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Los detectives de la Transición

Los historiadores se ven obligados a rastrear archivos personales de los protagonistas de la época para evitar el bloqueo de la información oficial

Yolanda Cagigas, directora del Archivo de la Universidad de Navarra en el depósito donde se guardan los documentos personales.
Yolanda Cagigas, directora del Archivo de la Universidad de Navarra en el depósito donde se guardan los documentos personales. EL PAÍS

Hay un documento que el historiador Alfonso Pinilla persigue sin descanso desde hace años: el informe de un prominente constitucionalista que el general Armada hizo llegar a Zarzuela en otoño de 1980. “El propio Sabino Fernández Campos afirmaba que ese documento llegó en octubre y lo que se proponía era eliminar a Suárez de la presidencia”, explica Pinilla, “y eso lo sabe el Rey”. Poco antes de fallecer, Fernández Campos reveló en una entrevista que lo que Armada proponía era crear un gobierno de concentración presidido por alguien neutral. Y cuando se refería a alguien neutral, Armada se refería a él. Pinilla, que lleva años trabajando en el 23F y sus prolegómenos, sabe que ese informe aportaría datos esenciales para sus investigaciones. Pero es una misión casi imposible acceder a él. Como es imposible, dice, escuchar las cintas que fueron grabadas aquella noche con las conversaciones de los protagonistas o la información que manejaba el Cesid.

El cerrojazo en la documentación histórica con el que se encuentran los especialistas se convierte en blindaje cuando estudian los hechos más recientes. El 23F es un buen ejemplo. “Estos elementos tan sensibles del pasado reciente, solo pueden documentarse a través de archivos personales a los que tengas acceso o a través de los que están en el extranjero”, dice Alfonso Pinilla. Precisamente gracias a los papeles que han guardado celosamente algunos particulares, ha podido desentrañar secretos que duermen en las estanterías de la administración con el sello de clasificado. La suya es una labor casi detectivesca. Ahora mismo está buceando en los papeles de uno de los militares que estuvo implicado en el golpe. Prefiere no revelar el nombre para no dar pistas.

No es la primera vez que Alfonso Pinilla tiene que ganarse la confianza de una familia para acceder a un archivo personal. Ya lo hizo cuando investigó la legalización del PCE. En un altillo, en casa de los Armero, permanecían los papeles de toda una vida. La correspondencia, las notas y los documentos que José Mario Armero guardó y el cuidadoso diario en el que su esposa anotaba todo lo que pasaba en su casa, la casa en la que se reunieron Suárez y Carrillo para negociar la legalización del Partido Comunista. “Un día fui y me lo dejaron mirar”, recuerda Pinilla, “También es verdad que aquí entra el componente humano. Uno intenta trabajar con rigor y le enseña a la gente las cartas desde el principio. Lo que escriba os lo voy mandando y hablamos”. Había dado con la piedra filosofal que desbloquearía su investigación. Los Armero no le tocaron ni una coma de sus escritos.

“Están decidiendo sobre sus propios secretos”

Enfrentados a una carrera de obstáculos para acceder a la documentación necesaria para sus investigaciones, los historiadores se han encontrado este mes de abril con un nuevo obstáculo: la orden del Instituto de Historia y Cultura Militar de restringir el acceso a todos los documentos de la guerra civil con una marca de clasificación. Ante las quejas de los especialistas, el Ejército ha tenido que rectificar.

“Si ahora resulta que cambian el concepto de reservado a clasificado, que parece que es lo que ha pasado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, tampoco vamos a confiar mucho en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales”, dice Matilde Eiroa, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III y especialista en las relaciones internacionales del franquismo. “A mí me da una cierta suspicacia. ¿Qué puede haber tan secreto después de ochenta años que pueda considerarse un peligro para la seguridad del Estado?”.

Es la pregunta que se hacen muchos de sus colegas. Y no tienen demasiada confianza en que la respuesta esté en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que se está tramitando en el Congreso. A Mar Rubio, historiadora económica especializada en la energía nuclear le preocupa que la falta de voluntad política para desbloquear el problema: “quizá desde su punto de vista 25 años es poco tiempo, porque realmente nos trae hasta antes de ayer. Pero, claro, están decidiendo sobre sus propios secretos”.

Las negociaciones pueden llevar años. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez López fue el primero en acceder a uno de los archivos más completos y mejor conservados de la Transición, el de Leopoldo Calvo Sotelo. Todo empezó cuando él y su colega José Vidal Pelaz propusieron al expresidente escribir sobre su periodo en la Moncloa. “Le dijimos: ya sabe que los historiadores necesitamos papeles”, recuerda Pérez López, “él se rio y nos contestó: algo tengo”. Ese "algo" resultaron ser dos centenares de cajas perfectamente catalogadas. Metódico y minucioso, cuando Calvo Sotelo dejó el gobierno, pidió la ayuda de una archivera para organizar sus carpetas y los once mil volúmenes de su biblioteca. Pero el expresidente falleció inesperadamente cuando los historiadores estaban negociando. Dejaron pasar un tiempo prudencial y volvieron a empezar casi de cero con los herederos.

Casi diez años después de aquellas conversaciones, Pérez López solo puede tener buenas palabras para la familia de Calvo Sotelo. Tardaron en decidirse porque a la muerte de su padre, el gobierno de Zapatero les comunicó que barajaba la idea de crear en España unas bibliotecas presidenciales al estilo de las norteamericanas. El proyecto quedó en nada, y los papeles del expresidente en el semisótano donde siempre los había guardado en su domicilio de Somosaguas. “Teníamos que ir a consultarlo a su casa. Teníamos que pasar por el pasillo y ver si la cama estaba hecha”, recuerda el historiador. Ya enfrentados a los documentos, a Pérez López le llamó la atención el meticuloso trabajo con el que Calvo Sotelo preparaba sus decisiones, subrayando en varias relecturas los papeles. Le llamó la atención también la información de la tormentosa vida interna de la UCD.

Charles Powell, que era amigo personal de Calvo Sotelo, también colaboró para que se pudieran consultar sus archivos. “Recuerdo que Calvo Sotelo en su día quiso donar sus papeles al Estado, pero le pusieron tantas trabas que desistió. Es increíble que en España no exista un procedimiento reglado para que se puedan depositar esos papeles en una institución del Estado. Es terrible”, afirma el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Por eso crearon la Fundación Transición Española: para salvar la documentación que algunas familias tenían en casa y no podían conservar.

Es la misma preocupación que tienen en el Archivo de la Universidad de Navarra. Abierto en 2006, se ha convertido en lugar obligado de peregrinación para los investigadores, especialmente los de la Transición. Han logrado reunir el más completo fondo de archivos personales de esa época. Hasta 293  de los que, por el momento, han podido organizar 83. Cinco personas atienden a investigadores de 97 universidades. Su directora, Yolanda Cagigas, lo tiene muy claro: se rigen por lo práctico. “¿En qué nos ponemos a trabajar? Pues en lo más solicitado. Si sabemos que alguien va a hacer una tesis sobre un fondo que tenemos sin catalogar, nos ponemos a ello. O si en una investigación particular necesitan algo”.

Archivos personales, todavía sin catalogar, en la Universidad de Navarra
Archivos personales, todavía sin catalogar, en la Universidad de Navarra EL PAÍS

El acceso es libre a casi todo. Las únicas restricciones son las que marcan el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El material más delicado es la correspondencia. “Pero si el investigador justifica la necesidad de consultar algo que tiene algún detalle personal que no se puede revelar, lo que hacemos es fotocopias eliminando esas referencias”, comenta Inés Irurita, una de las archiveras. Lo tuvieron que hacer, por ejemplo, en unas cartas en las que se comentaba la afición a la bebida de una señora conocida de la época.

Aunque lo ideal es que los protagonistas donen sus documentos en vida, lo más habitual es tratar con sus herederos. En el Archivo de la Universidad de Navarra los miman especialmente, tanto que en muchos casos se llegan a establecer relaciones de amistad. Sobre todo, porque algunas negociaciones se han llegado a prolongar más de diez años. “Al final te mandan el archivo porque se fían”, explica la directora, “y después no puedes olvidarte”. Tienen hasta un presupuesto para felicitaciones de Navidad para las familias que ya han cedido sus papeles y para las que están negociando.

A Yolanda Cagigas se le iluminan los ojos cuando habla de los dos mil archivos personales que tiene la Universidad de Yale. Y se le iluminan aún más cuando aparece en la conversación el archivo personal de Adolfo Suárez. Es el Santo Grial de los investigadores de la Transición. Nadie lo ha visto, pero todos quieren beber de sus fuentes. “Nos dicen que lo tiene su hijo”, explica Cagigas. “No lo hemos visto, pero alguno de nuestros donantes, sí”, apunta Inés Irurita. Adolfo Suárez Illana no ha hablado nunca de asunto y prefiere no hacerlo tampoco ahora.

“¿Tenía archivo personal Adolfo Suárez?”, se pregunta el catedrático Pérez López, “teniendo en cuenta como era él, un hombre más de relaciones personales, yo no me lo imagino poniendo asteriscos y subrayando papeles como Calvo Sotelo. Por eso algún historiador lo pone en duda”. La incógnita sobre su existencia, como el fallido proyecto de crear unas bibliotecas presidenciales son para Pérez López una muestra más de la poca importancia que damos a nuestra historia. Es consciente de lo mucho que cuesta cambiar las mentalidades y más en tiempos de presupuestos ajustados. “Esto tendría que entrar en la consideración de nuestros políticos”, dice “No es tan caro. Con un kilómetro de autovía prácticamente solucionas el problema de los archivos españoles por dos años. Pero yo comprendo que sea el último de la fila”. Y bromea con una sonrisa: “si lo último que haces en casa en arreglar los papeles”. Solo que estos papeles son los que explican nuestro pasado, los que pueden sernos útiles para entender nuestro presente. “Fortalecer nuestra memoria es básico para fortalecer nuestra democracia”, afirma Pérez López. Y nuestra memoria está en los archivos. En los que algunos van rescatando con el esfuerzo de muchos años. Y en los que todavía permanecen cerrados.

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