Guía para entender el caos de la SGAE

Hasta los directivos de la SGAE reconocen que entender la entidad es una hazaña. Tanto que miles de socios ni lo intentan. Como prueba, la escasísima asistencia que siempre caracteriza la Asamblea General, la ocasión anual en la que están convocados para decidir: han de aprobar o tumbar las cuentas y la gestión.

En concreto, la principal entidad de gestión del derecho de autor en España, que aglutina a 124.040 socios, recaudó 246 millones de euros en 2017, un 2,9% más que el año anterior. Pero sobre la Asamblea de 2018, que se reúne hoy, llueve otro dilema: también se vota una reforma de los estatutos que ha dividido a la entidad y preocupa al ministerio de Cultura. Aquí va una guía para comprender la última guerra en la SGAE. Y, de fondo, su conflicto eterno: una entidad desprestigiada por sus disputas internas y por la trama de la rueda, que investiga la justicia.

¿Cómo funciona la SGAE?

La SGAE se reparte en cuatro colegios: Pequeño Derecho (músicos), Gran Derecho (artes escénicas), Audiovisual y Editores. En las elecciones, los socios votan a los miembros de cada colegio que compondrán los dos órganos de gobierno: el consejo de dirección (14 miembros) y la junta directiva (los mismos 14 más otros 25). Los escaños son proporcionales: los músicos, que suponen el 75% de los socios, son los más representados en el gobierno. La Asamblea General, en cambio, es algo así como el Parlamento de la SGAE: allí  los socios ratifican o condenan lo que hizo su ejecutivo.

El sistema de voto complica el asunto: solo tienen ese derecho los que hayan ingresado, por derecho de autor, al menos unos 600 euros en el total de los últimos cuatro años. Suelen ser unos 20.000 socios, una sexta parte. Y no solo: cada uno tiene desde un voto hasta un máximo de 31 según cuánto recaude. A más ingresos, más poder.

¿Por qué la reforma de los estatutos es importante?

El Real Decreto del 15 de abril aplica en España una directiva europea sobre gestión colectiva que liberaliza parte del mercado y aumenta el control sobre las entidades. Para amoldarse a ello, la SGAE está obligada a una reforma de sus estatutos. La que propuso el presidente, José Miguel Fernández Sastrón (músico), fue aprobada por la junta directiva solo gracias a su propio voto: 20 a favor, 19 en contra. Una campaña electoral feroz ha precedido a la Asamblea, donde reside la decisión final: para la aprobación hacen falta dos tercios de los votos emitidos. Si ganara el no, la SGAE tendría que elaborar una nueva propuesta a toda prisa: el plazo para la reforma vence el 15 de julio.

¿Por qué Sastrón pide el sí?

La reforma “moderniza y democratiza” la SGAE y cumple con las nuevas obligaciones legales, según Sastrón. Con el texto, la elección del presidente –y de los otros organismos principales- pasa a ser competencia de la Asamblea en lugar de la junta, nace un órgano de control interno y se elimina el consejo de dirección. A la vez, los miembros de la junta pasan de 39 a 21. “Más ahorros y más agilidad”, asegura Sastrón.

¿Por qué la oposición va a votar no?

Media junta directiva, (buena parte de Audiovisual y de Gran Derecho y algunos editores), se opone. Un manifiesto firmado por autores como Pedro Almodóvar o Alberto Iglesias, también. Creen que Sastrón busca perpetuarse en el poder, que la reducción de la junta beneficia a los músicos y por tanto al presidente, al igual que su elección directa por parte de la Asamblea. Y hablan de “madurazo”: la reforma limita a dos mandatos los cargos directivos, pero la cuenta empezaría de cero; por tanto, creen que es un artificio de Sastrón —que lleva desde abril de 2016 al frente pero ha cumplido dos mandatos en la junta— para volver a optar a la presidencia.

¿Qué opina el Ministerio de Cultura?

La SGAE es una entidad privada, pero lleva a cabo tareas de interés público sobre las que Cultura tiene poderes de control. El ministerio pidió a la SGAE hace seis días “los estatutos que ha enviado a los socios para su examen previo a la votación” y “qué medidas contra [el fraude musical de] la rueda piensa adoptar tras la anulación del laudo”, entre otros requerimientos.

Mientras aumenta la presión sobre Cultura para que intervenga la SGAE, desde el ministerio lo consideran el último recurso y prefieren recordar que pueden vetar a posteriori el nuevo estatuto o algunas partes, si incumplen la ley. “Tras la votación, sabremos si la SGAE acomete la renovación necesaria o se encastilla en una situación insostenible”, asegura Iban García de Blanco, secretario de Cultura del PSOE, quien firmó hace un mes una proposición no de ley pidiendo la intervención de la entidad.

¿"La rueda”? ¿"Laudo”? ¿A qué se refieren?

He aquí el gran foco de las polémicas. La rueda es un presunto fraude que investiga el juez por el que socios de la SGAE y empleados de televisiones ingresaron decenas de millones gracias a la música emitida de madrugada. Esos temas llegaron a suponer el 70% de lo que la SGAE recaudaba de las emisoras pese a alcanzar apenas el 1% de la audiencia. Además, el juez escribió en su primer auto sobre el caso que la trama "imponía gobiernos afines" en la entidad. Tras años de impasse, la SGAE acudió a un arbitraje internacional en busca de una solución. Ese laudo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual instó a la entidad a imponer que la música nocturna nunca superara el 15% de los ingresos. La junta aprobó ese cambio. Pero, hace un mes, la justicia española anuló el laudo. La junta, entonces, volvió a eliminar el límite, entendiendo que así cumplía con la sentencia. Cultura y la oposición interna, en cambio, creen que el fallo solo anula el laudo pero no necesariamente ese 15% que la junta había establecido. Piden, por tanto, que se vuelva a ese límite. Creen que echarlo abajo contribuye al fraude y beneficia a los socios que más recaudan y más votos tienen. Sastrón, en declaraciones a EL PAÍS, responde: “Es muy cómodo que el Gobierno me diga: ‘Soluciónelo’. La responsabilidad no es mía, solo ellos pueden resolverlo, con una ley. Pero no quieren hacerla”. 

¿Hay más conflictos pendientes?

Varios. La SGAE expulsó a tres editores de la junta por una sentencia sobre conflicto de intereses; los tres recurrieron; pero, hasta que no llegue la sentencia correspondiente, la justicia ha dado la razón a Sastrón:  los tres editores han de seguir fuera de la junta. La organización internacional que reúne a las entidades de gestión (Cisac) tiene pendiente decidir si sanciona a la SGAE por sus presuntas malas prácticas. Pase lo que pase con los estatutos, Sastrón promete que adelantará las elecciones al próximo otoño. La justicia y la policía siguen investigando la trama de la rueda, que puede acabar salpicando a la junta directiva. Y también continúa abierto el caso que inauguró la crisis de la SGAE: su expresidente Eduardo Teddy Bautista se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional —el juicio oral se abrió en octubre de 2017 pero aún no hay una fecha para su comienzo, informan desde el tribunal— por un presunto desvío masivo de fondos. El fiscal pide siete años de cárcel.