La reapertura de una mina de cobre pone en pie de guerra a agricultores y mariscadores gallegos

La reactivación de una megamina de extracción de cobre situada en los Ayuntamientos de Touro y O Pino, en plena área metropolitana de Santiago (A Coruña), ha puesto en pie de guerra a cuarenta colectivos de agricultores y mariscadores, dos de los sectores primarios más representativos de la economía gallega. La denuncia de estas plataformas sobre los graves efectos contaminantes que generaría la explotación minera, ha sido avalada por investigadores sobre economía aplicada y expertos en biología marina: “la nube de polvo de metales pesados se extendería 15 kilómetros y llegaría a la capital compostelana, mientras los vertidos contaminantes a la cuenca del río Ulla serían unos 3.000 millones de litros, los cuales tardarían medio día en llegar a los bancos marisqueros de la ría de Arousa que mueven anualmente 91 millones de euros”.

El proyecto de reactivar la vieja mina está pendiente de los informes medioambientales de la Xunta aunque sus promotores ya han dado por hecho que serán aprobados. Mientras anuncian la creación de más de 400 empleos directos, la empresa ha negado las acusaciones de las plataformas vecinales que ha tachado de ser “una contestación social puramente ideológica”. Atalaya Mining, con sede en Chipre, que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza, y Explotaciones Gallegas, la propietaria del terreno, que actualmente extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes, son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que se encuentra en trámites con la Administración autonómica para explotar, en principio, unas 700 hectáreas de superficie.

La Plataforma vecinal Mina No y la Plataforma en defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ya ha anunciado una gran movilización en Santiago para el 10 de junio contra el proyecto minero cuya puesta en marcha prevé voladuras diarias a cielo abierto en las que se emplearán entre 9 y 16 toneladas de explosivos cada una. Además, denuncian que el proceso de separación del cobre contempla la utilización de unas 15.000 toneladas de productos químicos altamente peligrosos y sospechosos de provocar cáncer. Otro de los capítulos negros del proyecto para los críticos es gasto estimativo anual de agua que prevé el proyecto (2,25 hm3, seis veces más que los dos Ayuntamientos afectados juntos), la eliminación en el entorno minero de 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural, pero, sobre todo, la creación de dos grandes balsas de lodos con un dique de 3,2 kilómetros y 80 metros de altura (como la catedral de Santiago). “Balsas que podrían romper, advierten, como ya ocurrió en Aznalcóllar, en 1998, con graves riesgos para la Aldea de Arinteiro, a 200 metros del dique”.

El consejero delegado de Atalaya Mining, el ourensano Alberto Lavandeira, ha sido el encargado de presentar el proyecto a los medios en marzo pasado. “Lo que más me duele es que la gente dude de los técnicos, de la administración y de los sistemas de control", ha comentado en medio de reproches los colectivos críticos con la mina: “Deben pensar que los metales nacen en los árboles", bromeó el ingeniero, con experiencia en las minas del Congo y actual responsable de la reactivación de la mina de Riotinto, en Huelva.

Según él, ha mantenido contactos con colectivos ecologistas, lo que le hace pensar que las críticas no vienen de ahí, sino de grupos "ideológicos". Una apreciación que contrasta con la de las más importantes asociaciones de defensa medioambiental en Galicia que no han parado de advertir sobre los riesgos que entraña este proyecto minero.

Las cifras que ha dado la compañía contemplan una inversión de 200 millones de euros en 15 años de vida de la mina que podrían ampliarse, y ha prometido que estos empleos, una vez conseguidos todos los permisos de la Xunta, serán ocupados por vecinos de la zona e indefinidos en un 90%. "No va a haber suficiente gente" en los pueblos de los alrededores, ha llegado a comentar el directivo. Durante los últimos dos años y medio, según los números ofrecidos por Lavandeira, Cobre San Rafael ha destinado cinco millones a investigación y lleva casi 600 sondeos realizados, 240 de ellos en fincas de particulares. La empresa dispone ya de 400 hectáreas, pero opta a comprar, alquilar o cambiar otras 300, la mayor parte de eucaliptales, asegura, pero también prado y cultivos, un 6% según la minera.