Cultura descarta nombrar un observador para la votación sobre los estatutos de la SGAE

Hace apenas tres semanas, el PSOE pedía al Gobierno del PP que interviniera la SGAE. El entonces partido de oposición justificaba su proposición no de ley con la “incapacidad” de los directivos de la entidad de resolver su caos. En pocos días, ha cambiado todo, y nada. Porque la crisis en la SGAE continúa, pero ahora en el Gobierno se sientan los propios socialistas. Así que a ellos, y en concreto al nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, se ha dirigido hoy el frente opositor de la SGAE, que reúne a distintos grupos críticos con el presidente, José Miguel Fernández Sastrón. En una rueda de prensa conjunta, han pedido a Cultura un observador para la votación con la que la Asamblea General de los socios tiene que aprobar o rechazar los nuevos estatutos, el próximo 21 de junio. Sin embago, fuentes del ministerio han descartado a EL PAÍS esta opción: Cultura estará "muy vigilante", pero considera que la "responsabilidad sobre el proceso electoral recae en la directiva de la SGAE". Fuentes de la entidad recuerdan que habrá dos notarios vigilando el proceso y califican de "absurda" la petición de un observador.

Todos concuerdan, eso sí, en que los resultados serán clave para el futuro de la principal entidad de gestión del derecho de autor en España. El voto electrónico ha empezado ya, hoy lunes, en un clima de desconfianza y sospechas mutuas. A la espera de los resultados, la batalla, en una SGAE más dividida que nunca, se recrudece. Los opositores, que incluyen a 18 de los 39 miembros de la junta directiva, además de distintas organizaciones de socios, exigen la dimisión de Sastrón y esperan tumbar la reforma de los estatutos que el presidente promueve: sostienen que solo pretende aumentar los poderes del mandatario y perpetuarle en el cargo. “Yo me equivoqué al apoyarle”, reconoció hoy Inés París, cineasta y expresidenta de la Fundación SGAE, de la que dimitió hace un mes como forma de protesta. “Quiere quebrar la democracia en la entidad”, aseguró Antonio Onetti, dramaturgo y también expresidente de la Fundación.

Sastrón desmiente todas las acusaciones: defiende que las modificaciones modernizan la SGAE y que, en todo caso, son respuestas obligadas a directivas europeas y reformas de la Ley de Propiedad Intelectual.

En medio del fuego cruzado, la propia SGAE agoniza y espera. Tal vez ambos bandos únicamente estén de acuerdo en una cuestión: la relevancia de la reforma. Los cambios —aprobados, en una junta muy dividida, gracias al voto a favor del propio presidente— son muchos, todos con doble lectura. Entre otros, se reducen los miembros de la junta directiva, de 39 a 19: para ahorrar y agilizar las decisiones, según Sastrón. Para aumentar la presencia de representantes de los músicos, afines al presidente, y disminuir la de los colegios Audiovisual y Gran Derecho (artes escénicas), en opinión de sus opositores. Su protesta está respaldada por una carta firmada por unos 500 socios, de Alejandro Amenábar a Pedro Almodóvar, pasando por Alberto Iglesias.

La reforma también limita a dos mandatos la asunción de puestos de responsabilidad –algo que los estatutos ya prevén-, pero establece que se haga efectiva a partir de la votación. Es decir, todos los años acumulados hasta la fecha no contarían y Sastrón, excluido con las reglas actuales, podría volver a optar a la presidencia. Además, se establece que sea la Asamblea y no la junta directiva el órgano que escoja al presidente. Más justo y representativo, ya que participan todos los socios, en la versión de Sastrón. Aunque para la oposición el presidente allana el camino a su reelección: el frente crítico denuncia que la Asamblea está en manos de la llamada rueda —un presunto fraude millonario orquestado por varios socios gracias a la música emitida en la franja televisiva nocturna, que está siendo investigado por la justicia—, visto que los que más recaudan también disponen de más votos.

Precisamente a esos creadores guiñó un ojo la junta en la misma votación en la que aprobó llevar la reforma de los estatutos a la Asamblea. La música de madrugada llegó a llevarse el 70% de lo recaudado por las canciones emitidas en la televisión, pese a suponer el 1% de la audiencia. Por ello, la SGAE acudió a un arbitraje internacional que, hace un año, impuso que el porcentaje oscilara entre el 10 y el 20%, aunque sugirió el 15%, que finalmente la entidad adoptó. Recientemente, sin embargo, la junta lo subió al 20%. Y el pasado 4 de junio, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló los efectos del arbitraje, el Gobierno de la SGAE volvió a la casilla de salida: ninguna limitación al porcentaje que pueda acumular la rueda.

En los nuevos estatutos se prevé también la creación de un órgano de control sobre la SGAE con miembros externos, tal y como impone un decreto que aprobó hace dos meses el Gobierno del PP. Sin embargo, Onetti afirmó hoy que la reforma de los estatutos resta poder a los controladores, ya que los coloca bajo la supervisión del presidente. El miércoles 21, los socios decidirán en la Asamblea a qué frente dar la razón. Aunque la última palabra sobre los estatutos corresponde al ministerio de Cultura, que tiene poder de veto. Huerta acaba de descubrir su despacho, y ya tiene a la SGAE esperando encima de la mesa.