El rector de Alicante mantiene, por el momento, el borrado del ‘caso Miguel Hernández’

La Universidad de Alicante quiere ganar tiempo. Su rector, Manuel Palomar, no ha rectificado, pero sí ha reconocido el problema y se ha pronunciado a favor de encontrar una fórmula que evite la polémica por la eliminación (desindexación) en la web de la institución del nombre del secretario del juicio, Antonio Luis Baena, en el que se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Una medida que se tomó a petición de un familiar de Baena. "Pretendemos que los metadatos [datos incluidos en el código informático para facilitar su búsqueda en Internet] formen parte de la obra [intelectual]", ha afirmado Palomar, lo que haría que no estuviesen supeditados a la ley de protección de datos ni al derecho al olvido digital. De esta manera, ha dado a entender que se evitará que vuelvan a suceder casos como la supresión del citado nombre en dos artículos digitales escritos por el catedrático de Literatura de la institución, Juan Antonio Ríos Carratalá.

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Sin embargo, el nombre de Baena Tocón no se volverá a indexar (registrar para que aparezca en búsquedas digitales) por el momento en el repositorio de la institución hasta que no se encuentre la fórmula y se haya resuelto el recurso de alzada del catedrático afectado contra la resolución. Ríos Carratalá confirmó ayer que presentará el recurso en los próximos días. Todo apunta a que la UA aprovechará la resolución de este recurso para corregir su posición inicial.

La institución estimó la petición del derecho al olvido digital y de la supresión de datos y eliminó de su repositorio el nombre en sendos enlaces en Internet al considerar que prevalecían esos derechos frente al de investigación porque el secretario judicial no “alcanzó la condición de figura pública”. Si se introduce el nombre de Baena Tocón en un buscador de Internet no aparecen los dos trabajos, aunque sí otros muchos fuera del dominio de la Universidad de Alicante. Mientras se resolvía la petición del familiar, Ríos Carratalá reemplazó el nombre por iniciales.

Tras la celebración este miércoles de la junta de gobierno de la institución académica, el rector ha señalado que la polémica generada por la resolución de la UA, que adelantó EL PAÍS, estriba en el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos. "Una cosa es la investigación y los artículos", donde, según Palomar, no se va a tocar nada, pero el problema está en la indexación y catalogación de datos para el buscador interno de la universidad (RUA), ha añadido. Palomar ha incidido en que la UA ni ha censurado, ni ha borrado, ni ha limitado el acceso a los artículos, en contra de la opinión de numerosos historiadores e investigadores consultados por EL PAÍS, sino que el problema se ha circunscrito a los metadatos.

Juristas y tecnólogos resolverán en los próximos días la ponderación entre ese derecho a la información y el de la protección de datos para tomar una decisión definitiva sobre este asunto, ha explicado el rector. La UA considera que puede ser la primera universidad en arbitrar una fórmula para proteger los metadatos dentro de la obra intelectual y de investigación, a propuesta de la facultad de Filología, precisamente, a la que pertenece Ríos Carratalá.

El catedrático de Histori Moderna y exvicerrector, Armando Alberola, también ha estado esta mañana en la junta de Gobierno y ha preguntado al rector por qué se responde a la solicitud del familiar si no iba acompañada por una motivación fudamentada, como marcan los requisitos. No hubo respuesta del rector. Alberola considera que, además, la resolución de la UA es “inaceptable” y se pregunta quién decide que aquel secretario judicial franquista “no alcanza la consideración de figura pública”. “En fin, lamentable. El derecho al olvido se contradice como historiador con el derecho a la verdad histórica”, añade.

Además, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que emita un dictamen en el que señale si el derecho a conocer la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido.