Guirao condiciona más dinero para la RAE a que haya “un proyecto”

El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha lanzado varias veces, en los últimos meses, señales de alarma sobre la complicada situación económica de la institución. Ese ha sido uno de los asuntos que planteó al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que visitó ayer la sede de la RAE en Madrid. La reunión se celebró horas después de que Guirao pronunciara al respecto "unas declaraciones esperanzadoras", explica Villanueva. Su optimismo se basaba en estas palabras: "No es planteable que el ministerio no ayude económicamente a la RAE y que no busque otras fuentes de recursos para que esta siga haciendo su labor extraordinaria", dijo Guirao en una entrevista en Radio Nacional.

En esa conversación, a la pregunta de si Cultura se comprometía a incrementar el dinero para la RAE, Guirao respondió con un sucinto "por supuesto" que matizó de inmediato: "Mi leitmotiv es hablar primero de proyecto y luego de dinero", añadió sin ofrecer más detalles. Como la RAE no quiere "la sopa boba" del Estado, según Villanueva, este propuso al ministro que la plataforma en Internet Enclave RAE, que contiene "todo lo que ha hecho la Academia, una oferta que no hay en ningún idioma": diccionarios, consultas lingüísticas, sinónimos y ejercicios para mejorar el español, entre otras herramientas, "se ofrezca al Estado como un recurso para toda la Administración y su uso en la educación". A cambio, la RAE "recuperaría" la aportación dineraria del Estado perdida desde que estalló la crisis mundial de 2008.

Aquel año fue "el mejor" en cuanto al dinero público que llegó al palacio situado en la calle de Felipe IV de Madrid: cuatro millones de euros, el 50% del presupuesto de la Academia. Sin embargo, en 2018, esa cuantía fue solo de 1,61 millones –por cierto, montante recibido hace solo unas horas–, lo que supone actualmente el 20% del presupuesto, que está en torno a 7,5 millones. En todo caso, el descenso en esos diez años alcanza el 60%. Tras la reunión entre Villanueva y Guirao, la RAE colgó una nota informativa en su web en la que se limitó a dar cuenta del encuentro, pero desde Cultura no hubo declaraciones.

Aparte del dinero del Estado, la RAE tiene otras tres fuentes de financiación, explicó su director, que dejará el cargo en diciembre, cuando finaliza su mandato. Primera, la Fundación pro-RAE, creada en 1993, formada por personas y empresas que pueden aportar a partir de 50 euros al año. La situación económica en los últimos años ha hecho mella: se ha rebajado esa aportación en un 60%. Otra vía de ingresos son los patrocinios de entidades privadas “para proyectos concretos”. Y por último, está la venta de obras como los diccionarios. En este apartado hay una caída, “común a las academias europeas, con un decrecimiento en más de la mitad de lo que se vendía”. Tanto descalabro “se ha ido compensando con el patrocinio del Diccionario en línea”. Mientras se decida cómo inyectar dinero en la RAE, Villanueva subraya que ha tenido que ajustar presupuestos con una plantilla formada por 79 trabajadores.

Otro asunto caliente en la RAE es el informe que, el pasado julio, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo, solicitó para que se determinase si el texto de la Constitución debe modificarse con la idea de que refleje una mayor igualdad entre hombres y mujeres. La previsión era entregarlo en octubre. En el último día de este mes, sin embargo, la comisión encargada de esta tarea, formada por dos académicas y dos académicos, “está a punto de terminar su ponencia y ofrecer un texto para el que han actuado con absoluta libertad”, subrayó Villanueva. El siguiente paso será llevar esa propuesta a “una comisión delegada para que haga una primera lectura”. Finalmente, irá al pleno de la institución, que “lo estudiará y elaborará un informe”. No obstante, Villanueva precisó que la RAE entendió que este encargo del Gobierno “no era urgente”, toda vez que España “no está en un proceso constituyente”. Con ello se refiere a que la aprobación de una nueva Ley Fundamental exige una amplia mayoría en el Congreso y el Senado, que en función de los artículos a modificar puede ser de dos tercios, la celebración de un referéndum y de elecciones, explicaron a EL PAÍS el pasado julio tres profesores de Derecho Constitucional.