España pide a Colombia que no comercialice el ‘San José’ y recuerda que es “buque de Estado”

El Gobierno español ha reaccionado ante la decisión del Ejecutivo colombiano de aplazar la adjudicación a una sociedad privada de las labores de extracción del fondo submarino del galeón San José, hundido durante una batalla naval frente a Cartagena de Indias en 1708. El Ministerio de Asuntos Exteriores "se congratula" de la decisión del Gobierno de colombiano de "revisar las condiciones". El anterior Ejecutivo de Juan Manuel Santos había decidido que una empresa privada, a través de un acuerdo de cooperación con el Estado sudamericano, extrajese el pecio. Pero el nuevo Gobierno de Iván Duque tiene dudas legales sobre la operación ya que es un yacimiento histórico y la adjudicataria se quedaría con una parte de él. Y, además, España presiona. El navío tiene la consideración de "buque de Estado" y está protegido por la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, acuerdo que Colombia no ha ratificado.  

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En un comunicado oficial, España recuerda que "el San José era un barco de guerra de pabellón español, que se hundió en 1708 en el transcurso de un combate naval con 600 marineros a bordo". Por lo tanto, dice el Ministerio de Exteriores que encabeza Josep Borrell, "reiteramos la consabida posición española que defiende que, según el Derecho Internacional comúnmente admitido por todas las naciones, el San José era un buque de Estado, sus restos tienen la consideración de tumba submarina y no pueden ser objeto de explotación comercial".

 El Ejecutivo español insiste en que "comparte plenamente con el Gobierno de Colombia la voluntad de preservar para la Humanidad los bienes de interés histórico y cultural localizados en el pecio". Apela, además, "a la tradicional amistad entre las dos naciones hermanas, reitera su ofrecimiento de colaboración para ejecutar conjuntamente un proyecto arqueológico ajustado a las mejores prácticas científicas, que sea totalmente respetuoso con la condición de tumba submarina del pecio y con los intereses concurrentes de ambos países".

La idea de los expertos españoles, según han explicado a EL PAÍS, es que los dos Gobiernos colaboren. "No es importante el oro o las riquezas que podía portar, sino el conocimiento de la historia conjunta y realizar un proyecto común para que quede para las siguientes generaciones". Estos especialistas rechazan tajantemente que una sociedad externa "se quede con una parte de un yacimiento cultural" para pagar las labores de extracción, cuyo coste rondaría los 150 millones de euros. "Quieren, fundamentalmente, los lingotes de oro. Pero no deben llevarse nada. Hasta la arena donde está enterrado el galeón es patrimonio de todos". 

En 2015, los restos del galeón fueron localizados por la sociedad Maritime Archaeology Consultans (MAC) que contaba con todos los permisos del Ministerio de Cultura colombiano y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAHN). De hecho, MAC realizó unas investigaciones (cuyas imágenes y vídeos ayer hizo públicos este periódico) y que le permitirían optar a la adjudicación en ventajosas condiciones.