Cultura amenaza a la SGAE con su “intervención temporal” si no permite el voto electrónico en las elecciones

La relación entre el ministerio de Cultura y la SGAE se ha tensado cada vez más en los últimos meses. Ha habido requerimientos de información, mensajes cruzados con tonos muy duros, y amenazas más o menos veladas, en privado y en público. Pero parecían tener un punto en común: ambos descartaban la intervención de la entidad, considerada como la opción menos viable y deseable, pese a los enfrentamientos y los problemas que la mantienen inmovilizada. Hasta ahora. En una carta enviada ayer a la SGAE, a la que tuvo acceso este periódico, el subdirector general de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós Maíllo, agita explícitamente ante la entidad la posible “remoción de sus órganos de gobierno y representación y su intervención temporal, mediante la designación de un gestor interino”. La medida sale citada, eso sí, como último de varios recursos, en el caso de que la SGAE no permitiera el voto electrónico en las elecciones del próximo 26 de octubre.

“Ese incumplimiento daría lugar a la realización del apercibimiento previo a la revocación de la autorización a la SGAE para operar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual”, aclara justo antes la carta. La misiva explica que el ministerio “ha tenido conocimiento” de que la SGAE no va a habilitar el voto electrónico para los comicios de octubre, y le da a la entidad un plazo de cinco días para confirmarlo, así como informar de cuántos socios aprovecharon la opción a distancia en la Asamblea del pasado 21 de junio. Cultura considera que actúa obligada a defender un derecho de los socios. El texto implica directamente también a la nueva directora general de Industrias Culturales y Cooperación, Adriana Moscoso, con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la propiedad intelectual: “Siguiendo sus indicaciones, se recuerda que los miembros de la SGAE tienen reconocido el derecho a votar electrónicamente a distancia en unos comicios electorales”. Está previsto, según el ministerio, en los propios estatutos de la entidad.

Sin embargo, en la SGAE no lo tienen tan claro. Fuentes de la entidad señalan que “se procederá al estudio detallado y en profundidad del requerimiento, tanto desde el punto de vista formal como de contenido y muy en especial si la solicitud pudiera contravenir lo previsto en los estatutos y la regulación que sobre el procedimiento electoral se contiene en los mismos, máxime teniendo en cuenta que ya se ha producido convocatoria formal de elecciones a miembros de Junta Directiva por acuerdo de este órgano de gobierno de 10 de julio de 2018, habiéndose acordado dicha convocatoria de conformidad con los estatutos vigentes en dicha fecha”. Es decir, la SGAE alberga serias dudas de que sus normas internas o la propia ley le obliguen a permitir el voto electrónico en los comicios, lo que se traduce en cierta sorpresa ante la carta del ministerio.

En la entidad también recuerdan que la junta directiva se encuentra en funciones, a la espera de los comicios, y por tanto no debería asumir actuaciones de gran calado. El propio ministerio afirmó que en esta situación “no se pueden adoptar decisiones que excedan la gestión ordinaria”. Si, como sospechan en la SGAE, los estatutos no imponen el voto electrónico, implementarlo supondría desarrollar un nuevo reglamento electoral, algo que creen fuera del alcance de una junta en funciones.

Peleando hasta el último voto

El episodio vuelve a encender, en todo caso, alarmas y tensiones que llevaban varios días acalladas. Más aun ya que la SGAE también recibió una nueva carta de Cisac, la organización que reúne a las principales entidades de gestión del mundo, que también le exige varios cambios a corto plazo. Y eso que, tras el adelanto electoral convocado para el 26 de octubre, que la junta directiva aprobó el pasado 11 de junio, al fin parecía haberse impuesto el silencio. Es decir, algo inédito en una entidad dada a crisis y peleas internas, sobre todo recientemente. En los últimos meses, el gobierno de la SGAE se ha ido partiendo en dos, entre el frente que apoya al presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y la oposición. Ambos bandos pelean hasta el último voto cada decisión aunque, de momento, Sastrón mantiene una estrecha mayoría de consensos. El presidente intentó llevar a cabo una reforma de los estatutos de la SGAE que fue rechazada por los socios en la Asamblea del pasado 21 de junio, junto con las cuentas y la gestión de la entidad.

El frente crítico en la junta directiva pidió la dimisión de Sastrón, quien optó en cambio por proponer un adelanto electoral. Muchos de los actuales miembros de la junta, de ambos bandos, no podrán presentarse a los comicios, porque ya han cumplido el límite de dos mandatos. La oposición, si bien compartía la necesidad de volver a las urnas, votó en contra, exigiendo de nuevo el cese del presidente. Desde entonces, los miembros críticos de la junta han remitido varias cartas a Cultura, expresando su preocupación, pidiendo tutela para la SGAE e incluso una intervención. El ministerio siempre contestó con cierta prudencia, asegurando que no se daban las circunstancias para una actuación tan grave. Los tiempos, al parecer, han cambiado.