Media directiva de la SGAE denuncia que la entidad va “hacia el colapso”

Las trincheras en la SGAE son cada vez más profundas. Las batallas se pelean hasta el último voto, mientras la entidad se desangra. A un lado, el presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y sus fieles. Al otro, un frente crítico que reúne a todos sus enemigos. Y que ahora denuncia que la SGAE se ha metido a toda velocidad en un callejón sin salida. Por eso, 17 miembros de los 38 que componen actualmente la junta directiva han enviado una carta al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la que le piden una reunión “con la máxima urgencia”. En la misiva, a la que accedió este diario, apuntan que los “acontecimientos” de las últimas semanas han vuelto a precipitar la situación. Y lanzan la alarma: “Cada día sin que se adopten medidas es un paso más hacia un peligroso colapso”.

Medio gobierno de la SGAE se suma así a un mensaje que se empieza a escuchar cada vez más a menudo en el sector: la principal entidad de gestión del derecho de autor en España, con más de 120.000 socios, está en peligro de vida, o en vías de extinción, según se quiera mirar. Al fin y al cabo, hace años que la SGAE pasea sobre un campo de minas. Y, últimamente, han explotado unas cuantas. La carta, de hecho, hace referencia a varias, tanto internas como internacionales.

Entre las primeras, la misiva cita “la desobediencia continua por parte de la cúpula de la SGAE de las decisiones judiciales”. Se refieren a un enfrentamiento que viene de lejos. En octubre, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid sentenció que los editores musicales de Warner, Peer Music y Emi cometían un “abuso de derecho” y los apartó de la junta directiva: para el juez, incurrieron en “fraude de ley durante años" al repetir varios mandatos consecutivos en los órganos de Gobierno en lugar de los dos que los estatutos imponen como máximo. La SGAE recurrió otras partes de la sentencia, pero no esa. De hecho, entendió que era firme y echó a los tres editores, tradicionalmente enfrentados a Sastrón. Estos, sin embargo, sí recurrieron y la semana pasada vieron como el juez les reconocía su condición de apelantes. Por tanto, entienden que la sentencia no es firme y han de ser reincorporados.

No solo. Quieren exigir las actas de todas las reuniones celebradas desde su expulsión y las decisiones tomadas, de cara a pedir la nulidad de aquellas que no compartan. Entre otras, por ejemplo, el cese la semana pasada del director general, Luis Felipe Palacios. Su despido se debió a “discrepancias contables”, informó entonces la SGAE. Pero los socios críticos sospechan que las razones son más políticas que económicas.

La reincorporación de los editores puede traer más consecuencias. Los números empezarían a bailar junto con la entidad. Porque, en septiembre, Sastrón superó por 20 votos contra 18 una moción de censura que le fortaleció en el poder. Pero, ahora, las cifras pueden haber cambiado. “Lo primero que haré en cuanto regrese a la junta será plantear otra moción de censura”, afirma uno de los tres editores de la discordia.

Si no fuera suficiente, la crisis trascendió las fronteras nacionales. La Confederación Internacional de Editores de Música (ICMP) denunció “las malas prácticas” de la SGAE ante la CISAC, el organismo que reúne a las principales entidades de gestión del mundo. Su consejo de administración abrió la semana pasada una investigación que durará meses, tras la cual decidirá si tomar medidas (sancionar, suspender o expulsar la SGAE) o dejar todo como está; mientras, el mismo organismo ha pedido a Sastrón que deje su silla en el gobierno de CISAC, algo que el presidente de la SGAE ha rechazado tajantemente.

Todo ello se encuentra ahora encima de la mesa del ministerio de Cultura. Mientras los casos se acumulan, y la investigación por la trama de la rueda —un presunto fraude por el que socios de la SGAE y directivos de televisión ganaban millones gracias a música en programas emitidos de madrugada— continúa, la paciencia del ministerio se va agotando. Tanto que Cultura ha dado un ultimátum a la SGAE: si no entrega las actas de las últimas reuniones, incluida la del despido del exdirector general, pondrá en marcha los trámites para una sanción que puede alcanzar los 2,7 millones de euros. El plazo vence este viernes.