El proyecto de una mina de cobre en Galicia destapa la destrucción de un castro

El debate de la minería metálica vuelve a echar humo en Galicia, después de que la Xunta, empujada por una histórica contestación social, acabase enterrando en 2013 el megaproyecto canadiense para el filón de oro de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), considerado en principio estratégico por el Gobierno gallego. Ahora, la empresa aspirante es Cobre San Rafael, SL, participada por Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas, esta última titular de los terrenos situados a caballo de los ayuntamientos coruñeses de Touro y O Pino, cerca de Santiago. Atalaya, la empresa que explota en la actualidad las minas de Riotinto, en Huelva, calcula que creará en la zona algo más de 400 empleos directos y unos 1.000 indirectos, y anuncia una inversión inicial de 200 millones de euros. Pero el Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que presentó ante la Xunta provocó el mes pasado una avalancha de alegaciones. Medio millar eran de vecinos y otras muchas de grupos ecologistas gallegos. La Consellería de Economía, responsable de los permisos mineros, pidió informes externos y hoy se ha conocido la demoledora respuesta de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), un grupo de estudio y defensa medioambiental encabezado por prestigiosos científicos. Las valoraciones que han entregado ya en la Xunta destacan que el proyecto "implicaría la desaparición de hasta 20 manantiales y cinco depósitos de agua que abastecen a no menos de un centenar de viviendas y explotaciones ganaderas" de siete localidades "y la propia red de agua potable del municipio".

El presidente de la SGHN, el edafólogo del CSIC Serafín González, subraya además que, en la documentación presentada, la empresa revela la destrucción de un castro con muralla durante los trabajos de restauración de la anterior fase minera, clausurada en 1988 después de 15 años de extracción de cobre. Esta regeneración parcial del entorno minero en la que habría tenido lugar la "desaparición definitiva" de los restos arqueológicos se efectuó en dos fases entre 2000 y 2014.

Según el análisis de la SGHN, los presentes planes empresariales prevén el desvío o, en un caso, supresión, de unos tres kilómetros de afluentes de la cuenca del río Ulla, uno de los más importantes de Galicia, con especies amenazadas y ecosistemas protegidos. También la construcción de dos enormes balsas de estériles y lodos con muros de contención de "hasta 81 metros de altura" y unos tres kilómetros de largo cada uno que dejarían "encajonada" la localidad de Arinteiro, con casas situadas a 200 metros de distancia de tales depósitos mineros.

La SGHN reclama al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que rechace el Estudio de Impacto Ambiental y exija uno nuevo que incluya, entre otras cosas que ahora faltan, "una simulación de los efectos humanos, sanitarios, económicos y ecológicos del peor accidente posible" . También pide que se obligue a la compañía a contratar un seguro de responsabilidad civil dentro de la UE para hacer frente a esa eventual situación. El colectivo solicita, además, a la Consellería de Cultura que abra una "investigación exhaustiva" para dilucidar las causas y los culpables de la desaparición del yacimiento arqueológico conocido como el Castro de Copa durante los trabajos de restauración en una zona limítrofe con los cráteres de la mina a cielo abierto, que fue plantada, removida y de nuevo repoblada dos veces con especies invasoras como el eucalipto.

Los vecinos de los pueblos afectados también adviertían en sus alegaciones de octubre del "enorme e irreversible impacto" del nuevo proyecto en los recursos hídricos y la economía -agraria y ganadera- de la zona. Conocen ya los efectos de la minería a cielo abierto porque el enclave, que hoy solo se utiliza como cantera de áridos, fue explotado hasta hace tres décadas por Minas de Rio Tinto y quedó en su momento sin restaurar. Ya en el siglo XXI y hasta 2014, se llevó a cabo un proceso de regeneración parcial que supuestamente no dio los resultados esperados porque se produjo lixiviación de sulfuros metálicos que contaminó los ríos. En 2015, la hasta hace poco defensora del pueblo Soledad Becerril llamó la atención sobre el estado de la mina a la Xunta después de abrir una investigación con la documentación enviada por un grupo ecologista, Salvemos Cabana, que había denunciado ante esta institución y ante la fiscalía los drenajes ácidos que contaminaban balsas y cursos de agua.

El nuevo proyecto, previsto para década y media en un momento de alza del precio del cobre por la fuerte demanda asiática, contempla una mina de casi 700 hectáreas. Según la empresa, que promete la "compatibilidad" con otras actividades económicas, la explotación "quiere ser un ejemplo de compromiso con la minería socialmente responsable". No obstante, la Sociedade de Historia Natural saca a la luz en las conclusiones que le pidió la Xunta diversas carencias, contradicciones, lapsus y errores del proyecto. Además de los ríos afectados, si se autoriza la mina tal cual está prevista "desaparecerían varios caminos y carreteras secundarias", al igual que un trazado histórico en la zona, el Camino Real.

El colectivo medioambiental también destaca que, aunque a menos de un kilómetro del contorno de la explotación existen "20 núcleos poblados, una guardería, una residencia de la tercera edad, una piscina municipal, un área recreativa, el Centro de Interpretación del Río Ulla y las instalaciones de Protección Civil", se van a producir "seis voladuras diarias". Anualmente, según el proyecto, la firma prevé 694 voladuras de tipo A (con 9.255 kilos de explosivo para arrancar 25.000 metros cúbicos de roca cada una) y 1.380 de tipo B (con 16.322 kilos de explosivo para desgajar 50.000 metros cúbicos cada una). "Un 40% de la energía del explosivo", recoge también el documento de la SGHN, "se gasta en la generación de movimientos sísmicos en el terreno".