Los socios de la SGAE tumban la gestión y los estatutos del presidente Sastrón
La entidad castiga en una dura asamblea todas las propuestas del mandatario. La oposición pide elecciones y una nueva reforma consensuada
Para celebrar el Día de la Música, la SGAE también se puso a bailar. Eso sí, al borde de un precipicio. La entidad convocó a sus socios para votar en la Asamblea anual en un clima de división total, donde ambos frentes profetizaban el apocalipsis si ganaba la opción contraria. Finalmente, tras cuatro horas de debates, venció el no y perdió el sí. No (un 61,72%) a la gestión del presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y de la junta directiva; no (56,91%) a las cuentas de 2017, pese a que se recaudaron 246 millones, un 2,9% más que el año anterior; y no (66,6%), sobre todo, a la polémica reforma de los estatutos que Sastrón propuso y que partió en dos a la SGAE. A lo largo de una enfurecida campaña electoral, el presidente defendió que la modificación modernizaba la entidad, mientras que la oposición denunció que solo buscaba perpetuarse en el cargo. La votación debió de ser música para los oídos del frente crítico. Para la carrera del presidente, en cambio, pudo sonar a réquiem.
El PSOE también agradecería el coro de noes. “La votación nos dirá si la SGAE acomete la renovación necesaria o se encastilla en una situación insostenible”, aseguraba en los días previos Iban García del Blanco, secretario de Cultura del partido en el Gobierno. De momento, la Asamblea cerró otra temporada convulsa en la SGAE, pero abre la enésima etapa de incertidumbre. Sastrón, que en los días previos descartó dimitir si perdía la votación, ha prometido que adelantará las elecciones a este otoño. Pero, antes de ello, y de ocuparse de sus asuntos pendientes, como el eterno escándalo de la rueda de la música nocturna, la entidad necesita unos nuevos estatutos.
Una situación que se repite
Tan dada a las crisis, por lo menos la SGAE ya conoce el caos. Por eso, tal vez sepa cómo resolverlo. Así, al preguntar ayer por el impasse que puede vivir una entidad cuyos socios han tumbado cuentas y gestión de su gobierno, algunos socios contestaban: "Ya lo vivimos. Es un Acosta". En 2014, el presidente José Luis Acosta se enfrentó a un rechazo idéntico. Hizo falta una asamblea extraordinaria para sacar adelante cuentas y gestión. El primero en pedir su dimisión fue José Miguel Fernández Sastrón.
Por tanto, la prioridad de la SGAE será elaborar a toda prisa, y volver a votar, otra propuesta de reforma. El plazo, impuesto por Cultura, vence el 15 de julio. Para las cuentas, no hay tanta urgencia. Y, más allá de las divisiones, todos coinciden en la obligación de aprobar nuevos estatutos. Lo exige, al fin y al cabo, la ley. Porque el Real Decreto que entró en vigor el pasado 15 de abril, para adaptar a España una normativa europea que abre el mercado del derecho de autor a la competencia privada y aumenta el control sobre las entidades de gestión, impone a la SGAE cambios integrales en sus normas y sus estructuras. “Que trabajen en la reforma todas las distintas almas de la SGAE. En este proceso muchos ni hemos participado ni se han tenido en cuenta nuestras alegaciones”, atacaba antes de la Asamblea Paloma Pedrero, vicepresidenta de la entidad por el colegio de Gran Derecho (las artes escénicas).
Pedrero no parecía demasiado preocupada del escaso margen para rehacer la reforma: “Basta con aprobar lo que pide la ley y eliminar las partes políticas”. Ahí es donde se desgarró la propuesta de Sastrón. O quizás él mismo, como reconocía a EL PAÍS, no supo explicarla bien. La reforma del mandatario proponía reducir los órganos de gobierno y que la presidencia fuera elegida directamente por todos los socios, en la Asamblea, entre otras cosas. Más ahorros y más democracia, en su visión. También imponía un límite de dos mandatos para ejercer cargos en la SGAE, pero la cuenta empezaría de cero. La oposición denunció enseguida que con eso Sastrón se regalaba otra oportunidad de presidir la entidad –ya cumplió dos mandatos en la junta- y, bajo el grito de “madurazo”, aglutinó a distintas almas, unidas frente a un enemigo común.
Tanto que, esta vez, la expectación y la agitación de la víspera también se tradujeron en una Asamblea más transitada que en otras ocasiones. Dentro, eso sí, de los límites de la SGAE: es decir, 567 miembros acudieron a la convocatoria madrileña en una entidad que cuenta con 124.040 socios. Y hubo unos 26.500 votos, frente a los 11.592 del año pasado. Las diferencias numéricas se explican con el enredado sistema de la entidad: solo tienen ese derecho los cerca de 20.000 socios que han recaudado al menos 600 euros en los últimos cuatro años. Y cada uno cuenta desde uno hasta un máximo de 31 votos, según sus ingresos. A ello se suman las papeletas por vía electrónica (987 socios votaron así), las preasambleas en otras ciudades y la opción de delegar la decisión en otro compañero. Entre otras caras conocidas, se dejaron ver los músicos Pau Donés, Dani Martín y Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea, y la bailaora y coreógrafa María Pagés. Pese a tanta política, en el fondo, la SGAE son ellos: los autores.
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