mezquina, un alma rencorosa o miedo a perder una posición privilegiada e ilegítima. De una guerra no se gana nada. No hay triunfo posible tras el dolor y la muerte”.

Lo que queda pendiente. Desde el año 2000 se han abierto en España más de 740 fosas de las que se han recuperado 9.000 esqueletos. Se desconoce cuántas quedan por abrir. El Gobierno se reunió en varias ocasiones con representantes de las comunidades autónomas – Andalucía, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Navarra y Canarias tienen leyes de memoria propias- para tratar de actualizar ese mapa de enterramientos clandestinos y elaborar un plan nacional de exhumaciones. El informe encargado por el Gobierno a un grupo de expertos estimó entre 20.000 y 25.000 los cuerpos que se podrían recuperar creando un consejo nacional de búsqueda de los desaparecidos con siete equipos forenses (entre 40 y 50 profesionales) para resolver “en cuatro o cinco años” el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil.

En su fallido plan de Presupuestos, el Gobierno había destinado 15 millones de euros para la memoria histórica. Las ayudas para la apertura de fosas comenzaron a entregarse antes incluso de la aprobación de la ley, y se cortaron en seco cuando el PP llegó al poder, en 2011. Las fosas del franquismo empezaron entonces a abrirse con dólares – los que incluía el premio entregado por una asociación estadounidense- o colectas como la que hizo un sindicato e electricistas noruego conmovido por el desamparo de las víctimas del franquismo tras una visita a España.

Silva y Casanova insisten en la necesidad de que el Estado asuma esa “responsabilidad” y que recupere también los archivos que ahora maneja la Fundación Franco. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica afirma que una “verdadera ley de concordia” sería la que unificara a todas las víctimas. “A mi abuelo lo mataron exactamente igual que a Miguel Ángel Blanco. Lo secuestraron y lo dejaron en una cuneta con dos tiros” . Cree que la falta de presupuesto “no puede servir de excusa” y pide que, además de visitar la tumba de Azaña y conmemorar el exilio, se realice un homenaje “dentro de España” a las personas que lucharon contra la dictadura. La educación- coinciden el catedrático de Historia y el presidente de la ARMH- “es fundamental”. La represión franquista, afirman, debe incorporarse a los libros de texto. “Si las víctimas del franquismo van a un instituto a dar una charla dirán que es adoctrinamiento, pero nadie discute que en Alemania lo haga una víctima del holocausto”, denuncia Silva.

Cuando Garzón recibió por reparto en la Audiencia Nacional las denuncias de las asociaciones de familiares de fusilados del franquismo y pidió un censo de víctimas en sus primeras diligencias, le contestaron que no existía. “Sufrí un verdadero shock. Me dolió profundamente y aún hoy siento una profunda desazón por la inexistencia de ese censo. La indiferencia de tantos años de la Administración me resultó indignante”. Una de las tareas de Fernando Martínez, director general de la Memoria Histórica, ha sido tratar de unificar esa información, ahora dispersa, para establecer censos oficiales.

Para la ministra Delgado, lo primero es “conocer la dimensión de lo que ocurrió”. “Hemos tenido un relato sesgado y hay que dar un enfoque global a la memoria, con mucha pedagogía. El final de este proceso será la normalidad, cuando todas las fuerzas políticas asuman la necesidad de poner en valor aquella parte de nuestra historia y entiendan a los familiares que quieren recuperar los restos. El final es cuando exista un museo de la memoria que puedan visitar personas de distintas ideologías”. De momento, los descendientes de Franco han echado un pulso al Estado para tratar de frenar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, primer paso para cambiar el significado del monumento.

Garzón añade en el capítulo de deudas el de la justicia, ya que el Supremo cerró la vía para la investigación de los crímenes en España. Para él, la justicia “puede revestir muchas formas”, desde penas de cárcel hasta una comisión de la verdad, que también figura en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. “A pequeña escala, al menos conseguí que algunas víctimas a las que convoqué como testigos en mi juicio pudieran contar su historia ante un tribunal. Ha sido la única vez. Pero si algo he aprendido en mi larga vida profesional es que en el corazón de las víctimas no arraiga el olvido. Esa necesidad de hacer constar la verdad no se apaga”.