La batalla contra el saqueo de los cien tesoros del golfo de Cádiz

Lo del Louisa es justicia poética. Está cerca de convertirse en uno de esos barcos hundidos que su tripulación quería expoliar en el golfo de Cádiz. Oxidado y escorado, el buque lleva ya 12 años amarrado en la desembocadura del Guadalete, en El Puerto. Su destino final se dirimirá, por fin, en noviembre en el juicio a la red internacional de saqueadores que cayeron en la operación Bahía. Para entonces, en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz esperan haber terminado de documentar todas las coordenadas de restos bajo el mar que consiguieron este pasado febrero tras otra investigación policial, la Versos. En la costa española con mayor concentración de pecios valiosos, es imposible bajar la guardia.

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Ambas operaciones, con 12 años de lapso temporal, son solo dos hitos de la constante y dura lucha que las administraciones libran contra el robo cada vez más sofisticado del patrimonio subacuático en el golfo de Cádiz. Envuelto en un mal atribuido romanticismo, aquí el saqueo existe ya desde mucho antes de que apareciesen siquiera las armas para combatirlo. La zona es el mayor polo de atracción del país para expoliadores patrios y extranjeros, debido a la alta concentración de pecios que, en su enlace con América desde los siglos XVI al XX, se hundieron cargados de productos elaborados a base de oro, plata o piedras preciosas. De los 187 buques que Andalucía tiene documentados bajo el mar, 95 se concentran frente a las costas gaditanas.

Pero el problema radica en el perfil del nuevo saqueador. “La presencia de buceadores de la zona se ha convertido en el negocio de grandes cazatesoros con tecnología punta. Ha disminuido el expolio local y ha aumentado el de mayor escala”, reconoce Carmen García Rivera, jefa del Centro de Arqueología Subacuática (CAS), dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Tradicionalmente, en el grupo de Patrimonio Histórico de la UCO de la Guardia Civil estaban acostumbrados a ver tres tipos de sospechosos en el mar. “Los buceadores y pescadores aficionados; los que están más profesionalizados y las grandes empresas con una capacidad más grande que un Estado”, resume Juan José Águila, jefe de este grupo de Patrimonio.

La tecnología está haciendo que estos subgrupos se hibriden y tomen ventaja. “Cada día los medios son más sofisticados”, apunta Águila. Además de las 200 piezas arqueológicas recuperadas, a los tres detenidos de Versos se les consiguió sonsacar puntos –algunos desconocidos– donde tenían localizados naufragios a la espera de ser saqueados por catálogo. Todos eran gaditanos y conocían la ubicación gracias a su experiencia en el fondo del mar con un despliegue tecnológico poco común: un vehículo remoto sumergible (conocido como ROV) y un magnetómetro con el que detectaban las piezas de metal. Pudieron sondear y expoliar sin levantar sospechas gracias a que tenían una licencia legal para la extracción de coral rojo.

Una potente y costosa tecnología, financiada por potentes sociedades creadas ex profeso para un expolio concreto

Con variaciones, García ya conoce este modus operandi, parecido al que emplean los grandes cazatesoros para saquear en las 12 millas náuticas sobre las que España tiene jurisdicción: “Enmascaran sus actos con investigaciones científicas”. Además, recurren a historiadores y al Archivo de Indias de Sevilla para descubrir la carga y la ubicación de los barcos hundidos. A eso suman una potente y costosa tecnología, financiada por potentes sociedades creadas ex profeso para un expolio concreto. “Hemos llegado a descubrir empresas que usan tecnología militar para lanzar barridos de sonda”, reconoce Águila.

Frente a ello, los medios de las administraciones son limitados. El último avance ha sido el empleo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) con el que la Guardia Civil controla el narcotráfico y la llegada de pateras en el Estrecho. Aún así la extensión a controlar es demasiado amplia, como reconoce la jefa del CAS: “La fisura más grande es la vigilancia de los yacimientos”. Águila añade: “Si ya es complicado en tierra, aún lo es más en el patrimonio subacuático”.

La ley tampoco permite vacilaciones en la investigación. La mera presencia de un buque sospechoso no es suficiente para frenar un expolio. “Hasta que no cometa el delito no puedes molestar a un juez. Tienes que estar muy seguro. Es complicado, pero emocionante”, resume el guardia civil. A eso se suma que luego se pueda demostrar que ha cometido un delito reconocido en el Código Penal, según Carmen Rivera: “Cuando hay destrucción del yacimiento sí podría ir por lo penal, sino es un ilícito administrativo”.

Un buzo en dos tiempos

La diferencia va de las penas de prisión de hasta tres años en el primer supuesto a meras, aunque cuantiosas, multas. “Eso condiciona a jueces y fiscales en los juicios”, reconoce Águila. Con todo, Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público y experto en la materia, cree que la cobertura legal es suficiente y ha evitado que se cometan “tropelías que sí ocurren en otros países”. “En general la legislación está completa. En lo que es necesario trabajar es en la coordinación y comunicación entre administraciones y cuerpos implicados en la tutela”, abunda Aznar.

Lo cierto es que no hace tanto que la legislación contra el expolio era mucho más laxa. La experiencia del buzo Adolfo Bosch Lería es una prueba de ello. Ha pasado de trabajar en concesiones otorgadas por el Estado en los años 70 para la extracción de chatarra de hundimientos “en las que un porciento de lo conseguido iba a la empresa” a que le decomisen más de 1.000 piezas arqueológicas por su supuesto origen ilegal. Conforme pasaban los años, Bosch vio como su actividad de cazatesoros se iba limitando: primero, con la ley estatal de patrimonio de 1985, luego con la ley andaluza de 1991.

"Si me encuentro un ánfora hoy no es legal, pero si llevo con ella 30 años no me la pueden quitar", sostiene un buscador de restos arqueológicos

Con ese marco legislativo, el buzo autodidacta se vio en serios problemas. En 1991 se abrió contra él un proceso penal en el que le acusaban de que su colección de piezas procedía de hurtos. La vía judicial quedó finalmente archivada, pero la vía administrativa sigue su curso. Ya lleva 27 años de lucha en un proceso que él dice lleno de irregularidades y en el que ha tenido que pagar más de 180.000 euros de multas. “La Junta me ha robado mis piezas”, explica. Sin embargo, Bosch no niega que el origen de su colección sea parcialmente ilícita: “Si me encuentro un ánfora hoy no es legal, pero si llevo con ella 30 años no me la pueden quitar”.

Además de la ley, Andalucía ha blindado aún más la protección de los pecios del golfo de Cádiz con la elaboración de una carta arqueológica subacuática, en 1996, que aún sigue creciendo y cambiando en función de las nuevas indagaciones. Ha servido de base para que la Junta haya protegido como bienes de interés cultural hasta 56 zonas arqueológicas confirmadas y recogido 42 lugares más de servidumbre -donde existe sospechas de posibles yacimientos-, aunque desde el CAS evitan aportar coordinadas exactas de los restos para evitar los saqueos.

La medida ha sido incluso reconocida en 2017 por la Unesco al inscribirla en su registro de buenas prácticas. Con la carta se intenta evitar un daño que va mucho más allá de la pérdida en sí del bien extraído ilegalmente del mar. La actuación de los expoliadores lleva a descontextualizar los restos o incluso a que se pierda la evidencia visual en la superficie del lecho marino de la existencia de un pecio. Así lo asegura Aznar: “No es tanto lo que se llevan, sino la destrucción del yacimiento que producen cuando expolian”.

Sin esas señales la arqueóloga del CAS Milagros Alzaga quizás nunca hubiese sido capaz de poner nombre al primer barco hundido por el corsario Francis Drake en su asalto a Cádiz en 1587. Quizás, ni ella ni sus compañeros tampoco habrían encontrado el sinfín de objetos históricos que hoy reciben tratamiento en el centro: desde cajas de madera a cañones, pasando por ánforas con aceitunas o barriles con tintes americanos. “Los cazatesoros buscan el oro o la plata, pero la verdadera riqueza no es esa. Es la información que conseguimos”, remacha Alzaga.