Un órgano asesor de la Unesco alerta contra una mina de cobre junto al Camino

A la contestación social y medioambiental que cosecha desde Santiago a la Ría de Arousa el proyecto de una mina de cobre próxima al Camino, se suma ahora un organismo asesor de la Unesco, que advierte a la Xunta de que la megaminería puede poner en riesgo la condición de Patrimonio de la Humanidad de las rutas jacobeas. El Icomos (siglas en inglés del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) concluyó el 29 octubre un informe demoledor sobre los planes de la empresa Cobre San Rafael, participada por Atalaya Mining, la multinacional de la mina de Riotinto (Huelva), que aspira a que el Gobierno gallego autorice nuevas labores en unos yacimientos a cielo abierto parcialmente explotados hace décadas.

La concesión minera se reparte entre los ayuntamientos coruñeses de Touro y O Pino, este último la puerta del Camino Francés a Compostela, y según recuerda el Icomos planea extender sus instalaciones (cráteres, balsas con grandes muros de contención, depósitos, escombreras, naves y pistas) por una superficie de hasta 1.827 hectáreas. Un territorio hoy ya contaminado por la vieja mina en el que, alertan varios grupos ecologistas, se producirán más de 2.000 voladuras al año. "La explotación supone una extracción de 267.070.882 toneladas de material, de las cuales 164.335.911 son de estériles y 102.743.950 de mineral", recoge el informe de Icomos. "Serán necesarios grandes movimientos de tierras que alterarán de forma grave la geomorfología del terreno y provocarán la tala de arbolado". La vida de la mina, con todas sus fases, abarcará "16 años y medio".

Representantes del Icomos en España visitaron el pasado junio el enclave y se reunieron con la empresa promotora. Cuatro meses después concluyen que el proyecto podría causar un "grave impacto negativo, con posibilidad de desaparición" de varios elementos patrimoniales. Uno de ellos es el "ramal histórico y documentado del Camino de Santiago" que unía el pueblo de Arzúa con la localidad de Amenal, "en el que está reconocido como camino histórico el tramo Quión-Arca". Otros son dos mámoas o enterramientos megalíticos y un castro, el de Copa, que supuestamente ya llega destruido a manos de la nueva empresa por la actividad minera pasada. Aparte de esto, el Icomos advierte sobre el importante "impacto" en otro camino histórico, en varios molinos e iglesias y en los "valores paisajísticos, ambientales e intangibles del área territorial que conforman el entorno del Camino de Santiago y le dan carácter".

A pesar de aparecer en cartografías antiguas y ser reconocido como trazado "histórico", el tramo alternativo del Camino Francés a Santiago entre los lugares de Quión y Arca, al norte de la mina, no fue protegido por la Xunta en 2011, cuando por decreto aprobó la delimitación oficial de los caminos jacobeos. Ese amparo legal hubiera blindado este ramal por el que antiguamente transitaban los peregrinos (pero que ahora ni está señalizado), no solo con un "entorno de protección", sino con una "zona de amortiguamiento" que tiene en cuenta las agresiones sensoriales de la ruta.

"El mayor atentado sufrido por la ruta en suelo gallego"

S. R. P.

La primera voz de alarma sobre el impacto de la mina en el itinerario cultural la dio antes de verano la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), que agrupa a peregrinos de 27 países. El colectivo encuentra ahora el respaldo del informe de Icomos ante "este desproporcionado proyecto al pie mismo del Camino Francés" y recuerda que el documento lo elaboran "expertos de referencia en materia de Patrimonio Mundial". Para la FICS, "se confirma que estamos ante una de las mayores amenazas a la conservación del Camino de Santiago como bien cultural de valor universal".

La entidad peregrina explica que se ha reunido con la empresa y con la plataforma de afectados por la mina, y que además ha encargado estudios por su cuenta. Después de todo esto, declara su "rotundo rechazo al proyecto, completamente ajeno al contexto jacobeo, que supone una amenaza a los valores culturales del Camino". De llevarse a cabo como está previsto, defiende la Fraternidad, "con toda probabilidad podría convertirse en el mayor atentado patrimonial sufrido por la ruta en suelo gallego".

El Gobierno gallego conoce el informe de Icomos, con el que colaboró este verano solo en parte. El organismo internacional se dirigió a tres consejerías de la Xunta (Industria, Medio Ambiente y Cultura) para comprobar el estado de la tramitación de la autorización minera y afirma que dos de los departamentos autonómicos (en Industria y en Medio Ambiente) a los que fue remitido después para obtener informes nunca llegaron a contestar.

Si se hubiera tomado aquella decisión política, lamenta Icomos, ahora este camino "no se vería afectado gravemente por el proyecto minero que amenaza la destrucción de una parte por la formación de una gran escombrera" que "lo sepultaría". Por eso la institución asesora de la Unesco avisa: "De realizarse tal como está proyectada se produciría la destrucción" tanto de la senda como de los restos prehistóricos localizados, algo que "se considera expolio y está prohibido por la Constitución y por la normativa sobre patrimonio".

Además, aunque físicamente la mina no toca el Camino Francés que sí está protegido, "el impacto visual y la percepción de la actividad minera se harán patentes desde diferentes lugares del trazado por la longitud del frente de la explotación". El Icomos se hace eco del estudio ambiental de la compañía y calcula que en algunos puntos de este BIC el paisaje minero supondrá el "25% del horizonte visible". "Esta afección no es una cuestión meramente perceptiva", advierte: "Muy al contrario, supone una clara violación de la normativa vigente". También "conllevaría una grave alteración de los valores inmateriales, derivados de una estrecha unión entre cultura, naturaleza y espiritualidad, que es la esencia del Camino", recuerda el informe firmado por la presidenta en España, Alicia Castillo.

"Los valores inmateriales y del entorno no debe desdeñarse en este caso", insiste, porque "son la clave de la inclusión del Camino en la Lista de Patrimonio Mundial y de su consideración como Itinerario Cultural de Valor Universal Excepcional". Ante esto, defiende tajante Icomos, "las Administraciones deberían plantearse si la explotación minera durante 16 años es tan relevante para Galicia como para mermar sus compromisos ante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, y el amparo, hasta ahora milenario, de un espacio que, por su singularidad y valores compartidos (y a la vez absolutamente único) está protegido por la Unesco y el Consejo de Europa". Sin tener en cuenta que el Camino bate sucesivos récords y dispara sus cifras en los años santos, el informe estima que "unos 2.700.000 peregrinos pueden verse afectados" en el tiempo de vida de la actividad extractiva si no se aplican "medidas correctoras".

"Europa se hizo peregrinando a Santiago de Compostela", resume Icomos citando a Goethe. El Camino desde la frontera francesa mide cerca de 800 kilómetros y "está jalonado por más de 1.800 bienes culturales inmuebles catalogados" que forman un "cúmulo de historia y arte" protegido desde 1993 por la Unesco. Económica y culturalmente, la ruta es el verdadero filón. El Gobierno central y la Xunta de Galicia, apunta el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, son los responsables de "garantizar su conservación, al menos, en el estado que presentaba en el momento de inclusión en la lista" mundial.

Lo dicta la propia Ley de Patrimonio Histórico Español desde 1985: pese a las reiteradas agresiones padecidas por todas las rutas jacobeas durante décadas, el Camino no se puede destruir, desplazar o cortar. Y tampoco se pueden realizar obras en el entorno que "impidan su contemplación, modifiquen el ambiente y alteren el carácter del lugar degradándolo", recuerda Icomos. "El no cumplimiento de la obligación de proteger y conservar un bien puede llevar al Comité del Patrimonio Mundial a incluirlo en la lista" de elementos "en peligro", anuncia a continuación. Y además "es evidente que, en este caso, no se ha tenido en cuenta la necesidad de prevenir al Comité respecto a la actuación que se pretende realizar", reprocha, lo que "contraviene los compromisos adquiridos" por España. "En el caso de la pérdida de los valores excepcionales o de que el Estado no solvente los peligros comprobados o potenciales que afecten al bien, este puede ser excluido de la Lista del Patrimonio Mundial por la Unesco", llega a advertir la institución.

Un informe "inexacto y desactualizado"

Icomos es una sociedad no gubernamental con sede principal en París que nació en 1965 como resultado de la Carta de Venecia. Está ligada a la ONU a través de la Unesco, y en los últimos años ha elaborado varios informes sobre el trazado jacobeo en España. Pero Cobre San Rafael rechaza sus conclusiones. "Es una entidad privada" que "en ningún caso tiene la competencia para representar" a la Unesco, argumenta en un comunicado. Según la empresa, "la competencia de protección y representación del Camino de Santiago corresponde, en exclusiva, a la Xunta", encargada de "velar por que este tipo de proyectos cumplan con las estrictas normativas que protegen el patrimonio".

Según la firma minera, el organismo internacional está desfasado. "Desde hace dos años, un equipo de arqueólogos trabaja en la zona localizando y catalogando" los bienes, y cada hallazgo se notifica a la Xunta, asegura San Rafael. Los representantes de Icomos, critica, efectuaron una visita "de una mañana de duración" a los terrenos de la mina y "obvian las medidas correctoras dictaminadas ya por Patrimonio y recogidas por la compañía en un informe complementario". El documento de la asesora de la Unesco, para los mineros, es "inexacto y desactualizado".