Una millonaria expedición para bajar al corazón del galeón ‘San José’

El galeón San José, el buque español hundido a cañonazos en 1708 por el almirante británico Charles Wagner frente a la costa de Cartagena de Indias, añadió un nuevo capítulo a su leyenda en 2014. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de visita diplomática en Estados Unidos recibió un regalo de Roger Dooley, un historiador cubano. Era un antiguo mapa del Caribe en el que aparecía el lugar exacto donde estaban los restos del barco. Una isla que ya no existe. El Gobierno colombiano lo analizó, se reunió con el investigador, quien aportó más documentos de archivos de Cuba, Jamaica y España, y zarpó la expedición que en noviembre de 2015 encontraría el yacimiento.

En estos casi tres años un equipo formado por el Ministerio de Cultura, la Dirección General Marítima (Dimar), la Cancillería, la presidencia de Santos y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) ha preparado el siguiente paso: bajar a más de 600 metros, extraer los restos del galeón, analizarlos, conservarlos, exponerlos y comercializar parte de lo que se encuentre. 

Colombia tiene una ley desde 2013 que, entre otros aspectos, le permite usar este tipo de materiales con fines lucrativos, al contrario de lo que establece la Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, de la que este país no es firmante.

“Nuestra ley integra los enunciados deontológicos de la convención de la UNESCO”, explica Ernesto Montenegro, director del ICANH, y uno de los responsables de la expedición. “No tenemos relación con esta institución por una serie de temas que ponen en cuestión la soberanía nacional y la autonomía para gestionar los bienes patrimoniales”.

Mantenerse al margen de esta convención le permite a Colombia contratar un socio inversor para realizar la operación. Para encontrarlo ha elaborado un contrato de más de 600 páginas conocido como APP (una alianza público privada) con los requisitos que tendrá que cumplir el elegido en concurso público. La primera obligación es depositar en un fondo 60 millones de dólares, el presupuesto que el país considera necesario para asegurar el patrimonio. La inversión incluye la expedición, la construcción de un laboratorio para analizar los materiales y un museo en Cartagena de Indias.

A cambio, la empresa recibirá hasta el 50% de lo que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural considere no patrimonial. Para tomar su decisión, los miembros de este organismo con representantes del ICAHN y la Universidad Nacional de Colombia, entre otras instituciones, tendrán en cuenta cinco principios: representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural. La ley colombiana especifica además que no son patrimonio: “las cargas comerciales de materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas; los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes; y las cargas industriales”.

Los primeros en discutir estos principios han sido los expertos en arqueología submarina de la UNESCO. “Dispersar la colección de objetos encontrados y, lo que es peor, financiar la excavación mediante la venta de patrimonio, destruye las huellas más preciosas del pasado que las aguas de Colombia tienen para ofrecer”, dice Auron Tare, presidente del Consejo Consultivo de la Convención de 2001, que anuncia a EL PAÍS que están preparando una visita a Colombia por considerar una prioridad esta expedición.

“Una moneda del Imperio Romano es patrimonio de la humanidad. Centavos colombianos respaldados por el Banco Nacional de Colombia constituyen parte del patrimonio económico de la nación, como las pesetas en España”, responde Montenegro. “Los que buscan la cura del sida no lo hacen solo por filantropía. Lo que hemos hecho con 600 páginas de normas es determinar cómo se debe invertir, regular el capital”.

Una vez se termine la extracción y análisis, un perito se encargará de valorar los restos que se hayan considerado no patrimoniales. La tabla de rangos establecida en el contrato determina que al final del proceso la empresa recibirá un importe máximo de 147,5 millones de dólares que corresponden al 29,5% de los restos no patrimoniales.

“Si el Consejo decide que todo lo que se ha extraído es patrimonio histórico y cultural de Colombia, el contratista se llevará 0 dólares, es el riesgo establecido en el contrato”, apunta José Manuel Vargas, responsable jurídico del Ministerio de Cultura de Colombia.

Colombia no es el primer país en comercializar materiales que instituciones como la UNESCO consideran patrimonio. “Es un problema global”, dice Tare. El ejemplo más recordado es el del pecio Hoi An, hundido en aguas vietnamitas. El criterio de repetición permitió que se subastara el 90% de lo que se recuperó.

“Mientras que algunos países han hecho una investigación científica de su herencia subacuática y han abierto maravillosos museos como el Vasa o el de Arlés, otros la han perdido por este tipo de prácticas”, dice el experto de la UNESCO.

¿Quién invierte 60 millones a riesgo de no llevarse nada?

Tras un primer intento fallido, al amanecer del viernes 27 de noviembre de 2015, en el sonar del buque Malpelo de la Armada colombiana apareció una anomalía en una zona que el Gobierno colombiano asegura que nunca antes había sido explorada: el galeón San José.

En el barco estaban Ernesto Montenegro, director del ICANH y el equipo de Roger Dooley. El estado colombiano aprobó la operación con la condición de que no iban a gastar un solo peso de las arcas públicas. El coste debía correr a cargo de aquellos que aseguraban saber la ubicación del pecio y que tenían acceso a la tecnología necesaria. Solo el vehículo submarino requerido tenía un coste diario de 100.000 dólares. El historiador cubano consiguió el proyecto gracias a la inversión del empresario inglés Ross Kevin Hyett.

La confirmación del hallazgo le abrió la puerta a Dooley para convertirse en el primer candidato a liderar la segunda parte del proceso, la expedición arqueológica. El historiador cubano ha conformado la empresa Maritime Archeology Consultants (MAC) en la que participan expertos en arqueología submarina y un grupo de accionistas capaces de invertir 60 millones de dólares. Hyett, representante legal de la compañía, cuenta con el apoyo económico de Anthony Peter Clake, miembro de un fondo de capital riesgo británico.

“Cada uno de estos nombres fue sometido a revisión por parte del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), sin que se registrasen inconvenientes”, ha declarado Mariana Garcés, ministra de Cultura.

El contrato que Colombia ha ido elaborando en estos tres años, aunque se trate de un concurso público, en realidad está diseñado para la propuesta de Dooley y Hyett. “La licitación está abierta a cualquier oferente público o privado”, argumenta el director jurídico del Ministerio. “Estamos valorando una segunda propuesta”, dice Montenegro quien asegura que el Gobierno de España, aunque ha ofrecido su ayuda en varias ocasiones, no se ha presentado. El 25 de mayo se cierra el plazo para decidir quién será el socio de Colombia en la gran expedición del galeón San José.

El resto del equipo, incluido Roger Dooley, ha sido cuestionado por la UNESCO porque consideran que muchos de los expertos en arqueología han estado relacionados con empresas cazatesoros o no tienen la formación suficiente para un proyecto de este tipo. “Han hecho una serie de acusaciones que nos parecen ligeras”, responde Montenegro.

Una expedición a más de 600 metros de profundidad

Al mismo tiempo que los juristas colombianos redactaban un contrato de 60 millones de dólares, un grupo de arqueólogos elaboraba los términos científicos de una expedición que consideran será “pionera e innovadora” porque nunca antes se han extraído objetos a más de 600 metros de profundidad con una estrategia de este tipo. “Toda la operación se hace con el acompañamiento de las entidades públicas”, explica Montenegro.

Colombia ha exigido por contrato barcos equipados con la tecnología necesaria para controlar los robots articulados que bajarán hasta el yacimiento. “Hemos reducido los riesgos al mínimo, al contrario de lo que sucede con el uso de dragas, microexplosiones, chorros de agua y otros procedimientos invasivos que hemos prohibido”, relata el experto. Una vez en el lecho marino, la operación se realizará por cuadrículas, como si se tratara de un sitio arqueológico en tierra. Las máquinas se irán moviendo sobre plataformas con rieles e irán recogiendo el material.

Con las miles de imágenes que se han tomado el ICANH ha elaborado un gran mosaico que permite observar con precisión los restos del galeón. Del buque de 42 metros de eslora, quedan tres cuartas partes. La superficie fotografiada corresponde a la manera en que cayeron los puentes y la cubierta tras la explosión. “El barco ya no existe, es un yacimiento”, especifica Montenegro. “Se hundió de popa por las ondas en la arena, el efecto mantequilla que se produce. El choque fue a unos 20 kilómetros por hora y se desplazó a 700 metros. Tenemos que ampliar la zona de exploración hasta encontrar las dos anclas de proa y ahí será el lugar donde se produjo la batalla en superficie”.

Lo primero que destaca es una gran cantidad de cañones. “No es habitual que se vean de esta manera porque suelen tener un alto contenido de hierro que produce concreciones, pero estos son de bronce y no tienen absorción”, explica. El nivel de sedimentación en esta zona, en una de las bocas del río Magdalena, suele ser muy alto. La sorpresa fue que las corrientes de agua sobre el pecio desplazaron las partículas y la sedimentación es de menos de un centímetro por cada 100 años.

Al lado de los cañones aparecen ánforas, ollas, material de cocina. De todo se tienen detalles hasta del perímetro de sus bocas gracias al trabajo fotográfico previo y se pueden contrastar con el inventario del barco. También hay elementos de madera con actividad orgánica, es decir, organismos que se la han ido comiendo.

“Es muy difícil que encontremos restos humanos”, dice Montenegro. “Aunque la madera se descompone antes que los huesos y hay restos de este material”. Si se llegaran a encontrar, el plan es recuperarlos. “No podemos olvidar que en esta tragedia murieron 600 personas. Hay leyes internacionales que demandan respeto por los seres humanos perdidos en el mar, por lo que debería considerarse este yacimiento una tumba de guerra y protegerse según estas leyes”, apunta Auron Tare, de la UNESCO.

También han aparecido jeringuillas francesas y una gran cantidad de porcelana china en el espacio donde se guaradaba el contrabando, por tanto, no forma parte del registro del barco. “Estos hallazgos son muy interesantes porque, aunque estaba prohibido el comercio por el Pacífico, nos demuestra que desde muy temprano se produjo”, apunta el director del ICANH.

Todos los bienes van a ser almacenados en el fondo en cajas con un gel que sirve para que los materiales no se muevan, no se rocen y elimina la presión entre los elementos. Es en este momento, antes de salir a superficie, cuando se les pone un código de identificación. “Después se subirán al barco esceonográfico de 120 metros de eslora y se trasladarán al laboratorio. Por eso el primer requisito es construir este edificio”, dice Montenegro. Este proceso de extracción se calcula que durará de tres a seis meses.

Para garantizar la seguridad en la zona se han planeado tres anillos de seguridad. El primero es responsabilidad directa de la empresa; el segundo está bajo la supervisión de la Armada Nacional, asumiendo los costes el socio privado; el tercero le corresponde a esta última, como parte de las tareas de soberanía y seguridad que realiza a diario.

En el laboratorio, que está previsto que empiece a construirse a final de año, se podrán analizar, restaurar y clasificar todo tipo de materiales con un software que debe desarrollar la empresa elegida. “Ningún objeto saldrá de Colombia antes de pasar por este proceso”, apunta Montenegro.

Una vez se clasifiquen los restos, se decida qué es patrimonio y qué no, Colombia podrá exponerlos en un museo en Cartagena que la empresa tendrá que construir y mantener, a cambio podrá explotar esta instalación.