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El presidente de Edgewater confía en poder tramitar la mina de oro en un año

Según la Xunta, la declaración de impacto ambiental tiene una vigencia de un lustro

Señal de advertencia en terrenos de Corcoesto Ampliar foto
Señal de advertencia en terrenos de Corcoesto EFE

George Salamis, el presidente de Edgewater Exploration, la minera canadiense que pretende el oro de Corcoesto, insiste a los periódicos norteamericanos en que su compañía “sigue totalmente comprometida en avanzar en el proyecto hasta conseguirlo” y, según ha concretado a Mineweb, un medio digital de Canadá especializado en minería, confía en poder tramitar el permiso de Industria en el plazo de un año. Según él, el Gobierno gallego está “vacilante” y eso es “problemático”, precisamente cuando a la firma le urge lograr inversores para cumplir con los requisitos económicos que le marcó la Xunta. Pero esa vacilación, no es, según él, lo que cuenta la prensa en España, que informó literalmente de lo que Feijóo dijo en el Parlamento: “El Gobierno ha decidido no autorizar el proyecto al entender que no acredita el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y económicos establecidos en la legislación”.

“Nuestra interpretación es que no es una noticia tan fatal como la que se puede leer en los titulares si se pegan en el traductor de Google”, comenta Salamis. De las palabras de Feijóo en el Parlamento y las del conselleiro de Industria, Francisco Conde, Edgewater entiende que no es que la Xunta rechace “de plano” el proyecto, sino que lo que cancela es la tramitación por la “vía rápida”. El presidente de la minera explica que la diferencia, en realidad, es mínima. Pura cuestión de tiempo. Si la tramitación rauda, prevista para proyectos industriales estratégicos, “dura entre seis y nueve meses”, la vía ordinaria, que es en la que creen que puede encajar ahora su propuesta la Administración, “suele durar un año”.

Además, según confirmó ayer la Consellería de Medio Ambiente, el carpetazo de Industria al expediente de Corcoesto no implica la anulación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva con la que ya cuenta la minera desde el 17 de diciembre de 2012. “La DIA tiene una vigencia de cinco años”, informa un portavoz oficial del departamento de Agustín Hernández, “siempre que el proyecto sea promovido por la misma empresa y no se produzcan modificaciones en él”. “En el caso de que una nueva empresa promueva un proyecto similar o nuevo, o que haya modificaciones en el actual”, sigue explicando esta persona, “habrá que tramitar una nueva declaración ambiental”. Salamis irrumpió el miércoles con sus declaraciones en un escenario bursátil de desastre total. Concedió alguna entrevista en su país, y difundió un comunicado del que se hizo eco The Wall Street Journal y que valió de red salvavidas para unas acciones en caída libre. Si el martes (día del debate sobre el estado de la autonomía en el que Feijóo anunció por sorpresa el carpetazo al proyecto minero) los títulos se depreciaron un 25%, el miércoles se precipitaron un 43% más. La acción de Edgewater se situó en un mínimo histórico de 0,06 dólares. Sin embargo, ayer por la tarde (hora española) el optimismo del presidente de Edgewater pareció traspasar como una pomada la epidermis irritada de algunos inversores, que a primera hora en la bolsa de Toronto levantaron algo el precio hasta los 0,075 dólares. Al cierre de esta edición, el valor había bajado ya hasta el 0,07 raspado pero se mantenía.

En julio, un mes después de la histórica manifestación en Santiago en la que más de 12.000 personas llegadas de toda Galicia exigieron a la Xunta un cambio en su política minera, la consellería de Industria pareció reaccionar multiplicando las exigencias impuestas a Edgewater si quería que su proyecto volase por la vía rápida con la etiqueta colgando de “estratégico”. La minera tendría que presentarse nuevamente ante la Xunta con un equipaje de más de 27 millones de fondos propios (multiplicando por 60 los que tenía), la cuarta parte de la inversión prevista (110 millones de euros) para llevar adelante su proyecto de mina a cielo abierto, de la que contaba con sacar más de un millón de onzas de oro. Pero la consellería apretó el cinturón de la compañía extranjera justo en un contexto internacional en el que el oro ya llevaba meses depreciándose, y el encontrar inversores se convirtió este verano en una tarea muy ardua para Edgewater. Salamis dice que el lunes pasado, en la reunión entre el director de la minera en España y el conselleiro, la Xunta les advirtió que el no cumplir con los requisitos a tiempo “podría tener consecuencias”, pero “no especificó cuáles serían esas consecuencias”.